Las universidades catalanas convocarán 450 plazas para reducir la precariedad y abuso de los profesores asociados

Reducir drásticamente el número de profesores asociados de las universidades. El Departamento de Universidades pondrá en marcha este año un plan de choque para reducir este tipo de contratos, que son temporales, con sueldos precarios y que en muchas ocasiones se han usado de forma irregular. El Departamento distribuirá 10 millones de euros entre las siete universidades públicas para que puedan convocar plazas de profesor lector o agregado, una categoría superior, de perfil más permanente y con sueldos hasta tres veces superiores. Los rectorados ya han hecho sus cálculos con el monto que contarán este año y prevén sacar a concurso unas 450 plazas, según el recuento realizado por este diario con los datos facilitados por las universidades.

La figura del profesor asociado se ha extendido y pervertido en la última década al ser la única vía que tenían los campus para contratar docentes durante la crisis y las limitaciones de gasto público que se impusieron. La característica básica de estos contratos es que están pensados para profesionales que tienen un trabajo en el sector privado, pero que imparten unas horas de clase de su especialidad. Pero la necesidad de personal -para cubrir las jubilaciones- forzó a las universidades a hacer la vista gorda a la hora de cumplir los requisitos.

“A las universidades no les gusta tener falsos asociados porque no es algo buscado, sino que se han visto arrastradas por la realidad económica y el sistema. El sistema nos ha llevado a esto. A lo mejor sí que según qué asociados tendrían que estar con otro tipo de contrato, pero no se podían convocar plazas”, resume Damià Vericat, vicerrector de Profesorado de la Universidad de Lleida. El rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Javier Lafuente, asegura que cuando asumió el cargo “la situación era grave”. “No era lógico que el 65% de profesores fuera asociado, tendría que ser el 20%, pero también es desesperante ver la falta de recursos para convertir estos profesionales en otro tipo de contrato”, añade el responsable de este campus, que, como el resto, en los últimos años han podido crear plazas estables y reducir el número de asociados.

A pesar de ello, la bolsa de estos contratos se ha hinchado hasta tal punto que actualmente los siete campus públicos suman más de 9.000 docentes de esta categoría, lo que supone un 46% de todo el profesorado. Hace una década, la cifra rondaba los 6.000. En detalle, el colectivo representa una horquilla entre cerca del 40% de la plantilla (en el caso de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra) hasta casi el 60% de la Rovira i Virgili.

El problema es cifrar cuántos de ellos son los conocidos como “falsos asociados”, es decir, que no cumplen los requisitos de tener un empleo externo o que por las tareas que asumen deberían ocupar plazas más permanentes. “El objetivo es evitar la perversión que hemos tenido que hacer con los asociados. Pero el sistema está tan infradotado que hemos tenido que poner a los asociados a hacer de todo”, admite Miquel Soriano, vicerrector de Política de Profesorado de la UPC.

Los sindicatos hace años que denuncian las irregularidades -se han ganado varias sentencias- y en las últimas semanas se han convocado huelgas -con poca repercusión, según datos de los campus- para denunciar la situación precaria de los asociados (por seis horas de clase semanales se paga unos 600 euros). Con todo, el colectivo todavía denuncia la existencia de irregularidades. “A raíz de las denuncias, las universidades empezaron a pedir un contrato externo, pero a lo mejor alguien trabaja a media jornada en un cine, un supermercado o una tienda de ropa”, tercia Guillem Prats, delegado del sindicato CGT en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para poner orden a este panorama, y teniendo en cuenta que la nueve Ley de Universidades obliga a los campus a tener un mínimo del 55% de plantilla con funcionarios, el Departamento de Universidades ha incluido en sus presupuestos actuales una dotación de 15 millones (10 para profesores y 5 para administrativos) para regularizar la situación de los asociados. En total, se convocarán unas 450 plazas, la mayor parte en la UB (200), seguida de la UAB (120) y la UPC (50), mientras el resto dispondrían de entre 15 y 25. La operación se repetirá durante tres años, aunque falta por ver si se mantiene el importe.

Uno de los aspirantes a estas plazas es Dani, profesor asociado en la Universidad Autónoma desde 2019, una docencia que compaginaba con su trabajo en una fundación. Un año más tarde cambió a un empleo que nada tenía que ver con su formación y al siguiente se quedó sin trabajo. Aunque para ser asociado se requiere un empleo externo, continúa ejerciendo como docente. “La universidad hace excepciones y te contrata si en los últimos cuatro o cinco ejercicios has cotizado durante dos años”, puntualiza el docente. Dani admite que, aunque sobre el papel su situación es regular, se siente como “un falso asociado”. “No encajo en el perfil de asociado, que tiene un trabajo en el sector e imparte las clases, y donde la docencia es secundaria. En mi caso, las clases en la universidad son la actividad principal”.

En este sentido, este docente también hace referencia a otros casos irregulares, como aquellos que se dan de alta de autónomos para hacer ver que tienen un empleo externo. “La figura del profesor asociado se ha pervertido y se ha convertido en la puerta de entrada a la universidad”, lamenta Dani.

El objetivo es que las universidades convoquen en breve las plazas para que se puedan incorporar el próximo curso, aunque recuerdan que se trata de concursos abiertos. Con todo, admiten que los asociados de larga duración contarán con méritos especiales que les darán cierta preferencia.

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