Perú insta a España a detener y devolver al juez que se fugó para no ser investigado por corrupción

Un día después de que el Gobierno peruano confirmase que el destituido juez supremo César Hinostroza, acusado de pertenecer a una potente red de corrupción, había huido a Europa infringiendo una orden de arraigo en su contra, continúa el control de daños en todos los poderes del Estado. En el transcurso de un foro anticorrupción, el presidente Martín Vizcarra ha reaccionado ante la fuga a Madrid del presunto jefe de la organización criminal que se aprovechó del sistema de justicia. "Estamos seguros de que España, un país democrático inserto en la comunidad internacional", ha dicho el mandatario peruano, "no protegerá a quienes están perseguidos por la justicia peruana". En otras palabras: el Ejecutivo peruano espera que España detenga y devuelva a Perú a Hinostroza.

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Las autoridades peruanas han ofrecido 12.000 dólares a quien pueda ofrecer pistas sobre el paradero del magistrado, del que se sabe que aterrizó el miércoles por la noche en el aeropuerto Adolfo Suárez y que, según Efe, ya ha pedido asilo en España. Está previsto, además, que Interpol active en las próximas horas una alerta roja para dar con Hinostroza. Ambos países tienen suscrito un acuerdo de extradición desde 1989.

Después de que se hiciese pública la fuga, el miércoles por la tarde, un fiscal supremo peruano pidió al juez de instrucción Hugo Núñez Sulca que dictase una orden de captura internacional contra el abogado. El fiscal solo podía hacer dicha solicitud al recibir el expediente de acusación constitucional del Congreso, que la Cámara despachó con 11 días de retraso. Una vez emitida la orden de captura, un par de policías peruanos han viajado a España para tramitar -ante sus pares en Francia y España- la alerta de código rojo, según informó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

“La alerta roja debe estar siendo notificada para neutralizar la posibilidad de que pueda movilizarse por Europa. Los dos policías y el embajador que han viajado a España argumentarán una expulsión”, indicó el titular de Justicia en una comparecencia en el Congreso que había sido solicitada por la mayoría fujimorista. También en sede parlamentaria, el primer ministro, César Villanueva, profundizó en las palabras de Vizcarra y subrayó que el Ejecutivo peruano confía en "la voluntad del Gobierno español de cooperar en un problema que atañe no solo a Perú, sino a todos los países", y anunció conversaciones al más alto nivel político para "lograr éxito en el retorno al país de este señor".

“Fallamos todos”

Zeballos, como había hecho el presidente horas antes, señaló la responsabilidad de la bancada de Fuerza Popular -de corte fujimorista- en la fuga, que pocos días atrás protegió a Hinostroza para que no fuera investigado por pertenencia a organización criminal, un delito cuya pena es mayor que los otros tres por los cuales también es investigado. "Hace un par de semanas en este mismo hemiciclo estuvo César Hinostroza. Una errada decisión [del Congreso] ha puesto en tela de juicio no solo el sistema de justicia, sino el sistema político". Las responsabilidades, en cambio, deben ser compartidas: “Hubo algunas irregularidades en el Parlamento, fallamos todos. En este momento no estamos preparados, es una oportunidad para construir mejores respuestas”, agregó el ministro de Justicia.

El martes, cuando surgieron las primeras versiones de una posible fuga del juez destituido -e inhabilitado para la función pública por diez años- la Superintendencia de Migraciones informó a EL PAÍS y a otros medios de Lima de que no tenían registrada la salida de Hinostroza por ninguno los 17 puntos de control que administra. Sin embargo, el primer ministro adelantó en el Congreso que en las próximas horas difundirían un vídeo sobre las “fallas en el control”.

Más tarde, Migraciones difundió en su cuenta de Twitter imágenes de circuito cerrado de un puesto de control migratorio en la frontera con Ecuador en las que aparecen dos funcionarias, Hinostroza y un acompañante. En el vídeo, el exmagistrado entrega su pasaporte una vez a cada empleada, a través de una ventanilla, mientras ellas revisan la pantalla del ordenador. Migraciones, una dependencia del Ministerio de Interior, indicó que una de las inspectoras ha sido separada del cargo para que sea investigada por su supuesta complicidad en la fuga del ex magistrado supremo peruano.