Las universidades quieren más financiación del Estado para poner en marcha la nueva ley ante las desigualdades entre autonomías

El pasado marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y desde entonces se discute quién tiene que pagar su puesta en marcha. En la actualidad el gasto público en universidades está altamente descentralizado ―el 87,7% sale de las arcas de las comunidades autónomas―, y el Gobierno central confía en que estas se impliquen en la aplicación de la norma, pero el interés político es muy dispar. Quizás por eso, la conferencia de rectores (CRUE), preocupada de no recibir un euro más, ha emitido un estudio, Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario: Objetivos ―presentado este martes en Madrid―, en el que tira de las orejas al Gobierno central: “No debería esperar que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1% PIB de gasto público universitario procediera del ámbito de los gobiernos regionales, sino que, asumiendo la responsabilidad de su iniciativa, la mayor parte del esfuerzo corriera a cargo de la propia hacienda estatal”.

A juicio de la CRUE, la memoria económica de la LOSU ―que entra en vigor del curso que viene― no recoge realmente el impacto económico de sus medidas hasta 2030 y propone que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado. Según los cálculos de la conferencia, limitar las horas de docencia de los profesores asociados (120), permanentes (240) y ayudantes (180) tendrá un coste para sus arcas de 225 millones de euros por forzar a nuevas contrataciones. A este monto hay que sumar una partida de 195 millones para aplicar una tasa de reposición del 120% (por cada 10 profesores de plantilla que se jubilan entran 12) con la que asumir los costes de Seguridad Social de estos 10.000 docentes, que mientras están en ejercicio paga el Estado, pues cotizan a Muface. Y los rectores estiman que terminar con la temporalidad (que no pase del 8%) costará 106 millones, mientras que la mejora de la calidad de la plantilla ―atrayendo talento, por ejemplo― supondrá otros 318 millones. En total, 844 millones que forzosamente deben de abonarse para cumplir la nueva norma.

La LOSU confía en que en 2030 se invierta el 1% del PIB nacional (1.346.377 millones, en 2022) en universidades, cuando ahora el gasto se sitúa en un valor muy próximo al 0,76%. Es decir, aumentar ese 0,24% del PIB equivaldría a una aportación de recursos adicionales de 3.180 millones de euros corrientes de 2022: un 80% por parte del Estado y un 20% de los gobiernos autonómicos. El texto de la nueva norma no desglosa cómo invertir ese 1% del PIB, pero los rectores consideran que debería gastarse unos 950 millones más en becas y ayudas al estudio para acercarse a la media europea y otros 1.300 en cerrar el desequilibrio económico interregional, para que no haya universidades de primera y segunda. “Habría que aumentar hasta los 5.000 millones el presupuesto para llegar a la media de la OCDE”, compara José Antonio Pérez, de la Universidad Politécnica de Valencia, autor del informe junto a Juan Hernández Armenteros, de la Universidad de Jaén.

Asimetría entre regiones

“¿Estamos ante un nuevo ejemplo en el que el Gobierno central legisla y las comunidades pagan? (Ley de dependencia, asistencia sanitaria a desplazados, etcétera)”, se plantean los rectores en su documento. En el gasto por estudiante actual hay diferencias de hasta 57 puntos porcentuales entre regiones y ello, remarca la CRUE, refleja que “cuando el Estado gestionaba las competencias universitarias no aplicaba a la provisión de este servicio público un principio de equidad (asignar los recursos por igual, en cantidad y calidad, para atender las necesidades de los usuarios de los servicios públicos, independientemente de su territorio de residencia)”, y esa asimetría en la inversión por alumno se reflejó en el traspaso de las competencias entre 1985 (Cataluña) y 1996 (Baleares).

Ahora, para ofrecer la misma calidad que una región rica, la desfavorecida se ve forzada a hacer un gran esfuerzo financiero. Las diferencias de renta per cápita entre regiones son de hasta el 80% ―la brecha entre Madrid y Extremadura― y, basándose en esta cifra, los rectores alertan: “Si, como propone la memoria de la LOSU, el objetivo de la mejora de suficiencia se traslada a cada comunidad autónoma y se asigna en función de la magnitud del 1% del PIB regional, dará como resultado diferencias de financiación por estudiante de más del 80%”. Es decir, “se rompería el principio de equidad, cuando el servicio público tiene que ser homologable entre todos los territorios”, recuerda Pérez. Hernández Armenteros precisa que los gobiernos autonómicos deberían de “comprometerse” por su parte a hacer un esfuerzo inversor.

Las universidades acaban de recuperar el nivel de financiación de 2009. Los rectores alaban el esfuerzo que han hecho las comunidades en invertir en universidades, pues entre 1996 y 2020 este gasto pasó de representar el 0,36% del Producto Interior Bruto a un 0,68%, es decir, un incremento del 88% de la inversión real. Y eso que los recursos no financieros del sector público autonómico han registrado una variación real del 11%, pasando del 13,4% del PIB en 2003, al 14,9% en 2019 (año prepandémico).

Desde el recientemente creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades informan de que valorarán el informe cuando lo conozcan. Por lo pronto, los rectores pidieron este martes una entrevista a su responsable, Diana Morant.

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