El Gobierno de Perú recurre la reciente prohibición de incluir publicidad en medios privados

El Congreso peruano aprobó el pasado jueves una ley que prohíbe a las entidades públicas contratar publicidad en medios de comunicación privados. La norma, que entró en vigor este martes, surgió de una iniciativa de la mayoría fujimorista en el Parlamento. Este jueves el Gobierno, que no cuenta con mayoría en la Cámara, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda porque asegura que atenta contra derechos a la información y la libre contratación, entre otros. 

La denominada Ley Mordaza fue aprobada el pasado jueves en el Parlamento -liderado por el partido fujimorista Fuerza Popular- "por insistencia". La figura de la insistencia hace referencia a que el Gobierno rechazó esta misma ley en marzo y la devolvió al Congreso con 11 observaciones, después de que la Comisión Permanente del Parlamento la hubiese aprobado en febrero.

Aunque el texto de la ley indica que el objetivo es regular el gasto de publicidad del Estado, el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, expresó varias veces que la propuesta intenta castigar a los medios que se muestran favorables al Gobierno y  no comparten los puntos de vista de su partido Fuerza Popular. Galarreta calificó a estos medios de "mermeleros" porque, asegura que reciben publicidad estatal a cambio de su línea editorial.

La norma fue publicada este lunes en el diario oficial y establece que "las entidades públicas podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en medios de comunicación del Estado a tarifa de costo y queda prohibida toda publicidad en medios privados".

Al presentar la demanda de inconstitucionalidad este jueves, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, dijo que "están resquebrajándose derechos constitucionales como el derecho a la información de los ciudadanos sobre las acciones de su Gobierno, y la obligación del Estado de informar", además de la libertad de expresión y la libre contratación. "No podemos aceptar que quienes no están de acuerdo con las críticas que hacen los medios de comunicación, utilicen las argucias de una norma legal para prohibir la publicidad estatal", añadió.

Además, el miércoles, parlamentarios del partido de Gobierno, Peruanos por el Kambio, también presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda similar contra la ley, firmada por 33 congresistas. Algunos pertenecen a las bancadas de Alianza por el Progreso, Acción Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio y No agrupados -es decir, congresistas sin bancada-.

La ley plantea que las entidades públicas abran perfiles en las redes sociales para que difundan por esa vía las informaciones, pero menos del 50% de los peruanos tiene acceso a Internet. Voceros de las empresas de medios privados han informado de que la publicidad estatal representa entre el 6 y el 8% de sus ingresos; sin embargo, los directores de algunas radios comunitarias y educativas, en particular las ligadas a obispados en regiones rurales poco cubiertas por los medios de comunicación más grandes, han alertado de que esas emisoras podrían cerrar.

Radio Cutivalú de Piura, creada en 1986 por los sacerdotes jesuitas de esa región, informó el jueves de que unas 30 radios locales podrían cerrar debido a la anulación de contratos de publicidad estatal. Líderes de opinión, gremios de empresas y de periodistas, y políticos han criticado la Ley Mordaza pues también se verán afectados los beneficiarios de programas sociales, quienes mediante anuncios en la radio se enteran de la fecha en la que pueden cobrar las ayudas que reciben.

Otra campaña del Estado que se difunde en la radio y que es especialmente importante para las regiones del sur y de la Amazonía, es la que difunde el número de emergencia para aquellas personas víctimas de trata. Radio Sepahua, una radio católica en la región amazónica de Madre de Dios, ha anunciado que aunque el Estado no pague, continuará difundiendo estos spots, por la gravedad que representa este delito en ese departamento.