La bancarrota ética

Colombia, como América Latina, vive una emergencia ética por cuenta de la corrupción. Sin ética peligra la democracia. Así lo entendió la rectora de un prestigioso colegio de Barranquilla, quien impartió una lección al país cuando decidió graduar sin ceremonia, en junio, a 61 estudiantes por el fraude cometido por unos pocos de ellos, durante un simulacro de las pruebas de Estado para bachilleres. La justicia la apoyó en su decisión, al negar una acción de amparo constitucional que interpusieron en su contra algunos padres de familia. No debería haber duda de que quien hace trampa no merece ningún reconocimiento, sino una fuerte sanción social.

En momentos en que crece en la región latinoamericana la percepción de que la corrupción no tiene cura, resulta inspirador el valor civil de esa rectora, porque si cada ciudadano, desde su ámbito de acción, diera batallas decisivas contra ese flagelo, las cosas cambiarían y estaríamos en la ruta de ganar la guerra contra la impunidad, no solo legal sino social. Este episodio debería suscitar una profunda reflexión sobre la ética, la democracia y el valor ciudadano.

La ética pública es la llave de la transformación de la sociedad y la construcción de la convivencia

La corrupción mantiene a los latinoamericanos sumidos en la desesperanza. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de uno que logra transformarse, mimetizarse y reinventarse, incubado en el alma de los que no tienen escrúpulos, para burlar la ley y las talanqueras éticas que la justicia, los medios de comunicación y la sociedad levantan. Sin embargo, no todo está perdido: millones de colombianos gritaron su voto contra la corrupción y repudiaron la cultura facilista mafiosa, que echó raíces y es necesario extirpar. Así se expresaron en las urnas, el domingo 26 de agosto, más de 11,6 millones de votantes que le dijeron no a la corrupción, sentando las bases de un frente ciudadano que manda un fuerte mensaje a la clase política para que legisle y precipite una primavera de la ética en Colombia.

De tiempo atrás he insistido en que la crisis ética reclama un gran pacto social contra la corrupción, una agenda precisa y una ruta de acción que dé resultados. La comunidad internacional es fundamental en ese proceso. La corrupción es crimen organizado internacional y debería ser compromiso inescapable de la política internacional de los Estados en Iberoamérica. Y no ha sido así.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas que sobrevive, crece y se reproduce. Superar la creciente percepción de tolerancia social e invulnerabilidad de ese delito exige acciones inmediatas y eficaces. Pero, sobre todo, unidad, voluntad política regional y fuerte participación ciudadana. La consulta del último domingo de agosto en Colombia es un paso gigante en la dirección correcta. Aunque no se alcanzó el umbral, el mensaje político no puede ser ignorado por nadie.

Vivimos tiempos de incertidumbre y polarización. Es inaudito que un tema que debería unir a nuestros países los divida. Y que del caos se pueda demostrar que la ley nacional protege a los propios bandidos y no a los funcionarios honestos. Porque la infausta tesis de que cada país juzgue a sus propios corruptos impide que se reconozca la verdad sobre los peces gordos de la corrupción. Es prioritario restablecer la confianza en la justicia y en la institucionalidad, derrotando a las multinacionales de la corrupción que, luego de burlar a los Estados, los demandan por cifras multimillonarias, ofendidos por el coraje de los órganos de fiscalización que frenamos sus trapisondas, luego de sancionarlos por saquear el erario.

Los órganos de lucha contra la corrupción, como la Procuraduría General de la Nación en Colombia, tienen una enorme responsabilidad en la recuperación de la confianza en la justicia. Durante los últimos años hemos demostrado que se puede trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, con objetivos comunes, en salvaguarda de los intereses vitales de la nación. Falta mucho por andar para sacudirnos del estigma de ser una de las regiones más laxas frente a la corrupción.

Es la ética pública la llave de la transformación de la sociedad y la construcción de la convivencia. Las nuevas generaciones deben bajar la ética de la nube digital y volverla realidad en su vida diaria. En Barranquilla se demostró que la ética cambia vidas y que sin ética no habrá futuro. El domingo 26 se despertó el poder ciudadano para decirle a los corruptos que nunca más habrá tolerancia con la impunidad. La región latinoamericana debe sintonizarse con ese grito ciudadano contra la corrupción que se ha lanzado desde Colombia.

Fernando Carrillo Flórez es procurador general de Colombia.