Deseos, razones, derechos

El president Torra ha puesto en relación los dos temas esenciales del programa independentista al vincular la situación de los dirigentes presos con el derecho de autodeterminación: si no son absueltos ustedes habrán legitimado la autodeterminación, deslizó en el debate de política general del pasado martes. No se defiende ese derecho en función de razones que lo justificarían sino como elemento de presión al Gobierno central y a los jueces que juzgarán a los políticos presos.

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Pero la autodeterminación no solo divide a la población sino a cada partido o coalición en particular, lo que inclina a una parte de sus dirigentes a matizar su entusiasmo voluntarista. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, por ejemplo, lleva meses advirtiendo que la estrecha mayoría independentista en el Parlamentes insuficiente para legitimar una ruptura tan traumática.

Y que, por ello, la prioridad política del momento es ensanchar la base social del soberanismo mediante un pacto que incluya a sectores no independentistas pero partidarios de la autodeterminación, como los comunes y quizás una parte del PSC. Opinión que comparte el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. No se trata solo de que el independentismo siga sin sumar una mayoría en votos, nunca alcanzada, sino que un referéndum de autodeterminación en términos de sí o no a la separación inevitablemente dividirá a la población en dos mitades de peso comparable.

Los menos sectarios del mundo soberanista admiten la dificultad de articular una mayoría amplia y transversal. Sobre todo si, como también ha dicho Tardà a propósito del País Vasco, “cuanto más ancho sea el acuerdo, mejor; pero con derecho a decidir”. El problema es que si la condición es esa, no habrá pacto. Porque una enseñanza de la crisis catalana es que esa ampliación de la base social solo puede alcanzarse sobre el principio compartido de un autogobierno quizás reforzado competencialmente pero respetuoso en todo caso con la legalidad. Es decir, en el marco del régimen autonómico. Ampliación de los apoyos y autodeterminación son objetivos contradictorios. A más autodeterminación menos mayoría y menos transversalidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a organizarse para cambiar las leyes pero no para ignorarlas.

De ahí el principio básico del Estado de derecho según el cual “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. Su equivalente en la lengua de Montesquieu suena más enérgico: “Nul n’est pas censé d’ignorer la loi”. O sea, que nadie está autorizado a ignorar la legalidad. Lo que significa que en el Estado de derecho no hay lugar para el subjetivismo extremo consistente en no considerarse concernido por las normas con las que no se está de acuerdo.

El portavoz de Esquerra dice que cada vez hay más catalanes que se consideran “antes demócratas que autonomistas”. Es un falso dilema porque demócrata y autonomista no son términos contradictorios. La autonomía es un componente esencial de la democracia moderna, mientras que el independentismo puede ser y es con frecuencia incompatible con ella.

Ese voluntarismo ha llevado también a dar por bueno que un criterio válido de legitimidad de la separación pueda ser la expresión de un puro acto de voluntad. Pero la voluntad de separación no exime de argumentar las razones que la justificarían. Antes será preciso estudiar la entidad de los agravios invocados, considerar los posibles remedios menos traumáticos alternativos a la secesión y los nuevos agravios generados en el Estado afectado, así como en el orden internacional (Andrés de Blas, Enciclopedia del Nacionalismo).