El Gobierno se abre por primera vez a financiar la reforma universitaria, pero no concreta la cifra

El Gobierno se ha abierto por primera vez a financiar parcialmente la reforma de los campus que prevé la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Lo ha hecho a través de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que se ha reunido este jueves con los consejeros y viceconsejeros del ramo en su primera Conferencia General de Política Universitaria. Morant, sin embargo, no ha querido concretar la cantidad.

El ministerio, además, va a crear un grupo de trabajo ―en el que estarán presentes las comunidades autónomas, el ministerio, los sindicatos y los rectores― para desarrollar desde la semana que viene la aplicación de la LOSU y se ha comprometido a que los plazos fijados se alarguen, pues los rectores habían denunciado que no podían comenzar el nuevo curso cumpliendo las condiciones de la ley. Eso supone invertir en políticas para dignificar las plantillas (llenas de falsos profesores asociados), dotar de medios a los científicos o atraer talento extranjero. Solo si se aumenta un 15% la financiación de las arcas universitarias previsto en la LOSU, se argumenta en la propia norma, se podrá “buscar alternativas frente al reto demográfico o la emergencia climática”, mejorar la docencia, formar a lo largo de toda la vida a los ciudadanos, trabajar por la empleabilidad o “generar más y mejor investigación desde una lógica de transferencia e intercambio”.

En el propio preámbulo de la LOSU, el Ejecutivo reconoce que “las universidades públicas españolas han sufrido de manera persistente una insuficiente financiación pública en el último decenio” y se propone como “objetivo” que el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) se invierta en educación universitaria pública en el conjunto del Estado en el año 2030. En 2022 (últimos datos), el gasto público en política universitaria (niveles educativos de grado, máster y doctorado) se estimó en el 0,76% del PIB, por lo que se calcula que para llegar a ese 1% de financiación, la partida adicional para campus deberá de crecer en 3.135 millones de euros.

¿Y quién tiene que sufragar esa partida extra de 3.135 en universidades? El gasto en España está muy descentralizado y el 87,7% corresponde a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de educación superior. Y ahí viene el lío, porque quien legisla cómo funcionan las universidades es el ministerio y quien ejecuta son los rectores que tienen autonomía. Por eso aprobar una ley universitaria es siempre un encaje de bolillos que nunca contenta a nadie. Morant ha pedido a las comunidades que también ellas hagan un esfuerzo financiero: “No financian por igual. Hemos visto que unas han aumentado en torno del 40% en cinco años y otras en el 5%”.

Según los cálculos de los rectores, limitar las horas de docencia de los profesores asociados (120), permanentes (240) y ayudantes (180) costaría 225 millones de euros por forzar a nuevas contrataciones. Más luego se necesitaría, según ellos, una partida de 195 millones para aplicar una tasa de reposición del 120% (por cada 10 profesores de plantilla que se jubilan entran 12) con la que asumir los costes de Seguridad Social de estos 10.000 docentes, que mientras están en ejercicio paga el Estado, pues cotizan a Muface. Y estiman que terminar con la temporalidad (que no pase del 8%) costará 106 millones, mientras que la mejora de la calidad de la plantilla ―atrayendo talento, por ejemplo― supondrá otros 318 millones. En total, 844 millones. Morant, que ha heredado los cálculos ya hechos por el desaparecido Ministerio de Universidades, no ha querido entrar a valorar unos datos “de parte” [de los rectores].

Cuatro años de negociaciones

Esta es la primera vez que públicamente el Ejecutivo se abre a financiar la ley. Desde que empezó a negociarse la norma en 2020 ―con el ministro Manuel Castells al frente y luego con su sucesor, Joan Subirats―, los gobiernos autonómicos de la oposición han criticado tener que aplicar las medidas de la norma sin una partida económica adicional. A los lamentos se sumó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dijo estar dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional: “No tengo ningún problema en plantearnos un conflicto constitucional si avanza este proyecto tal y como lo están planteando”. El Gobierno, mientras tanto, hacía cálculos y encargó un estudio de la viabilidad económica al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y organizó junto a los rectores unas jornadas sobre financiación universitaria en la Universidad Menéndez Pelayo que se celebraron en septiembre.

Y ya el pasado diciembre entró en escena la conferencia de rectores (CRUE), siempre muy discreta y temerosa de posicionarse, y fue implacable en su monografía Financiación Pública en la LOSU: objetivos de financiación pública e instrumentos: “¿Estamos ante un nuevo ejemplo en el que el Gobierno central legisla y las comunidades autonómicas pagan? (Ley de dependencia, asistencia sanitaria a desplazados, etcétera)”.

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