El Gobierno recurrirá la ley de universidades de Ayuso por injerencia en la norma estatal y denuncia el “maltrato” a las públicas

El Gobierno recurrirá en los tribunales la Ley de Educación Superior, Universidades y Ciencia promovida por el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso si se aprueba con la formulación del borrador. De esta forma, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades respalda a los rectores de los seis campus públicos que han denunciado por escrito una supuesta injerencia de la Administración regional en sus competencias. Diana Morant, que ha hecho este anuncio este martes en una visita a la Universidad Autónoma de Madrid, considera que pese al “maltrato” a las universidades públicas ―que están infrafinanciadas― es “peor lo que se ha visto en el borrador”, del que han trascendido por el momento solo ocho páginas muy polémicas. Según la ministra, su departamento estará “vigilante” por si es necesario presentar un recurso. El secretario general de Universidades, Francisco García, se reunió con los rectores este lunes para conocer de primera mano su situación.

“Con los borradores de la ley estamos descubriendo que Ayuso tiene una agenda oculta para la privatización de las universidades, en vez de atender a su obligación de financiar a las universidades públicas. Lo que está haciendo es cargarse el sistema público a través de esta nueva ley. Estaremos vigilantes porque, si se aprueba esta ley, estaríamos hablando de incumplir la ley estatal, incumplir el marco competencial que tenemos en este país ―repartido entre el Estado, las comunidades autónomas y las universidades― y vemos que agrede la autonomía de las universidades”.

Morant ha argumentado que si no se financia a las universidades públicas, “se agrede a su autonomía” y ha desmenuzado varios datos: la inversión por alumno es un 21% menor que la media española y las transferencias que se hacen representan el 0,4% del PIB de la comunidad, por debajo de la media del 0,55%. Y ha remarcado que a la “financiación paupérrima” se va a sumar que esta va a estar condicionada a que los campus se autofinancien en un 30%, lo que está vinculado en su mayor parte al precio de las matrículas que pagan las familias. A la ministra le preocupa que ello suponga de nuevo un alza de tasas (han bajado por un acuerdo de todas las regiones, pero siguen siendo las más altas de España con Cataluña).

Por otro lado, el ministerio se ha fijado en los criterios de castigo del vandalismo o los escraches que propone el borrador. “Es también una sanción a la libertad de expresión de la comunidad universitaria, va más allá de los derechos recogidos en la Constitución Española, de la ley estatal [Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU] y la Ley de convivencia universitaria”.

El pasado jueves, los rectores enviaron un informe muy crítico sobre lo que se conoce de la norma al consejero de Educación, Emilio Viciana, adelantado por EL PAÍS, en el que se quejaban sin ningún disimulo: “Varias de las propuestas afectan y/o podrían afectar directamente a la autonomía universitaria y a la organización de las universidades, generando situaciones inciertas y con carácter que puede considerarse invasivo sobre la autonomía universitaria”. Estas propuestas afectan a la elección de gerente y rector, la existencia de un interventor nombrado por el Consejo Social (presidido por el consejero de Educación) o el reconocimiento de materias de FP Superior.

El Ejecutivo madrileño pretende que puedan presentarse a rector quienes estén “en posesión de la correspondiente acreditación para el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad”, es decir, quienes hayan demostrado ante la agencia de calidad universitaria que reúnen los méritos suficientes para ser catedráticos, aunque no ejerzan. Sin embargo, la LOSU (2023) deja en manos de cada institución —a través de los estatutos— la selección de méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión que deben cumplir los aspirantes. “Si la redacción se mantuviera, podría contravenirse el derecho constitucional a la autonomía universitaria, que garantiza el artículo 27.10 CE”, aseguran los rectores.

El 10 de junio, Morant ya había mostrado su “preocupación por la falta de respeto a la autonomía universitaria”. La ministra aseguró entonces que el Gobierno regional podría, de aprobarse la ley, “nombrar las gerencias universitarias”, lo que “politizaría los campus”. Pero lo cierto es que, en ese caso, de haber intromisión sería tangencial, porque lo que el Ejecutivo madrileño quiere es que haya un concurso público y reservarse el poder de “fijar el procedimiento y características” del mismo para la elección del gerente. Aunque el elegido sería nombrado y cesado por el rector.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), sin embargo, considera que se trata de una clara injerencia en su independencia de acción. “Es someter a un concurso público la designación de un consejero de la comunidad autónoma; ello porque el gerente forma parte del equipo rectoral”, afirmó en su análisis de 18 páginas.

El Gobierno de Ayuso pretende aumentar “los créditos mínimos que se reconocen entre enseñanzas superiores universitarias y no universitarias, para garantizar reconocimientos de calidad”, lo que de facto supone que en las universidades privadas que ofertan también FP Superior estos alumnos puedan titularse primero de la FP y saltar luego a la universidad cursando muy pocas asignaturas, dado que les han sido convalidadas. Frente a eso, la CRUMA recuerda: “Es la universidad la que propone el reconocimiento [de convalidación de asignaturas] a la Comunidad”.

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