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Detenido el juez peruano que se fugó a España para no ser investigado por corrupción

Hinostroza es arrestado en Madrid después de que Interpol emitiera una orden de captura en su contra

FOTO: El exjuez César Hinostroza, en el Congreso peruano el 4 de octubre. / VÍDEO: El momento en el que Hinostroza abandona el país. EFE

La policía española ha detenido este viernes en Madrid a César Hinostroza, el exjuez supremo peruano destituido por el Congreso a principios de octubre para que fuera investigado por corrupción y por —presuntamente encabezar— una organización criminal en el sistema de justicia. Esta tarde, la Audiencia Nacional española ha enviado al ex magistrado peruano a prisión preventiva sin fianza mientas se decide su extradición.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha sido el encargado de detallar el arresto que, según aseguró, se produjo a las 10.25 de la mañana de Madrid (4.25 de la madrugada hora de Lima). "Pude comunicarme ayer por la tarde con el presidente de España y le pedí apoyo", ha informado Vizcarra en una emisora de radio. "Me dijo: ‘Haga saber a su pueblo que el Gobierno hará todo lo posible para el retorno a Perú. Tras la alerta roja emitida por Interpol, Hinostroza ya se encuentra detenido en España", ha explicado.

Poco antes de la medianoche del jueves, el Congreso peruano había aprobado por unanimidad una moción que exhortaba a Vizcarra a "solicitar al Reino de España su colaboración para que se disponga de la inmediata expulsión del ciudadano peruano César Hinostroza del territorio español y de su retorno a Perú a fin de que se someta a la justicia peruana". En el pleno del Congreso comparecieron el primer ministro, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, durante más de 10 horas y a petición de la oposición fujimorista para exponer las acciones que el Ejecutivo había puesto en marcha, tras la confirmación el miércoles de que el abogado se había fugado a España en la madrugada del 7 de octubre, el mismo día en el que se celebraban los comicios municipales y regionales.

Mientras transcurría la sesión, por la noche, la Superintendencia de Migraciones difundió un vídeo del puesto de control fronterizo de Tumbes, en la frontera entre Perú y Ecuador, del momento en que Hinostroza presentaba su pasaporte para franquear el paso fronterizo. La inspectora de turno, Yhennifferd Elizabeth Bustamante, simula registrar en el sistema informático su salida y sella su pasaporte. Así, el exmagistrado supremo pudo ingresar a territorio ecuatoriano, viajó a Guayaquil y, con el documento sellado, tomó un vuelo rumbo a Ámsterdam (Países Bajos). Como la funcionaria no registró la salida en el sistema informático, el martes, cuando surgió el rumor de la fuga, la Superintendencia de Migraciones negó que Hinostroza hubiera salido por los puntos de control fronterizo: no tenían constancia de que eso hubiese ocurrido.

Durante el debate en el pleno, el congresista fujimorista por Tumbes Juan Yuyes reclamó al primer ministro que involucraran a su esposa —la jefa de la inspectora Bustamante— en la fuga. Sin embargo, Villanueva se escudó en que en su comparecencia en el Parlamento ni él ni Zeballos la habían mencionado. Al mismo tiempo, circulaban en las redes sociales fotos de la funcionaria y dos de sus jefes que evidenciaban su afinidad con Fuerza Popular y con su líder y jefa de la oposición, Keiko Fujimori. El Ministerio Público inició el jueves por la noche una investigación sobre Bustamante, que ya ha sido apartada de su cargo.

Hinostroza tenía una orden de arraigo que le obligaba a permanecer en el país. Fue emitida en julio y vencía en noviembre. El pasado día 6 —cuando el diario oficial publicó la decisión del Congreso de destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 10 años, tras invalidar su fuero con una acusación constitucional— la Cancillería invalidó su pasaporte diplomático y el de su esposa. Semanas antes, en una sesión de la Comisión Permanente del Parlamento, 18 congresistas fujimoristas habían votado para que no fuera acusado por organización criminal y solo por otros delitos de corrupción —delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible— en una suerte de blindaje.

Hinostroza designó el jueves por la tarde a un nuevo abogado, William Paco, antiguo letrado del autócrata Alberto Fujimori, quien al estrenarse en el cargo comentó en una radio que su patrocinado “no ha cometido ninguna infracción al irse si se siente perseguido. El impedimento (de salida del país) lo ejerce otro, no él mismo”. El juez fugado había solicitado asilo a España alegando una persecución política, pero su periplo ha terminado este viernes.

El fiscal pide prisión preventiva para Keiko Fujimori

J. F.

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez pidió a un juez peruano prisión preventiva para la líder de la oposición presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras once personas más como parte de las investigaciones por haber recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011.
De las 23 personas a quienes la policía aprehendió de forma preliminar el 11 y el 15 de octubre —entre ellas dos asesores de la hija del autócrata Alberto Fujimori y su secretaria—, cuatro siguen detenidas y este viernes se realizaba la audiencia de apelación. Según IDL- Reporteros y el diario La República, las órdenes de detención preventiva alcanzan a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y tres de los principales asesores de Fuerza Popular: Ana Herz, Jaime Yoshiyama y Vicente Silva.
Por la tarde, desconocidos forzaron la puerta de la casa del fiscal, quien notificó el hecho a la Policía Nacional por la noche. "La chapa está forzada, dañada. Dentro del departamento estaban mi esposa, mi bebe y mi suegra, pero no escucharon el ruido", dijo el magistrado a la emisora Radioprogramas. El domingo, en una entrevista televisiva, el magistrado pidió medidas de protección para él y su familia porque la dirección de su domicilio fue expuesta en medios sociales la semana anterior. La ONG Instituto de Defensa Legal pidió medidas de protección para él a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el martes último. El fiscal tiene resguardo policial de dos agentes, pero no en su domicilio.
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