Las comunidades del PP se resisten a financiar 800 plazas de profesores ayudantes que amortiguarían la precariedad universitaria

La guerra PP y PSOE se traslada a la universidad. El Gobierno central está dispuesto a pagar durante seis años los sueldos de 3.400 profesores ayudantes doctores adicionales ―en vez de hacerlo las autonomías, que tienen las competencias transferidas― con una partida de 900 millones de euros para estabilizar plantilla y desenredar la maraña de horas de clase, porque los docentes asociados no pueden impartir tantas. Y en este programa de incorporación del talento docente, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pretende que las 17 comunidades autónomas se “corresponsabilicen” y contraten a los otros cientos de ayudantes doctores ―según sus cálculos se necesitan otros 800 profesores―, según ha anunciado la titular de este departamento, Diana Morant, este miércoles en la Conferencia General de Política Universitaria a los 17 consejeros autonómicos. Pero las comunidades del PP se resisten a cofinanciar este plan.

“Condicionamos el programa a la corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Las hay que han expresado que sí, otras tienen que hablar en el seno de su gobierno”, ha explicado en rueda de prensa Morant. “Todas han dejado la puerta abierta. En las próximas semanas tendrán que expresar su interés de participar en el programa”.

En base al número de profesores asociados que tenga cada universidad ―los principales destinatarios de esta medida―, el ministerio repartirá las 3.400 plazas. Los consejeros populares, que han negociado con Ciencia las últimas dos semanas, reprochan al ministerio que la aportación estatal ―que duplica la oferta que hacen ahora las universidades― se limite a un periodo de seis años. Según recoge la agencia Efe, Cantabria estima que tendría que abonar 2,4 millones para pagar 48 salarios. A su vez, Madrid acusó en una carta de “deslealtad” al Gobierno, pues aseguraba que había negociado las plazas con los rectores de espaldas al grupo que estudia la financiación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) que había presentado una propuesta. Los representantes de Castilla y León, por su parte, piden que se financie el 100% de las plazas porque “es algo que se quedará en los sistemas universitarios de forma estructural y que tendremos que sufragar las comunidades autónomas”. El Gobierno de Murcia calcula que tendrán que pagar 34 años de la carrera de ese ayudante, tras ese contrato. Mientras que para la Xunta de Galicia “no se puede hacer política con los presupuestos de otras administraciones autonómicas, es una falta de respeto a la arquitectura institucional del Estado”. Aragón, más receptiva, afirma que “estudiará” la propuesta para que la Universidad de Zaragoza tenga 130 ayudantes más (el 70% sufragados por el Estado central).

Por contra, la semana pasada el Gobierno vasco y el Ejecutivo cerraron un acuerdo para contratar a 150 profesores ayudantes, que se suman a los 825 ya existentes. Y Cataluña ―con un porcentaje de asociados descontrolado, lo que le ha llevado a presentar su propio plan de choque― sopesa su postura. Castilla-La Mancha, siempre crítica en este asunto, cree “suficiente” la financiación propuesta por el Estado ―cubren así el 80% de sus necesidades―, aunque van a seguir pidiendo “la asunción del 100%”. Asturias, también en manos socialistas, se felicita de ir a recibir 7,7 millones. Otros 11,2 millones irán a Navarra. Hasta el pasado enero, el Gobierno se resistió a financiar parte de la LOSU.

Las transferencias totales del Estado a las comunidades subieron un 14% en el último año, recuerdan fuentes del ministerio, y, sin embargo, la inversión en universidad apenas ha crecido de media un 1%, lo que a su juicio pone de manifiesto el escaso interés que tienen muchas autonomías ―sin entrar en el color político― en potenciar sus campus. Además, estas fuentes ministeriales recuerdan cómo hay comunidades, como Madrid y Comunidad Valenciana, que están rebajando o quitando impuestos autonómicos mientras reclaman más fondos al Estado central.

Fuentes del ministerio reconocen estar cansados de escuchar a las comunidades gobernadas por el PP quejarse en los medios del “yo invito y tú pagas”. “Es una frase demoledora. No somos una taberna”, argumentan. Lo cierto es que el Gobierno central es quien hace política y luego las comunidades se ven forzadas a correr con casi todo el gasto universitario (el 87% del total), por ejemplo, al implantar el sexenio de transferencia de conocimiento (un complemento salarial). Por eso, esta oferta del ministerio resultaba a priori muy atractiva.

La ministra Diana Morant y el presidente Pedro Sánchez expusieron el programa a una delegación de la conferencia de rectores (CRUE) el pasado 15 de marzo con buena acogida. Su presidenta, Eva Alcón, se felicitó en el encuentro: “[El programa] da a las universidades la oportunidad de, en virtud de la autonomía universitaria, planificar el relevo generacional y la estabilización del profesorado”. Alcón añadió: “CRUE confía en que las comunidades autónomas se incorporen a la iniciativa y complementen la significativa aportación del Gobierno central”.

España se comprometió con Bruselas a que a final de 2024 solo el 8% de los empleados públicos tuviesen un contrato temporal, pero en 2023 los eventuales suponían un 48% en la universidad. La mayoría son profesores falsos asociados. La figura se creó en 2001 para que profesionales compartiesen unas horas su experiencia en las aulas, pero durante los años de crisis ―entre 2011 y 2015 las transferencias económicas cayeron un 15%― se paró la reposición de los que se jubilaban y universitarios sin otra ocupación ―parte doctores― pasaron a trabajar como falsos asociados. Se agarraron a lo poco que había y desde entonces muchas universidades han ido engordando estas “bolsas de precariedad” ―en palabras de fuentes ministeriales― cuando contaban ya con más fondos para dignificar las carreras de estos docentes mileuristas (o menos).

La LOSU, aprobada en marzo de 2023, fuerza a convertir a los asociados en indefinidos con dedicación parcial ―con derechos de antigüedad y complementos salariales― a través de un concurso público competitivo, pero no les permite impartir más de 120 horas de clase (ahora muchos dan 180). Ante el miedo a que el sistema se bloquease con tantos concursos en muy poco tiempo, el plazo para regularizarlos se va a prolongar hasta el curso 2027/2028 y no este curso como estaba previsto. Fuentes ministeriales reconocen que su regularización estaba creando un “estrés excesivo”.

Y la LOSU, por otro lado, contempla que los profesores ayudantes impartan hasta 180 horas de clase, 60 más que los asociados. Ello explica el interés de los rectores en acoger a más ayudantes. De esta manera, se ahorran pagar las horas sobrantes del asociado tras encontrar otro profesor capacitado.

Los catedráticos tienen de media 61 años y los profesores titulares 57 y este programa ayudaría a rejuvenecer las plantillas. La nueva figura de profesor ayudante de LOSU contempla contratos de seis años, durante los cuales el doctor cuenta con tiempo suficiente de hacer méritos científicos para acreditarse para profesor titular. El ministerio reconoce que este programa “no es la solución final”, pero sí cree que traza “un camino estable”.

El ministerio no quiere que esta aportación económica le salga gratis a las universidades públicas y pretende que se comprometan a mejorar sus parámetros de calidad. Por ejemplo, con más defensa de tesis en inglés, medidas para resultar más atractivas al alumnado (están perdiendo matrículas en favor de las privadas) o la obtención de más recursos para investigar en concursos competitivos.

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