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El presidente peruano someterá a consulta la reforma judicial

Martín Vizcarra propondrá también en un referéndum una reforma política tras el escándalo de las escuchas telefónicas

El presidente Vizcarra en el Congreso.
El presidente Vizcarra en el Congreso. EFE

En el mensaje anual por las fiestas patrias, el presidente Martín Vizcarra, ha anunciado un referéndum para las reformas judicial y política. Las consultas anunciadas este sábado incluyen decidir la no reelección de los congresistas, el financiamiento privado de las campañas electorales y la vuelta al sistema bicameral pues Perú eliminó el Senado en 1992. El anuncio llega tres semanas después del escándalo provocado por la publicación de audios de conversaciones que documentan la corrupción en el sistema de justicia, lo que ha llevado a miles de ciudadanos en casi todo el país a protestar en las calles y exigir la limpieza del sector. 

“Todos los peruanos van a poder ser parte y decidir el cambio que el país necesita. Vamos a tomar esas decisiones relevantes con ustedes”, dijo el mandatario que reemplazó en marzo a Pedro Pablo Kuczynski tras su renuncia. “La única forma de lograrlo es un claro apoyo de la ciudadanía, que está indignada con lo que revelan los audios, con los favores, con los negociados oscuros que benefician a unos pocos y que nos cuestan a todos, en especial a los más débiles”, añadió. 

El Parlamento, de mayoría fujimorista, ha sido renuente desde el inicio del Gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK), en julio de 2016, a aprobar reformas planteadas por el oficialismo y otras fuerzas políticas. El jueves, el fujimorista Fuerza Popular ganó nuevamente la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, la instancia que decide qué proyectos de ley son debatidos y quiénes presiden las comisiones. Los fujimoristas mantendrán su obstrucción al Gobierno y podrán seguir usando las comisiones parlamentarias de investigación para acosar o condicionar a sus enemigos políticos. 

Esto explica que el jefe de Estado haya recurrido a la figura del referéndum, que se ha aplicado pocas veces en las últimas décadas. En 1993, el entonces presidente Alberto Fujimori sometió al voto ciudadano la nueva Constitución: logró un 53% a favor y un 47% en contra. 

La corrupción del aparato de justicia expuesta en los audios producto de escuchas telefónicas legales da cuenta de los pactos y negociaciones irregulares entre fiscales, políticos, empresarios con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que nombra, ratifica y destituye jueces. Varias de las conversaciones aluden explícitamente a líderes fujimoristas y del Partido Aprista. 

La crisis llevó a la renuncia del presidente del Poder Judicial, la declaratoria de emergencia de esa instancia y la remoción de los consejeros del CNM. Además, un juez superior está en prisión preventiva y otro magistrado supremo será investigado por su amigo, el Fiscal de la Nación. 

Tras el escándalo de los audios, Vizcarra formó una comisión que propuso las medidas para la reforma de justicia. Una de ellas plantea que los consejeros del CNM sean designados por concurso de méritos, en vez del sistema de representación de colegios profesionales y universidades, la Corte Suprema y la Fiscalía. Este cambio requiere una reforma constitucional. También recomienda revisar los nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales realizados por los consejeros removidos. 

Reformas postergadas 

El presidente inició su mensaje a la nación con una alusión al Gobierno de Alberto Fujimori de los años 90. “Después de 18 años de haber sido testigos de uno de los mayores escándalos de corrupción que tuvo como protagonista la ‘salita del SIN’ (Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Vladimiro Montesinos), nuevamente nuestro país se ve envuelto en una seria crisis por hechos de corrupción en el ámbito de la administración de justicia”. 

En 2004, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, una comisión de expertos elaboró por encargo del Ministerio de Justicia un informe que recomendaba numerosas modificaciones a la Constitución de 1993 para mejorar el sistema de justicia. Ningún gobierno las concretó. 

Vizcarra también someterá a consulta una reforma política postergada desde 2016 por el Congreso de mayoría fujimorista. Esta abarca la reelección de congresistas, el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales, y la reinstauración de dos cámaras sin que se aumente la cantidad de parlamentarios (130). 

La mayoría de líderes y expresidentes de partidos políticos es investigada por la Fiscalía por aportes no declarados de empresas brasileñas en las campañas electorales de 2011 y 2016. Entre ellos están los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y la esposa de este, Nadine Heredia, además de Pedro Pablo Kuczynski. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, también enfrenta una investigación por haber recibido dinero de Odebrecht y evitar su destitución del cargo en 2013.