Ayuso rectifica y afirma que cofinanciará con el Estado el sueldo de 1.091 profesores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirma ahora que su Gobierno firmará el programa María Goyri que permitirá la contratación de 1.091 profesores que luego serán estabilizados, aunque su consejero de Educación ha estado hablando de “convenio trampa” y “extorsión” durante semanas. Madrid iba a ser la única región que se quedaba fuera del acuerdo, pese a haber dicho que sí a comienzos de verano. Con este pacto, la Administración central se compromete a pagar el sueldo de 656 profesores durante seis años (169 millones) y la comunidad a otros 435 ayudantes (112 millones). Una vez pasado ese periodo, el Ejecutivo regional tiene que estabilizar a los 1.091 investigadores. Un portavoz del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asegura que el departamento no ha recibido ninguna información de la Comunidad, que no hay “ni negociación ni acuerdo” y que no se va a firmar un pacto diferente al del resto de comunidades autónomas, pues Madrid pretende hacer cambios en el texto. “El Gobierno regional está trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al ministerio para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible”, aseguran en un comunicado. Pero la ministra Diana Morant no tiene intención de cambiar una coma y fuentes del Ejecutivo regional reconocen que no van a dejar escapar esos 169 millones.

“La Comunidad de Madrid ultima la firma del convenio del Programa María Goyri, que permitirá incorporar nuevos docentes universitarios, en el que está trabajando para adaptarlo a la realidad de las seis universidades públicas de la región”, asegura el Ejecutivo en un comunicado. El tiempo para recibir la partida en 2024 termina mañana miércoles y Ayuso tendría que convocar un consejo extraordinario para firmar mañana. Presumiblemente, como en el caso de Castilla y León, se rubricará más tarde y cobrará después. Morant mandó este lunes una carta a Ayuso que ha tenido respuesta a través del comunicado: “Le pido encarecidamente que rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”.

Para el Ejecutivo regional, “el texto propuesto por el ministerio impone contratar con este programa a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar”. Aunque los rectores han estado presionando a la Comunidad para que pactase con estas condiciones y el jueves, en su carta abierta a Ayuso, mostraron su apoyo explícito al programa promovido por el Gobierno central. “Desde el Ministerio de Universidades se nos ha facilitado una propuesta (...) pero nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid ―ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa―, de forma que se nos autorizase ese necesario crecimiento de efectivos y la futura estabilización de sus correspondientes plazas, así como su dotación económica con total garantía de que no acabará recayendo su coste sobre las actuales mermadas subvenciones nominativas con las que apenas se puede pagar ya el 80% de las nóminas del personal de nuestras universidades públicas”.

Los rectores están en estos momentos comiendo con la presidenta, que ha decidido intervenir tras la oleada de indignación que no para de crecer en las universidades por su auténtica asfixia económica. La partida va a subir un 0,9% cuando los rectores consideran que necesitan 200 millones para “salvar los muebles”. La mayoría de los sindicatos y los colectivos estudiantiles han convocado a manifestarse el jueves a la puerta de la Asamblea mientras se debaten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, además de convocarse asambleas de trabajadores y de alumnos por otro lado, dispuestos a dar la batalla para evitar nuevos tijeretazos.

“Además, puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías, como las de profesor titular de universidad, profesor permanente laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”, prosigue la consejería en su comunicado. En realidad, todas las contrataciones son compatibles. Madrid tiene más de 4.000 profesores por encima de los 60 años, de forma que van a estar forzados a convocar muchas plazas si quieren cumplir con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y con Bruselas, que obliga a bajar la inestabilidad de las plantillas por debajo del 8%. En Madrid esta se acerca al 48% en las universidades públicas.

El Ejecutivo regional, que había tildado el acuerdo como “convenio trampa”, considera que el programa María Goyri, “incluye numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico, como las alusiones a la ‘oportunidad histórica’ que ofrece la LOSU para estabilizar las plantillas precisamente cuando es esta ley la que perjudicará la calidad y excelencia de las universidades”. En realidad es una situación inédita, porque nunca antes un Gobierno central ha pagado las nóminas de los profesores universitarios desde que las competencias están transferidas. Durante semanas, las comunidades del PP intentaron que el ministerio cubriese el 100% de las plazas, pero la ministra Morant se plantó.

En junio, el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana se mostró indignado con el pacto en un artículo del portal El Debate, pero luego comunicaron al ministerio que firmarían. “Estamos ante una extorsión que obliga a firmar un manifiesto ideológico de adhesión a las políticas de [el presidente Pedro] Sánchez para poder recibir dinero que el ministerio está obligado a dar; una trampa para la autonomía universitaria”, afirmó. “Una hipoteca inasumible para las arcas autonómicas (600 millones durante los próximos seis años)”. En realidad, el sueldo de 435 ayudantes doctor suponen a Madrid unos 18,7 millones al año ―se prevé una inversión de 43.000 euros por plaza―, unos 112,2 millones en los seis años. El director general de Universidades, Nicolás Casas, se pronunció en términos muy parecidos en la Asamblea, pero ahora la consejería pliega velas para recibir los 169 millones, aunque puedan contratar con un año de retraso-