El profesorado asociado se dispara y la mayoría de universidades sobrepasa el límite legal de contratos temporales

Las universidades públicas españolas ya casi han recuperado la cifra de profesores e investigadores que tenían antes de la crisis que, hace una década, empezó desangrar los campus: en el curso 2009-2010, la plantilla era de algo más de 100.000 docentes y en el 2018-2019, última estadística disponible, de 99.440. Sin embargo, la imagen detrás de esas cifras es muy distinta, con una plantilla mucho más precaria e inestable (entonces, un 32% trabajaba a tiempo parcial, ahora es casi el 37%), en la que el grueso de la recuperación se ha hecho, según deja en evidencia un estudio presentado este martes por el Observatorio del Sistema Universitario, a base de contratar profesores asociados. Se trata esta de una categoría creada a primeros de los ochenta para que profesionales destacados en su campo pudieran aportar su experiencia a la educación universitaria, pero que a lo largo de los años se ha ido utilizando también, y cada vez más, como una alternativa barata —cobran desde 300 euros— y precaria de cubrir las necesidades docentes.

El trabajo del observatorio, un organismo independiente formado por docentes, doctorandos y estudiantes, firmado por los especialistas Alfonso Herranz y Vera Sacristán, refleja cómo, tras unos primeros años de reducción general del profesorado durante la crisis, especialmente fuerte en el caso de los asociados, estos últimos empezaron a aumentar de nuevo a partir del curso 2014-2015, hasta crecer un 20% y representar hoy un cuarto de las plantillas de los campus públicos (el análisis deja fuera a los asociados de Ciencias de la Salud, por tener características muy distintas). Esta evolución, según el informe, no solo deja claro “el uso excesivo de esta figura, mucho más allá del previsto en la ley”, sino que es la principal razón de que “la mayor parte de las universidades españolas están en la actualidad en una situación de ilegalidad, al representar su profesorado contratado temporal un porcentaje significativamente superior al límite del 40% del total previsto en la ley”. Los contratos de asociados son temporales (como los de los ayudantes, ayudantes doctores y visitantes) y a tiempo parcial. Sin embargo, advierten que la situación es muy heterogénea: “Es un problema distribuido muy desigualmente; en algunos sitios no está pasando y en otros está ocurriendo en unas dimensiones muy grandes”, destaca Herranz. Lo mismo ocurre, añade, dentro del colectivo de asociados, en el que una parte no responde a las características que fija la ley, pero otra parte sí lo hace.

Así, la proporción de los asociados va desde el 5,5% de la Universidad de Jaén hasta el 58,7% de la Universidad Rovira i Virgili, con cifras absolutas muy llamativas como la de la Universidad de Barcelona, con un total de 2.425 profesoras y profesores asociados, el 9,7% del total de España. Además, los investigadores han detectado que la presencia de asociados es mayor en las facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas y que las diferencias entre departamentos (destacando los vinculados a Empresa, Derecho y, sobre todo, Educación) también son espectaculares. Con ejemplos extremos como el de Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili o el de Educación Lingüística y Literaria y Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática de la Universidad de Barcelona, donde la proporción de asociados supera el 80%.

Aunque este es el reflejo de los asociados en la plantilla universitaria, no lo es del reparto de la docencia que imparten, ya que, como recuerda el vicerrector de Profesorado de la Universidad de Burgos, José María Cámara, los asociados trabajan a tiempo parcial, con lo que el resto de profesores a tiempo completo se hacen cargo de una mayor parte de la carga docente. “El porcentaje de profesores asociados en la Universidad de Burgos, contabilizado en equivalentes a tiempo completo, es del 30%, algo inferior si excluimos a los profesores asociados sanitarios”, señala una portavoz por correo electrónico.

En todo caso, la ley no hace distinciones de dedicación parcial o completa cuando limita al 40% de la plantilla docente la proporción de contratos temporales. Y son 32 de las 48 universidades públicas las que sobrepasan ese límite legal, sobre todo en los casos de Rovira i Virgili (69,7%), Carlos III de Madrid (64,5%), Rey Juan Carlos (64,4%), Pompeu Fabra (62,9%), Illes Balears (62,4%), Lleida (61,8%), Autónoma de Barcelona (60,7%) y Barcelona (60%), destaca el trabajo. ¿Cómo puede ser que exista y se mantengan semejantes situaciones de ilegalidad? Diversas fuentes sindicales admiten que no es fácil denunciar situaciones en las que los propios afectados podrían verse perjudicados y en las que la alternativa a este tipo de contratación es que no se contrate en absoluto. Vera Sacristán, por su parte, señala: “Lo que se ha venido haciendo hasta ahora para solucionar estas situaciones es cambiar la ley para ir elevando los límites… Primero se elevaron los límites de profesorado contratado, luego del temporal, los de los asociados… En fin, se han ido haciendo modificaciones de la ley para adaptarse a la realidad, en lugar de planes de reconversiones para ajustar la situación a una ley que pone limitaciones por algún motivo”.

Porque lo que deja claro el trabajo es que la utilización en ocasiones muy excesiva de los contratos temporales, y en especial de los asociados, no obedece a ningún interés especial de las universidades por la precarización, sino sobre todo a una situación de crisis y falta de financiación, con la prohibición de cubrir todas las plazas vacantes de profesorado a tiempo completo. La caída media de la financiación pública en el periodo estudiado fue del 25% en toda España, llegando al 34% en Cataluña. “En nuestro caso, hemos tenido que implantar nuevas titulaciones en los últimos 10 años con la tasa de reposición [porcentaje de vacantes que se pueden cubrir] como límite para la contratación de profesorado y sin más posibilidad de dar respuesta a las demandas sociales que la de utilizar la figura del profesorado asociado”, señala por correo electrónico la rectora de la Universidad Jaume I de Castellón, que corrige además el porcentaje de asociados que ofrece el informe del observatorio para su institución, ya que en la información que envían para la estadística oficial no separan los asociados de ciencias de la salud del resto. Una vez separados, su porcentaje, recogido en una segunda versión del primer gráfico de esta información, es de un 36,7% de asociados.

“La única solución definitiva, por muchas reformas que se hagan, es aumentar la financiación de las universidades, porque las universidades que lo hacen es porque no tienen recursos para contratar de otro modo”, insiste Alfonso Herranz. El especialista se refiere al proyecto conocido hace unos días del nuevo Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) redactado por el Ministerio de Universidades, que propone crear una carrera laboral de profesores paralela a la de los funcionarios y ponerle coto al uso viciado del contrato de profesor asociado, obligándoles a acreditar fehacientemente que tienen un trabajo principal fuera de la universidad y limitando a 60 las horas de clase que pueden impartir; ahora están en muchos casos por encima de las 100. El colectivo, a través de la Asociación del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas, ha rechazado la propuesta porque considera que les deja a los pies de los caballos, sin una solución clara para regularizar su situación.

Víctor Jorquera, profesor asociado en la Universida de Barcelona desde hace casi tres lustros, describe la situación con dos palabras: “precariedad y fraude”. Habla del uso generalizado del contrato de asociado como primer paso para que los titulados que están haciendo la tesis empiecen su carrera docente, de contratos parciales para ofrecer 180 horas de clase (el 75% de las que un docente a tiempo completo), “pero cobrando el 20%” y “completando la jornada con horas investigación y gestión” que se les exige aunque nadie les paga. También menciona casos en los que el trabajo principal que deben acreditar no tiene nada que ver con lo que enseñan en la universidad o es otro contrato de asociado en una universidad distinta.

Pero Francisco López Segarra, sociólogo y profesor asociado desde principios de los años noventa, explica que el problema va más allá de los falsos asociados, pues “el maltrato laboral” también afecta a aquellos que, cómo él, tienen realmente su trabajo principal fuera de los campus y no tienen interés ni intención de hacer carrera permanente e investigadora en la Universidad. “Si tenemos ocho horas de trabajo, en realidad hacemos 12 horas, sábados, domingo, siempre...., porque no llegas con la burocracia y la preparación de las clases... Además, cobramos menos, por eso reivindicamos que a igual trabajo, igual sueldo, pero no nos han hecho ni caso”, dice este profesor de la Universidad Jaume I de Castellón.

Para buscar las soluciones adecuadas, en todo caso, Herranz y Sacristán insisten en que empezar estableciendo la cifra real de esos llamados falsos asociados, es decir, los que en realidad están dando clase como profesores ordinarios y cuales responden a lo que dice la ley. “Hay profesionales que van a la Universidad y en sus clases transmiten su experiencia. La figura del asociado es una buena idea, no se trata de tirarla a la basura, sino de utilizarla bien”, señala Herranz.

El ministerio habla en su proyecto de 33.954 asociados, que representan el 34% del total de la plantilla de las universidades públicas. Sin embargo, el estudio del Observatorio del Sistema Universitario deja fuera de su análisis a los 8.873 asociados de Ciencias de la Salud (profesionales sanitarios en ejercicio en los centros médicos en los que se forman los alumnos) “por considerar que constituye un colectivo con características muy diferentes”. Así, su trabajo se centra en los 25.081 asociados del resto de áreas, que suponen el 25,2% del profesorado y constituyen la base de una situación que se revela como irregular y contraproducente para el sistema.

Y el trabajo ha encontrado numerosas evidencias del abuso. “El hecho de que hasta 2017-18 el profesorado asociado no dejara de aumentar mientras se reducían los efectivos del resto de profesorado sería indicativo de un proceso gradual de sustitución de profesorado permanente a tiempo completo por profesorado asociado, con contrato temporal a tiempo parcial”, dice el informe. Además, la estructura por edades del profesorado asociado (casi dos tercios tiene menos de 50 años) indicaría que esta figura “se ha convertido en muchos casos en una etapa temprana y precaria de la carrera académica ordinaria”, concluye el trabajo.

Entre las consecuencias negativas de esa situación, los especialistas señalan la reducción de la actividad investigadora, debilitamiento del vínculo de la plantilla con la institución y la amenaza contra la libertad académica “al aumentar su vulnerabilidad laboral”.

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