El ex juez supremo de Perú acusado de pertenecer a una red corrupta se fuga a España

Tras 24 horas de rumores sobre la fuga del destituido juez supremo peruano César Hinostroza, las autoridades peruanas confirmaron este miércoles que el jurista —acusado de pertenecer a la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto, una potente red corrupta que se infiltró en el sistema de justicia y en la que, entre otros, participan empresarios y políticos del partido fujimorista Fuerza Popular— había aterrizado en Madrid a última hora de la tarde hora española. Hinostroza había infringido, así, una orden de arraigo emitida hace tres meses, tras la publicación de un demoledor informe de una fiscal sobre su vinculación con la trama corrupta. Horas después de que se conociese la fuga, el presidente peruano, Martín Vizcarra, aceptó la dimisión de su ministro del Interior, Mauro Medina.

Más información

El fujimorismo blinda al juez investigado como líder de una red de corrupción

La mayoría fujimorista en el Congreso peruano blinda al fiscal general

Detenidos dos de los principales asesores de Keiko Fujimori

Este miércoles por la noche, cuando la huida ya era voz populi y el escándalo amenazaba con sacudir los cimientos institucionales de Perú, el primer ministro de Martín Vizcarra, César Villanueva, informó de que Hinostroza había "salido ilegalmente como cualquier delincuente" el pasado 7 de octubre, evadiendo los controles migratorios por el norte de Perú. Cruzó a Ecuador por la ciudad de Huaquillas y tomó en Guayaquil un vuelo a Ámsterdam (Países Bajos) usando un pasaporte ordinario, toda vez que la Cancillería le había anulado el diplomático tanto a él como a su esposa. El diario peruano El Comercio adelantó la huida del poderoso magistrado.

Antes de poner su cargo a disposición de Vizcarra, Medina agregó que las autoridades no podían impedir el desplazamiento del exjuez por el interior del país. El martes, la Superintendencia de Migraciones descartó que Hinostroza hubiera salido de Perú por los controles migratorios habituales y el propio abogado del exjuez negó tajantemente ese extremo. Pero la versión de que su esposa ya había partido la semana pasada en dirección a Europa había sido el pistoletazo de salida para los rumores.

Antes de la medianoche del jueves (hora de Lima) el juez supremo Hugo Núñez Julca ha ordenado la ubicación y captura internacional para Hinostroza, tras la petición del Ministerio Público. El Poder Judicial ha informado de que la medida debe ejecutarse en coordinación con la Policía Nacional e Interpol. Núñez es el magistrado que ve los casos de los desaforados y anuló a principios de mes el indulto al autócrata Alberto Fujimori.

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, ha asegurado que se "activará la cooperación judicial y policial, empezando por supuesto por España". Dos policías de Interpol Perú y un funcionario de Cancillería viajarán este jueves a Madrid para darle seguimiento al asunto.

Protección del fujimorismo

La formación fujimorista Fuerza Popular intentó proteger dos veces a Hinostroza en sendas comisiones del Legislativo para que no fuera investigado por pertenencia a organización criminal, un delito que en Perú está castigado con una pena mayor que el tráfico de influencias y el patrocinio ilegal. Solo la presión política y ciudadana llevó, a principios de octubre, al Pleno a revertir la decisión tomada en las instancias previas y a acusarlo no solo de infracción constitucional, sino a destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por espacio de diez años.

El martes, cuando surgieron las primeras versiones sobre su huida, quedó claro que la oposición fujimorista, mayoritaria en el Congreso, había guardado en una gaveta el documento que permitiría a la Fiscalía continuar la investigación a Hinostroza. El congresista Oracio Pacori, quien elaboró hace semanas el informe de acusación constitucional contra el magistrado para pedir su desafuero, preguntó al presidente del Congreso si la decisión del Legislativo del 4 de octubre, de levantarle el fuero para que un fiscal supremo lo investigue había sido ya enviada al Poder Judicial. El fujimorista Daniel Salaverry respondió que el expediente de acusación constitucional no había sido despachado. "Los responsables de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted", le respondió a través de Twitter, pero pocos le creyeron: su tuit anterior era un mensaje cariñoso a Keiko Fujimori disculpándose por no poder visitarla en el lugar en el que se encuentra detenida.

El documento en el que Salaverry informaba la decisión del Legislativo al fiscal general Pedro Chávarry, fechado el 9 de octubre, quedó durmiente durante 12 días y solo se movió tras el tuit del parlamentario Pacori, del izquierdista Nuevo Perú. Sin embargo, la fuga del exfuncionario no se debe solo a la demora en el Congreso: el propio Chávarry —también señalado por su supuesta pertenencia a la organización criminal que supuestamente encabeza su amigo Hinostroza— pudo haber exigido al Parlamento el expediente para continuar las investigaciones al magistrado destituido.

¿Por qué defiende el fujimorismo a Hinostroza? El vínculo entre la líder de la oposición, Keiko Fujimori —que lleva casi una semana detenida de forma preliminar—, con el magistrado se dio cuando éste presidía un tribunal supremo a cargo de revisiones de sentencia y una casación suya exoneró al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, de ser investigado por lavado de activos. Este año, la hija de Alberto Fujimori —que gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000— esperaba a que Hinostroza decidiera otra casación, en este caso para evitar que la fiscalía la investigara a ella misma por pertenencia a organización criminal en el caso cocteles: la pesquisa por las donaciones ilegales de 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 a cambio de futuras concesiones. Según un colaborador en la investigación, Keiko Fujimori e Hinostroza conversaron en una reunión este año sobre ese caso. Los voceros de Fuerza Popular se han desmarcado de cualquier tipo de responsabilidad, que trasladan íntegramente al Ministerio del Interior por no haber evitado su fuga.