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Los fiscales de Perú piden la renuncia del fiscal general por la crisis de credibilidad

Aseguran que es la única manera de “superar la difícil situación” de la justicia

El fiscal general, Pedro Chavarry.
El fiscal general, Pedro Chavarry. Cordon Press

Aumenta la presión sobre el fiscal peruano, Gonzalo Chávarry. El jueves 30, la fiscal provincial Sandra Castro —que investiga al grupo criminal Cuellos Blancos del Callao— reportó en un informe que Chávarry, era miembro de dicha organización, que ha plagado de corrupción el Poder Judicial y otras entidades públicas. La revelación ha avivado las movilizaciones ciudadanas que exigen la salida del fiscal general, un clamor al que se han sumado 27 de los 34 presidentes de juntas de fiscales del país en un pronunciamiento difundido la noche del jueves.

Además del Fiscal de la Nación, otros dos fiscales supremos figuran como miembros de los 'cuellos blancos' en el informe de la fiscal Castro, y en varios audios de la corrupción del sistema de justicia, difundidos por la prensa desde el 7 de junio.

“Rechazamos los actos irregulares que han generado esta crisis institucional de corrupción. Solicitamos al fiscal de la Nación que ponderando las manifestaciones de la sociedad, adopte una decisión acorde a los intereses del Ministerio Público, que permita superar la difícil situación”, indica el comunicado de los 27 fiscales superiores.

El pronunciamiento es el tercero de la semana emitido por fiscales que piden la renuncia del titular del Ministerio Público, pero este es el de mayor peso, porque los fiscales superiores que presiden dichas juntas son los de mayor jerarquía en cada región del país.

Los fiscales sostienen también que los actos de corrupción, de público conocimiento, afectan “seriamente la credibilidad, confianza y estabilidad” de la institución.

El pasado lunes, Chávarry pagó el transporte a Lima de los 34 presidentes de juntas de fiscales para pedirles respaldo, pero no lo obtuvo: tres días después, los fiscales superiores han emitido este manifiesto.

El Congreso, de mayoría fujimorista, tiene pendiente, desde hace cuatro semanas, debatir el antejuicio político de Chávarry para que sea acusado penalmente por integrar la organización criminal que, según las pesquisas fiscales y los audios, lidera el juez supremo César Hinostroza y está ligada a políticos fujimoristas y financistas de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori.

La red de corrupción que se formó inicialmente en la Corte Superior del Callao también está formada por jueces superiores, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y asesores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Otras 14 cortes operaron bajo esa influencia, según el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado.

En la trama negociaban fallos judiciales y nombramientos o destituciones de magistrados y fiscales, a cambio de sobornos y otras prebendas como viajes, entradas al Mundial de fútbol o puestos laborales para sus familiares y allegados. Tras el escándalo, en julio renunció el presidente del Poder Judicial y el Congreso destituyó a los miembros del CNM, el organismo que nombra o remueve a los magistrados y fiscales.

Reacción civil

Una asamblea de decenas de organismos de la sociedad civil acordó, la noche del jueves, exigir la renuncia del fiscal general para “rescatar al país de la mafia que ha tomado el aparato de justicia”, refirió el ex Defensor del Pueblo Walter Albán.

El cardenal de Lima, Pedro Barreto, dijo en esa reunión que en el año 2000, en la crisis de corrupción del régimen fujimorista, “ante los vladivideos, (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos se fueron, pero ahora con los audios de la corrupción, Hinostroza y Chávarry siguen en sus puestos: eso es de suma gravedad”.

Las organizaciones acordaron pedir al Colegio de Abogados de Lima la inhabilitación profesional de Chávarry por haber violado el Código de Ética. “El fiscal no quiere renunciar y confía en que el Congreso lo proteja, ésta sería una opción”, explicó a EL PAÍS Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, anunció luego la creación de una red cívica por el referendum, para apoyar la iniciativa del presidente Martín Vizcarra acerca de la elección de los miembros del CNM y la reforma política.

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