Jugando con las armas

Si finalmente se acepta que el desembolso en armamento que acaba de aprobar el Consejo de Ministros en su última reunión es “gasto social”, entonces ya no puede haber duda de que pulpo vale como animal de compañía. Muy atarugadas tienen que estar las mentes pensantes del Ministerio de Defensa para acabar recurriendo a un argumento tan insostenible —si se acepta su carácter social por el mero hecho de generar empleo, habría que decir lo mismo de la prostitución o el narcotráfico—, tratando de justificar los más de 12.000 millones de euros (los 7.331 de ahora se suman a los 5.369 de hace meses) que el actual Gobierno ha aprobado en menos de un año para la adquisición de material de defensa.

Es cierto que las Fuerzas Armadas están en una situación tan crítica que su operatividad genera crecientes dudas (con excepción de los contingentes desplegados en el exterior). También lo es que, como resultado de decisiones tan controvertidas como la de los programas especiales de armamento, su modernización está hipotecada desde hace tiempo. Igualmente, es obvio que los vetustos BMR no dan más de sí, que los submarinos Agosta S-70, las fragatas F-80 y los Eurofighter corren el riesgo de verse superados de inmediato, que sin satélites tecnológicamente avanzados estaríamos ciegos y que, seguramente, es urgente cubrir algunas otras carencias. Por tanto, en la medida en que sigamos interesados en protegernos de quienes desean lo ajeno y apuestan por el “cuanto peor, mejor” seguiremos necesitando medios de último recurso para garantizar nuestra seguridad. En consecuencia, nos interesa disponer de medios militares con suficiente capacidad de disuasión y castigo en caso necesario, adecuadamente ponderados a los recursos disponibles y al resto de necesidades públicas por cubrir.

Y estos son argumentos que una ciudadanía adulta puede entender y asumir. Sin embargo, en España no ha habido ningún Gobierno democrático que se haya dedicado a impulsar un debate público sobre cuál es el papel de los ejércitos y qué recursos hay que dedicar a su modernización y mantenimiento. En lugar de ello, se sigue optando por el secretismo y el uso de argumentos imposibles; lo que no puede extrañar que acabe generando desconfianza y críticas. Falta, en definitiva, mucha pedagogía política y mucha más transparencia sobre asuntos que van a añadir una considerable carga presupuestaria durante años.

Entretanto, con crisis o sin ella, el comercio de armas sigue aumentando a nivel mundial (y español), mientras se agudiza la sensación de que muchas decisiones de fabricación y compra responden más a criterios meramente empresariales que a consideraciones estratégicas. Un comportamiento que, además de mostrar una acusada incoherencia política —fomentando la venta a clientes impresentables—, erosiona la confianza ciudadana en su propia defensa y alimenta discursos “buenistas”, como los de que quienes en su día se decantaron por la eliminación del propio ministerio de defensa si llegaban a la Moncloa.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).