Rescate a la universidad pública

La incompetencia y cerrazón ideológica de los gobernantes redunda en los costes más altos imaginables para la ciudadanía. Mientras el pasado 29 de octubre la Universidad de Valencia suspendía a tiempo las clases frente a la DANA, el president Carlos Mazón lo consideraba “exagerado”. Al rato se iría a comer con Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión pública valenciana, un puesto que depende de un concurso público. No hay relato que refleje mejor el embate que enfrentamos entre ciencia y negacionismo bajo el saqueo de lo público. Cómo no van a atacar las derechas a la universidad pública, si hay dinero que ganar y humillaciones que evitar.

En Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso premió recientemente a Javier Milei. Le dijo públicamente: “Encaras con fuerza y coraje medidas que suenan a aire fresco”. El mandatario argentino está aplicando ahora su motosierra contra las universidades públicas. Tenemos así una derecha sin complejos, con viento de cola tras la elección de Trump, dispuesta a transitar lo inexplorado. Aire fresco.

En sus últimos presupuestos, el gobierno madrileño ha decidido dar la puntilla a las universidades públicas. Los y las rectoras solicitaron, solo para “salvar los muebles”, incrementar la partida universitaria al menos un 18%. Ayuso ha respondido subiendo el 0,9%. No dará ni para las nóminas. Un 36,5% más rica que el resto de Comunidades, la de Madrid ya financia un 21% menos a sus universidades.

La estrategia desborda todos los límites. Se están creando impunemente universidades privadas con informes en contra demoledores. Pero da igual. Como en la sanidad o en la educación secundaria, se avanza con el mismo patrón. En nuestro caso se ahonda en el proyecto tradicional de las derechas de reservar los estudios universitarios a una élite económica. Y se les ofrece el pastel de las ganancias. A cambio, este ataque a la clase trabajadora universitaria, además de golpear a un colectivo ya de por sí precarizado, repercutirá en el acceso del estudiantado a las universidades públicas. Todo ello mientras Madrid ya tenía en 2023, con Cataluñaa, las tasas de matriculación más altas del país.

La ofensiva neoliberal contra las universidades públicas partió en los años noventa de informes de organismos como el Banco Mundial. El diagnóstico era claro: no había suficientes ingresos públicos. Propusieron subir las tasas, introducir préstamos al estudiantado o vender servicios. También privatizar sectores enteros, como la limpieza o las cafeterías, para ponerlos bajo gestión privada. Su premisa de partida era incontestable, pero solo porque consideran impensable recaudar más a los ricos.

Es la motosierra a la vista de los números y sus consecuencias

Respondimos con un ciclo de movilizaciones universitarias contra el informe Bricall, la LOU y, finalmente, el plan Bolonia. Tras la crisis de 2008, también nos movilizamos contra los recortes presupuestarios, que se cebaron con las universidades públicas mientras se rescataba a los bancos. Todo fue sucediendo como fuimos denunciando. Y con todo, la actual ofensiva no es una vuelta de tuerca más en este ciclo; nos conduce a otra pantalla. Es la motosierra. A la vista de los números y sus consecuencias, están intentando acabar directamente con la universidad pública.

Aportemos más contexto para entenderlo. En tiempos de postverdad y desinformación al servicio de la internacional reaccionaria, los centros de ciencia e investigación independientes son una amenaza. Ayuso ha negado públicamente el cambio climático, mientras la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) prioriza financiar infraestructuras verdes. El 0,9% es también negacionismo puro con consecuencias. Como decía Hannah Arendt, cuando la mentira se instala en lo político, cuidemos los reductos de resistencia que son la justicia, la prensa y las universidades. Por eso, también, estamos en el punto de mira.

La LOSU fija el límite de financiación pública para las Universidades en un 1% del PIB. Y aunque esta no es la ley que necesitábamos, el arrancar impunemente los precarios parches allí propuestos en materia financiera y ecosocial solo puede calificarse de gamberrismo institucional. Insisto, con consecuencias. En su arremetida ideológica, el borrador de la nueva ley autonómica ha amenazado también con restringir la libertad de expresión. Se dirigen con todo contra un colectivo, el universitario, que como hemos visto con el genocidio en Gaza, ejerce de conciencia cívica de la sociedad. Del muera la inteligencia de Millán Astray, a los profesores son el enemigo de J. D. Vance retomando a Nixon, un hilo siniestro recorre esta internacional a la que se suben alborozados Ayuso y Milei.

Las universidades públicas precisan un rescate. La situación es agónica en Madrid, pero afecta también a otros territorios. El Gobierno central habrá de hacer todo lo posible para proteger la autonomía universitaria y la función social de las universidades públicas. Las primeras asambleas de estudiantado y trabajadores/as en cualquier caso comienzan ya a organizarse. Seamos conscientes de que somos más de 200.000 personas trabajando y estudiando en estos centros públicos madrileños: si queremos, podemos. Busquemos también el apoyo del resto de la sociedad. Si la dimensión del ataque es inédita, que lo sea la respuesta. Aprovechemos también para repensarnos, del fin de la precariedad y las tasas, a la universidad ecológica. Ensayemos nuevos repertorios de protesta y, al mismo tiempo, imaginemos la universidad que queremos. Mostremos, finalmente, cómo se defiende la democracia.