Las 22.153 vacantes universitarias que desmontan el rechazo del PP a contratar 4.200 profesores precarios

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular se resisten a contratar a más profesores ayudante doctor porque pasados seis años ―cuando el Estado dejase de sufragar el 81% de esas plazas extra― tendrían que asumir entre las 17 regiones el sueldo de un total de 4.200 investigadores que hoy están en condiciones precarias. Sin embargo, los datos del Sistema Universitario Estatal desmontan esta razón de los populares (también reprochan al Gobierno haber negociado “por la espalda” con los rectores), pues en 2022 había ya a las puertas de la jubilación 22.153 profesores titulares y catedráticos con entre 59 y 70 años, y los funcionarios seguirán retirándose en masa. No será, pues, un esfuerzo económico extra con tantas bajas. Los populares presionan para que el Gobierno pague el 100% del plan, aunque las competencias universitarias están transferidas y el Estado no tendría por qué sufragar un euro. La ministra Diana Morant habla de “corresponsabilidad”. Del total de futuras vacantes, 15.271 son profesores que trabajan en universidades de autonomías en manos del PP.

Es decir, dentro de siete años ―el programa se pone en marcha el curso que viene― cuando los ayudantes entren en la estructura como laborales, al menos 22.153 investigadores se habrán retirado o estarán a punto, aunque la cifra seguirá creciendo porque la Universidad pública está muy envejecida. Si el sistema público tiene 111.600 profesores entre todas las categorías, estos hipotéticos ayudantes representarían menos de un 4%.

Pese a todo, en la reunión del miércoles del la Conferencia General de Política Universitaria, las comunidades del PP rechazaron el plan de contratación de nuevos docentes. El consejero de Murcia, Juan María Vázquez (PP), por ejemplo, reclamó a la ministra que “el Gobierno central financie el 100% del coste de las plazas de profesor ayudante doctor durante los primeros seis años, ya que las comunidades autónomas lo haremos los 34 [años] siguientes”. La Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena sumaban el curso pasado 697 investigadores que superan los 60 años. Según el documento que ha hecho llegar a las autonomías, el Gobierno sufragaría 116 y la Región de Murcia debería asumir otro 20%. Coalición Canaria, que gobierna con el PP el archipiélago, está abierto a la cofinanciación. El Ejecutivo reserva para ellos 113 plazas.

Si los consejeros del PP no quieren que sus universidades se hundan por falta de personal fijo, tendrán que incorporar nuevos científicos ―profesores titulares laborales o funcionarios que luego podrán optar a catedráticos― al sistema, porque la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo de 2023, es clara: “El profesorado funcionario será mayoritario, computado en equivalencias a tiempo completo, sobre el total de personal docente e investigador de la Universidad”.

Esa frase de la LOSU hoy es una quimera. Los profesores temporales rozan el 50% en las universidades públicas, cuando la tasa no debe superar el 8% en el sector público, según se ha pactado con Bruselas. El programa contempla que en esos seis años los ayudantes, ya doctorados, se acrediten como titulares gracias a la labor científica de ese período. Además, los profesores asociados, para reducir esta temporalidad salvaje, tienen que convertirse antes del curso 2027/2028 en indefinidos con dedicación parcial con derechos de antigüedad y complementos salariales.

Si las comunidades del PP no aflojan, se arriesgan a quedarse fuera del reparto de 900 millones de euros (el sueldo de cada profesor ayudante supondrá una inversión de unos 45.000 euros al año), porque Morant, dispuesta al principio a financiar a 1.300 ayudantes, difícilmente va a subir su oferta. Los 3.400 ayudantes que sufragaría el Estado (las comunidades asumirían otros 800) duplican la oferta que hacen cada curso las universidades.

Y, a su vez, los populares perderían una solución al problema de buscar profesores que cubran las clases que, con la nueva ley universitaria, ya no pueden impartir los profesores asociados ―principales beneficiados del programa del ministerio con los profesores sustitutos―, que reducen su carga lectiva de 180 a 120 horas. El consejero andaluz y expresidente de los rectores, José Carlos Gómez Villamandos (PP), afirmaba el pasado curso en una entrevista en Europa Press que la rebaja a la docencia de 1.300 profesores les iba a provocar que se quedasen sin cubrir 78.000 horas de clase.

Firmar el pacto parece, según los datos, muy beneficioso para las autonomías. Por ejemplo, Asturias, gobernada por los socialistas, recibirá 1,28 millones de euros con los que pagarán 34 plazas; otras 14 serán financiadas por el Principado. Cuando acaben sus contratos los ayudantes, en 2031, habrá allí centenares de vacantes. El curso pasado 485 profesores de la Universidad de Oviedo contaban con 485 docentes con más de 59 años. El Ejecutivo contratará ―si pagan en torno a un 20% más de profesores―, a 28 en Baleares, 54 en Extremadura, 4 en La Rioja o 100 en Galicia en comunidades en manos del PP. La Universidad del País Vasco acogerá a 121 profesores sufragados por el Estado ―su Gobierno llegó a un acuerdo la semana pasada―, la Universidad Pública de Navarra 46 y Castilla-La Mancha 96.

El Gobierno ha reservado 29 puestos para la Universidad de Cantabria, donde 269 profesores tienen más de 60 años. El Ejecutivo cántabro se aviene ahora a negociar, y ha pedido una reunión bilateral con el ministerio. El Gobierno de Aragón (PP y VOX), también más receptivo que otras autonomías, “estudiará” asimismo la propuesta. El Estado está dispuesto a sufragar 94 plazas en la Universidad de Zaragoza, donde 739 científicos están en la década de los 60. Más combativo se muestra el Ejecutivo de Castilla y León, también de PP y Vox, donde en 2031 al menos se habrán jubilado 1.503 profesores. Del cupo pagado por el Estado, les corresponden 269 puestos.

“A la Comunitat Valenciana le corresponden alrededor de 700 plazas, lo que representa un total de 29,3 millones de euros cada año”, explica el Gobierno valenciano en una nota de prensa. Estas estimaciones de este Ejecutivo controlado también por el PP están muy lejos de las del Gobierno, que calcula el reparto en proporción a los profesores asociados de cada universidad. El ministerio está dispuesto a sufragar 429 plazas con un coste de 373 millones, la Generalitat se tiene que hacer cargo de otro 20% para recibir la partida estatal. En las cinco universidades públicas de esa comunidad había el pasado año 2.408 profesores con 60 años o más.

Las comunidades con más profesores se llevan la mayor proporción de la tarta, liderados por Cataluña (705) ―con un número de profesores temporales desmedido―, seguido de Madrid (658) y Andalucía (467). Este mes las comunidades tienen que aceptar o no la oferta de Morant y, ya van tarde, porque las universidades suelen empezar a planificar el siguiente curso en marzo.

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