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Dimite el ministro de Justicia peruano por un escándalo de sobornos a jueces

La renuncia se produce después de que saliera a la luz una conversación entre Salvador Heresi y un juez investigado por traficar con fallos judiciales

El presidente Vizcarra y el ministro Heresi en una imagen de archivo.
El presidente Vizcarra y el ministro Heresi en una imagen de archivo. REUTERS

El ministro de Justicia, Salvador Heresi, ha presentado su dimisión la tarde de este viernes, tres horas después de que un medio local divulgara el audio de una conversación suya con el juez del Supremo César Hinostroza, uno de los principales protagonistas del escándalo en el sistema de justicia que han sido revelados desde el fin de semana por la prensa peruana.

En él, Heresi llama al juez Hinostroza para pedirle su opinión sobre una iniciativa de ley. Durante el diálogo, difundido por el programa de televisión Panorama, se tratan con extrema familiaridad y acuerdan una reunión para ver el asunto. "Necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería trabajar en el Congreso de manera multipartidaria, en materia de derecho penal y hubo una sentencia que tú trabajaste, que un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada ¿no?”, decía el entonces ministro.

El mandatario pidió al ministro que dimitiera de su cargo tras divulgarse esta conversación, según ha asegurado él mismo en Twitter. El funcionario respondió pocos minutos después en la misma red social. "A pesar de que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética. En aras de facilitar que el presidente de la República pueda continuar con la reforma planteada he presentado mi renuncia irrevocable al ministerio de Justicia". El hasta este viernes ministro tenía que liderar las negociaciones en el Congreso, de mayoría fujimorista, sobre una reforma del sistema judicial que había impulsado el presidente, Martín Vizcarra.

Los audios, que han llegado de manera anónima a los medios, son producto de una interceptación telefónica autorizada por el juez Cerapio Roque, a solicitud de una fiscal que investigaba, junto a la Policía Nacional, a una organización criminal ligada al narcotráfico en el puerto del Callao.

Los primeros audios, divulgados por IDL-Reporteros, han documentado indicios de tráfico de influencias y negociación de sentencias a cambio de sobornos y beneficios en la Corte Superior de Justicia del Callao, y en la Sala Penal de la Corte Suprema donde despachaba, hasta hace un par de días, el magistrado Hinostroza.

En el diálogo que más indignación ciudadana ha generado, Hinostroza pregunta a su interlocutor sobre un pedido de revisión de sentencia contra un violador de una menor de edad. El juez del Supremo pregunta: "¿Está desflorada?, ¿quieren reducción de sentencia o absolución?".

Otros audios evidencian la corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, la entidad que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales. En dichos diálogos, los consejeros comentan cómo reclutan a personal no cualificado para el trabajo, pero que "es amigo", es decir, confiable para la maraña de corrupción.

Un ministro cuestionado

Heresi es congresista de Peruanos por el Kambio, el partido que formó Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones presidenciales. Asumió como ministro del Gabinete de Vizcarra en abril, tras la renuncia de Kuczynski a la presidencia para evitar que el Congreso lo destituyera.

El ministro que acaba de renunciar trabajó durante varios años como secretario general y asesor legal de la administración municipal y regional del Callao para la agrupación política Chimpún Callao, cuyo fundador Alex Kouri está preso por corrupción desde el año pasado.

La madrugada del viernes un magistrado dictó una orden de arraigo para el juez supremo Hinostroza, a petición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Hinostroza comenzó sus vacaciones el jueves y -según la prensa local- pretendía viajar a España.

A raíz de las revelaciones de los audios, esta semana los periodistas Gustavo Gorriti y Rossana Cueva (directores de IDL- Reporteros y Panorama, respectivamente) han encarado acciones de intimidación por parte de dos fiscales y de la Comisión de Fiscalización del Congreso quienes les exigían informar acerca de la procedencia de los archivos. Ambos aseguraron que no revelarán sus fuentes.

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