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Rogativas contra la corrupción

El llamamiento de la Cumbre de las Américas servirá de poco sin medidas efectivas

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos rodeado del presidente peruano, Martin Vizcarra, chileno, Sebastian Pinera, y mexicano, Enrique Pena Nieto, durante la VIII Cumbre de las Américas en Lima (Perú).
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos rodeado del presidente peruano, Martin Vizcarra, chileno, Sebastian Pinera, y mexicano, Enrique Pena Nieto, durante la VIII Cumbre de las Américas en Lima (Perú). REUTERS

Nueva avalancha de retórica del pasado, esta vez en Lima, sobre una lacra primigenia y aparentemente incurable mientras no se siembre decencia en hogares, colegios e instituciones. La Cumbre de las Américas denunció la corrupción regional sin pasar del voluntarismo a la obligatoriedad de acciones concretas, a la coerción democrática contra la impunidad, espoleta de casi todos los males. Las causas de la corrupción son complejas, pero la fundamental es la impunidad: la incapacidad de los Estados para castigar a los delincuentes en gobiernos y administraciones. El expediente Odebrecht es un manual de instrucciones de un fenómeno transversal en Latinoamérica. No solo roban los funcionarios.

Como el universo de las triangulaciones en paraísos fiscales es complejo, la ciudadanía se subleva con los escándalos llamativos. Ayudado por una monja, un exministro argentino fue sorprendido escondiendo en un convento 160 bolsas repletas de efectivo, otro brasileño camufló 16 millones de dólares en maletas, y un exsenador mexicano matriculó un Ferrari en tierra de nadie. Las rogativas de las cumbres de poco sirven si no se acompañan de mecanismos que realmente combatan la depredación de las arcas públicas. Los pronunciamientos acordados en Lima y, periódicamente, en otras reuniones de jefes de Gobierno y Estado, son un brindis al sol mientras las fiscalías y los organismos investigadores no conquisten su independencia, se disocien de los partidos y Ejecutivos de turno, y dispongan de los medios necesarios para cumplirnsu trabajo.

La transparencia, el conocimiento del número de delitos investigados y sentenciados con condenas, y la masiva divulgación de los proyectos de Estado contra los Ferraris y los dineros de sacristía contribuirían al esfuerzo común contra una enfermedad crónica y antigua en América Latina. No todo es negativo. Afortunadamente, la tolerancia disminuye, el juicio crítico se agudiza, y la coalición de redes sociales, periodismo y jueces movilizados contra la corrupción obtiene resultados.

Esa toma de conciencia, sin embargo, no ha logrado revertir un fenómeno presente en el ADN latinoamericano. La sucesión de escándalos, desde hace decenios, así lo demuestra. El compromiso asumido en Lima por la VIII Cumbre de las Américas, titulado Gobernabilidad democrática frente a la corrupción, derrocha la grandilocuencia de las anteriores cumbres cuando se trata de abordar problemas estructurales. El diagnóstico de la enfermedad es certero, pero la medicación muy débil. La declaración final impulsa y promueve sin obligar, sin definir los resortes de la coerción. No puede hacerlo. De implementarse las recomendaciones aprobadas por aclamación en Lima, los avances serían sustantivos.

La utilización de sistemas electrónicos para las compras gubernamentales, la contratación de servicios y la obra pública garantizaría mayor transparencia; la bancarización de ingresos y gastos de los partidos en campaña electoral permitiría su identificación, y la autonomía judicial, independencia a la hora de dictar sentencia. En tierras de plomo o plata, la protección de los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción es tan urgente como imprescindible.

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