Las universidades europeas perderán el 40% de su talento académico en 15 años por jubilaciones masivas

El 40% de los profesores universitarios que trabajan en Europa tiene más de 50 años y se habrán jubilado en 15 años, según las estimaciones del informe anual Education at a Glance (”La educación de un vistazo”), que hizo público el lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los países de la Unión Europea van a perder la mitad de su talento actual y están obligados a dar un buen relevo a las nuevas generaciones si pretenden seguir a la cabeza de los países más industrializados, pues en la sociedad del conocimiento son las universidades las que deberían dar respuesta a los problemas medioambientales, energéticos o sociales. Japón (48% de jubilaciones), Corea del Sur o Canadá (en ambos casos el 51%) se enfrentan a la misma problemática. La media de la OCDE también es del 40%. De Estados Unidos y Reino Unido ―las dos potencias académicas mundiales― no se proporcionan datos.

En el caso de España, la OCDE prevé que se jubile en 15 años el 49% del profesorado ―en 2015 era el 44%―, como en Suiza, pero la cifra oculta una situación más alarmante, pues en el caso de los campus públicos, según los datos del Ministerio de Universidades, la cifra sube hasta el 56% y su edad media es de 55 años. En los centros privados, muchos docentes son jóvenes doctores rebotados de la universidad pública donde malvivían, la edad media es 10 años más baja y solo un tercio tiene más de 50 años. Por encima de España en porcentaje están Italia (56% total) y Grecia (52%).

Para relevar a esta ingente cantidad de investigadores ―no hay precedentes, pues la eclosión de las universidades es un hecho de la segunda mitad del siglo XX cuando se democratizan― los Estados pueden contar con el talento formado en sus campus, atraer con buenos sueldos a investigadores extranjeros con atractivas condiciones de trabajo o lograr que los jóvenes científicos del país que emigraron vuelvan y aporten su experiencia.

El biogeoquímico albaceteño Nicolás Valiente, galardonado en los premios nacionales de fin de carrera, es uno de esos casos. A sus 33 años no para de dar vueltas: durante la tesis pasó dos años en la Universidad de Viena, luego estuvo en un centro de la Universidad de Oslo y desde febrero está de regreso en Viena con el prestigiosísimo contrato Marie Curie por dos años, dotado por la Unión Europea con 174.000 euros (del que sale su sueldo) para investigar en el permafrost (capa de suelo permanentemente congelado) del Ártico, donde acaba de pasar tres semanas. Pese a ello, está dispuesto a volverse a España. De hecho, pese a estar acreditado para ser profesor contratado doctor, hace unas semanas se ha presentado sin suerte a un puesto de ayudante doctor ―el escalafón más bajo de la pirámide académica― en la Universidad de Castilla-La Mancha, su casa. Pone por delante ver a “la familia y los amigos al sueldo”, pero considera que las barreras para retornar son muchas ―”se necesitan también recursos para poder investigar”― y cree que también es cuestión de suerte. La burocracia es tal que la agencia de evaluación Aneca le ha puntuado como mérito imprescindible la docencia en Oslo, pero no en un centro asociado de la UNED en Cuenca. “Y yo cogiendo el tren todos los miércoles para dar clase”, cuenta medio en broma.

Dominar la lengua para entrar en plantilla

En Austria ―con un 39% de jubilaciones en 15 años, en la media europea― a Valiente le ofrecen un año más con las condiciones del contrato Marie Curie, excelente para hacer currículum. Su departamento es tan potente que cuenta con recursos económicos suficientes para traer como contratados a grandes figuras, cuenta, lo que puede convertirse en algo negativo: lastra la progresión de jóvenes austriacos que llevan tiempo de posdoctorales. Para optar a una plaza de profesor allí, él tendría que dominar el alemán o irse a un centro de investigación. Lo mismo, recuerda, ocurría en Noruega (se irán un tercio de los investigadores en 15 años), aunque en su departamento había muchos extranjeros y el idioma vehicular era el inglés.

Las ramas más afectadas en España son Ciencias (63,8%), Humanidades (60%), Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales (ambas con el 52%) y las ingenierías (50%). Es la Administración quien fija una tasa de reposición por cada investigador que se retira y los rectores quieren que desaparezca. “La única restricción que debería haber es la presupuestaria de cada universidad”, justificó su presidente, Juan Romo, durante una reciente comparecencia en el Congreso. En la actualidad, por cada 10 personas que se van entran 12, porque el Gobierno ha subido la tasa de reposición al 120%. Tradicionalmente, era del 100% ―se sustituía a un profesional con otro―, pero durante la anterior crisis económica primero se bajó al 30% en 2011 con los socialistas, luego cayó hasta el 10% con los populares y el 100% no se recuperó hasta 2017.

“El punto 10 del decálogo de La Facultad Invisible aboga por la autonomía universitaria en el sentido de que las universidades puedan contratar según sus necesidades”, explica el ingeniero informático Antonio Díaz, miembro de esta asociación integrada por premios nacionales de carrera para mejorar la institución. Pone el ejemplo de su universidad, la Politécnica de Madrid, que para inaugurar el grado de Ciencias de Datos ha tenido que quitar plazas en primero de Ingeniería Informática por no contar con más profesorado,

Díaz no entiende su caso. Con él van a agotarse dos plazas de reposición. “¿Por qué no cuenta como una?”, se pregunta. Con la primera tasa ha logrado una plaza de contratado doctor ―estable, pero no de funcionario― y tiene méritos ya acreditados ante la Aneca para ser profesor titular. La plaza que ocupa saldrá a concurso público quizás el año que viene, todo depende de cómo quede en el ranking interno. Esta tasa de reposición negativa ha llenado los campus públicos de profesores asociados ―muchos de ellos falsos porque no tienen otra ocupación― que imparten un tercio de las clases. Y la tasa ha creado una brecha generacional que pone en riesgo la atracción de fondos. “Yo estoy teniendo la suerte de ir aprendiendo. Los contactos los vas haciendo si estás en un proyecto, pero atraer fondos es difícil que lo haga alguien que llega de nuevas”, remarca Díaz.

“Los que tienen ahora 50 años no creo que se hayan jubilado en 15 años porque muchos estiran hasta los 70″, recuerda el matemático y físico Juan Margalef desde la Memorial University en Canadá. Hoy el 3% de los investigadores de las universidades públicas españolas tienen más de 65 años. “Hay eméritos que aportan una experiencia muy valiosa, y se les va a necesitar, pero hay que abrir camino a las nuevas generaciones para que haya un relevo razonable, que no haya una brecha entre los que queremos entrar y los que ya están allí”, sostiene el investigador, también premio nacional del fin de carrera y miembro de La Facultad Invisible. Margalef, de 34 años, dice que volvería con un “buen contrato” aunque sea temporal ―una Marie Curie, La Caixa o Ramón y Cajal (del Ministerio de Ciencia)― aunque los salarios no puedan competir con los de Estados Unidos o Canadá. Le desespera la inflexibilidad para retrasar los contratos para poder agotar el que se disfruta. “Eso daría a la gente una seguridad que les permitiría trabajar mejor”.

El temor del Ministerio de Universidades es que las jubilaciones masivas obliguen a sacar muchas plazas de golpe ―ocupadas quizás a veces por personas sin demasiados méritos― cerrando la puerta a los siguientes, a lo mejor más brillantes.

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