Perú pide cooperación judicial para avanzar en el ‘caso Odebrecht’

En un año y medio de pesquisas del caso Odebrecht, el Ministerio Público de Perú ha cursado 179 pedidos de asistencia judicial a 22 países, y aunque ha logrado “un número interesante” de colaboraciones para abrir 34 investigaciones fiscales, “la mayoría de los pedidos no han tenido respuesta”, informó a EL PAÍS el fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial encargado de Lava Jato en Perú.

Durante una rueda con la prensa extranjera, Castro informó que el monto de las cuentas bancarias congeladas o bloqueadas es de aproximadamente US$ 15 millones de dólares, “incluido un paquete de acciones con fines de decomiso”, precisó.

El Equipo Especial de investigación para el caso Lava Jato, liderado por cuatro fiscales provinciales, tiene a su cargo 34 casos, un número –según Castro- con tendencia a crecer, pues en enero eran 26 carpetas fiscales.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, explicó que el caso Odebrecht no solo es responsabilidad de ese grupo de tarea –que investiga los sobornos que entregó la constructora brasileña a funcionarios públicos y políticos–, sino también de las fiscalías de lavado de activos, que indagan sobre el dinero que la empresa entregó a partidos políticos durante campañas electorales.

Sánchez realizó un balance del caso Lava Jato, dado que su período como Fiscal de la Nación concluye el 21 de julio.

A la fecha, afrontan investigaciones preliminares por lavado de activos, los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, por haber presuntamente recibido aportes de campaña de la constructora para las elecciones de 2006 y 2011.

Por otro lado, el coordinador de las fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, comentó que por la cantidad de pruebas acumuladas a la fecha, deben formular pronto la acusación contra el expresidente Ollanta Humala, una acción que aún no han realizado debido a que la defensa del exmandatario interpuso varias acciones dilatorias, como la recusación del juez que ordenó la prisión preventiva de Humala mientras transcurre la investigación fiscal.

El Ministerio Público investiga también a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por aceptar fondos de Odebrecht y de otra constructora brasileña en 2013, durante una campaña para evitar su destitución del cargo.

Los pedidos de apoyo

Los pedidos de asistencia judicial está destinados a la obtención de pruebas, que pueden ser documentos o también terabytes de información contenidos en sistemas informáticos bancarios o de las empresas.

El fiscal Castro indicó que su equipo ha enviado 87 pedidos de asistencia judicial, y los países con más cantidad de solicitudes son Brasil, Estados Unidos, Suiza, Panamá y Andorra.

Sumando las peticiones de todas las fiscalías que investigan casos vinculados a las constructoras brasileñas, el Ministerio Público ha cursado 179 pedidos y han sido atendidos 46. Brasil respondió 17 pedidos, pero están pendientes 48. Suiza absolvió 17 pedidos y tiene pendientes siete.

El jefe del Equipo Lava Jato reportó que Perú ya aceptó los términos de referencia para que Brasil, mediante el mecanismo de cooperación judicial, entregue los sistemas informáticos My Web Day y Drousys que usó Odebrecht para registrar los pagos ilícitos. El acuerdo indica que la información solo debe ser utilizada para investigaciones del Ministerio Público y no podrá ser entregada a ningún político ni organización política.

El fiscal de la Nación comentó que en Brasil las autoridades llevan cuatro años de investigación del caso Lava Jato, y Perú en año y medio ha logrado congelar 64 cuentas bancarias y ha identificado dos mil operaciones financieras y 34 empresas en paraísos fiscales usadas para el pago de sobornos a funcionarios o de aportes no declarados entregados a partidos políticos. “En Perú nos dicen que vamos lento, pero afuera señalan que avanzamos”, añadió Sánchez.