Las universidades madrileñas alertan de que no pueden “garantizar la calidad del servicio público” por la asfixia de Ayuso

El próximo jueves por la mañana, y de forma simultánea, los rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) van a someter a votación en consejos excepcionales “acciones extraordinarias” pactadas entre ellos para tratar de salir vivos de la absoluta miseria en la que les ha posicionado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el que peor invierte por alumno (21% menos que la media) pese a su enorme renta per cápita regional (36,5% más). En un comunicado que harán público, y al que ha accedido este diario, alertan de que con la “inestabilidad económica del sistema” no pueden “garantizar la calidad del servicio público”. Los rectores piden que se enmienden los presupuestos (solo ha subido un 0,9% la partida) durante su trámite en la Asamblea, que se aumente “considerablemente” la partida de infraestructuras, que se elabore “de inmediato” un modelo de financiación plurianual y que se garantice que se baje la precariedad de las plantillas como exige la reforma universitaria.

“El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”, señalan los rectores en su comunicado en el que inciden en su “profunda preocupación”. “Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento [se invierte 12 veces menos que en 2007] y seguridad en condiciones adecuadas”.

Hace casi un mes se supo que el presupuesto solo aumentaría un 0,9% pese a las buenas palabras de la Consejería de Educación, sabedora de su quiebra. “La partida se mantiene en la misma e idéntica cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año 2024 con respecto a lo inicialmente presupuestado para el mismo año”, recuerdan los rectores. “Esto, sumado al aumento de los costes salariales y al encarecimiento de la energía, servicios y productos, representa un retroceso en términos reales para la financiación universitaria”. Con la partida actual, los campus cubren el 80% de los sueldos, según sus cálculos. Completan con las matrículas de los universitarios.

Las universidades califican su situación de “prácticamente insostenible”, pues cuentan con “una subvención nominativa de cuantía inferior a la de 2009 en euros de ese mismo año, por tanto, sin tener en cuenta ni siquiera la inflación”, lo que contrasta con “un aumento acumulado del 34,9% en el IPC entre enero de 2009 y septiembre de 2024 (según el INE)”. Otras comunidades han solventado esta brecha con planes plurianuales. Y recalcan los rectores que el artículo 55 de la LOSU (la Ley Orgánica del Sistema Universitario) “establece de forma clara la obligación de las administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios para la suficiencia financiera de las universidades”.

El sistema público madrileño cuenta con 30.000 profesores y personal técnico de servicios, y 220.000 estudiantes, la segunda cifra más alta de España. “La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”, inciden los rectores. A ello se une que la Comunidad se niega ahora a cofinanciar 1.100 profesores ayudantes doctor con el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, como el resto de comunidades, también las del PP, aunque en verano abrazó con dudas el acuerdo.

La guerra con la presidenta ya es abierta, pese al perfil conservador de casi todos los rectores, que sin embargo hacen una férrea defensa de la educación pública como motor económico y de ascensor social. Ayuso, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, trata a menudo a la universidad como un nido de protesta y vandalismo: “A lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos...”, señaló una vez. Y más concretamente, hace 12 días cargó contra la Complutense en el marco del caso Begoña Gómez: “Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense”. Este lunes, el rector Joaquín Goyache, tras recibir presiones de sus profesores, publicó una carta en la que recriminaba a la presidenta “desmerecer” a su institución con expresiones “injustas y falsas”, reduciéndola así a una “caricatura ideológica”.

La Complutense es la institución peor posicionada. El 2023 se saldó con un déficit económico no financiero que ronda los 60 millones de euros y el consejo de gobierno no conoce los datos de 2024 ni las previsiones para 2025. En el consejo celebrado este martes el rector Joaquín Goyache no ha revelado ninguno, lo hará en un claustro (con mayor representación de todas las categorías) este viernes.

El drama se viene cociendo desde hace una década, pero con las sentencias ganadas en el Tribunal Supremo al Gobierno de Esperanza Aguirre, los rectorados han ido tapando huecos pese a estar infrafinanciados. Pero esa partida de 456,2 millones de euros se ha agotado y el pasado abril los rectores alertaron en un acto conjunto ―el primero tras años de ahogamiento― de que necesitaban 200 millones más (un 18% más de presupuesto) para “salvar los muebles”. Hasta entonces, en vez de valerse de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) para hacer causa común, cada rector intentó seducir al gobierno regional y librarse de la quema. La Complutense, por ejemplo, condecoró en enero de 2023 a Ayuso como alumna ilustre entre abucheos; mientras que año y medio después comunicaba a sus decanatos que debían de recortar un 30% sus presupuestos, ya de por sí exiguos, para no cerrar la puerta.

El siguiente rejonazo llegó este julio, cuando los rectores conocieron un primer borrador de la ley de educación superior y se escandalizaron. Consensuaron entonces una carta al consejero Emilio Viciana en la que denunciaban una invasión de la norma en sus competencias. Entre otras cosas, la ley pretende esquivar la desaparición de los colegios mayores que segregan por sexo a la que obliga la Ley Orgánica del Sistema Universitario y el castigo a los escraches y el vandalismo, ya recogido en la Ley de Convivencia nacional. Es decir, Ayuso buscó el enésimo choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez, que desveló que acudiría a los tribunales si la iniciativa salía adelante. Según la ministra Diana Morant, Madrid destina el 0,4% del PIB a universidad, por debajo de la media del 0,55%.

Hasta el último minuto los rectores confiaron en que Ayuso no les abocase a la ruina, pero el 31 de octubre se confirmó que la partida subía un 0,9%. Con la dana del día 29 en mente, los rectores, que pensaban convocar a los medios, optaron por retrasar su reacción. No era el momento de el “qué hay de lo mío”. Y el pasado 21 de noviembre se reunieron con el consejero Viciana que terminó con cualquier esperanza, solo se aviene a quizás financiar algún proyecto puntual. Al frente de Hacienda esta Rocío Albert, profesora en excedencia de la Complutense y conocida lobista de las universidades privadas, incluso compaginándolo con su cargo político. Pronto Madrid aprobará su decimocuarta privada.