Subasta de togas en Perú
Resolver el problema llevará tiempo porque el transcurrido desde su gestación es tanto, que lo enraizó como cultura
La corrupción que gangrena el sistema judicial de Perú se remonta al virreinato, cuando el cobro del tributo al indio favorecía la doble contabilidad, la malversación y el abuso de los corregidores. Siglos después, la mafiosa complicidad de jueces, políticos y empresarios, y la inacción de la Oficina del Control de la Magistratura, han causado una crisis institucional en el país andino que recuerda el comportamiento de las camarillas de funcionarios reales, militares y hacendados criollos.
Las prácticas de aquellas castas coloniales fueron asumidas como propias por los caudillos de la nueva república americana y sus redes de patronazgo. El saqueador formato se adaptó a los tiempos y volvió a estallar en julio. La prensa limeña difundió grabaciones que testimonian el apaño de sentencias de jueces, algunos de la Corte Suprema, fiscales, y miembros del consejo de la magistratura, con hombres de negocios y políticos. El fatalismo del pensador nacional Manuel González Prada hace 100 años recobró vigencia: “Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta el pus”.
La subasta de togas obligó al presidente, Martín Vizcarra, a convocar un referéndum, el 9 de diciembre, para refrendar una reforma de la justicia que será radical, pero de cuestionable eficacia mientras no se inocule probidad a funcionarios y juzgadores. En los últimos 30 años, cinco de siete presidentes peruanos fueron procesados, otro sigue huido y hace dos semanas un magistrado venal intentó asilarse en España. El propio Vizcarra fue vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, descabalgado en marzo por su vinculación con la compañía brasileña Odebrecht.
El libro póstumo del historiador Alfonso W. Quiroz, Historia de la corrupción en el Perú, documenta la profundidad de una lacra que abarca la compraventa de fallos, nombramientos, canonjías, contratos, litigios laborales y civiles o simples raterías. Cajas registradoras en los tribunales. Más viciada que la Dinamarca de Hamlet, la judicatura sorprendida en el delito vivió en los establos de Augías, sin que el Hércules encargado de la limpieza se haga presente. El desprecio de los valores éticos y morales contenidos en esta crisis institucional ahonda el desaliento de una sociedad que denuncia poco porque cree poco en la Administración de justicia.
“¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? ¿Once añitos? (...) ¿Pero está desflorada? (…) ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?”, pregunta un juez en los audios del mercadeo. Las denuncias de la prensa y colectivos ciudadanos obligaron a la intervención del Consejo Nacional de la Magistratura y al anuncio de enmiendas constitucionales contra el atropello del Estado de derecho. Las reformas ensayadas a lo largo de la historia para adecentar el sistema judicial descarrilaron por su endémico incumplimiento, las interferencias políticas y la endeblez de los mecanismos probatorios y disciplinarios. Resolver el problema llevará tiempo porque el transcurrido desde su gestación es tanto, que lo enraizó como cultura.
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