Fuegos cruzados

La decisión de exhumar a Franco no solo era una exigencia histórica, sino que suponía un aliciente para que el PSOE afirmase el liderazgo en la izquierda que estuvo a punto de perder. No deja, empero, de tener costes, en especial a la vista del hacha de guerra desenterrada por la derecha. Pudo verse ya con ocasión de la entrada en escena de la Memoria Histórica, combatida por sus líderes de opinión con una visceralidad cuya única explicación podía residir en que, efectivamente, se consideraban herederos de los valores y de los intereses de la dictadura, aun cuando proclamarlo abiertamente resultara demasiado costoso. Como sabemos, Baltasar Garzón pagó la factura.

Ahora el tono ha subido y sus portavoces en las tertulias despliegan una permanente agresividad. “Comunistas, comunistas, comunistas”, chillaba el tipo con gestos histriónicos cuando una periodista demócrata invocaba el antifranquismo. Con la coartada de denunciar la falsa urgencia de la exhumación, sin argumentar en momento alguno sobre cuando debería hacerse, llegan a hablar de la ruptura del consenso de la Transición. El voto sin oposición en el Congreso de la proposición no de ley sobre el tema, queda olvidado. Ciudadanos votó entonces a favor, ahora se abstiene, respaldando de hecho al frente del no, diseñado inicialmente por el PP en convergencia con la familia Franco. Esto sí que suponía una inesperada y peligrosa ruptura del consenso constitucional, con el regreso de los fantasmas del pasado. Al fin Pablo Casado se dio cuenta y eligió la abstención. Riesgo superado.

Un enfrentamiento nada deseable que se integraba en una sensación de cerco al Gobierno, favorecida en primer término por el juego de presiones, ante todo independentistas, que actúa sobre la política catalana de Pedro Sánchez. Su esfuerzo de normalización es saboteado desde un Govern que prepara su relanzamiento de la ruptura en septiembre, mientras el componente nazi de los radicales asoma en torno a los lazos amarillos, con la agresión brutal a una mujer y el inefable ataque de un alcalde a Arcadi Espada y a sus bitxos.

Como se ha visto en el asunto Llarena, la fragilidad resulta evidente. Solo ante la movilización de jueces y fiscales, el Gobierno defiende sin reservas la previa actuación judicial del Estado. Sus servicios técnicos fueron, además, incapaces de percibir el crucial falseamiento de las palabras del juez al ser traducidas en la demanda de Puigdemont. Trileros unos, miopes otros.

De paso, el PNV intentará como siempre vender su apoyo parlamentario a cambio de que Sánchez tolere su avance hacia el Estado dual. Falta el reto presupuestario, donde espera la cuadratura del círculo de actuar eficazmente contra la desigualdad sin saltarse, como pretende Podemos, las reglas europeas sobre el déficit. Un más difícil todavía.