Raúl Cervantes, procurador de México, envuelto en una polémica por la matriculación de un Ferrari
El fiscal matriculó el vehículo en una casa deshabitada del Estado de Morelos, donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia
El procurador (fiscal) general de la República, Raúl Cervantes, es el último de una larga lista de servidores públicos que han optado por matricular sus autos de alta gama en el Estado de Morelos (suroeste de la Ciudad de México) para ahorrarse unos cuantos miles de pesos al año. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, Cervantes tiene un Ferrari 458 Coupé que costó casi cuatro millones de pesos (230.000 dólares) registrado en una casa deshabitada de Xochitepec (19 kilómetros al sur de Cuernavaca) en la que hay otros tres coches matriculados. El auto se registró en ese domicilio en el verano de 2012, pocos días después de que Cervantes tomase posesión como senador del PRI. La noticia llega en un momento en que su posible pase automático de procurador a fiscal general ha suscitado duras críticas contra en México.
La mayoría de quienes tienen suficiente dinero para comprar un auto de alta gama y viven en la capital, eligen Morelos para matricular su coche por un motivo: evitar tener que pagar el impuesto de Tenencia. La cercanía física a la Ciudad de México y las facilidades que otorgan muchas agencias (concesionarios) hacen bien sencilla la operación: el coche ya es entregado a su propietario con placas de Morelos, toda vez que ya ha sido matriculado en un domicilio falso –casi siempre en barrios populares– que les permite esquivar la tasa. Solo piden una identificación oficial, la factura de compra y un pago por gestoría de entre 5.300 y 7.000 pesos, según la investigación del ente anticorrupción.
Esta situación se produce desde hace cinco años, cuando el cobro del impuesto de Tenencia se transfirió del Gobierno federal a los Estados. Ese movimiento propició que algunas entidades, como Morelos, movieran ficha para competir fiscalmente con sus pares. La situación ha llegado a tal extremo que hoy es difícil no toparse con un auto de alto nivel matriculado en Morelos en un semáforo cualquiera del Paseo de la Reforma, una de las principales arterias de la capital mexicana. La popularización de este ahorro fiscal ha supuesto, según Mexicanos contra la Corrupción, una merma de recaudación de entre 1.000 y 2.000 millones de pesos en las arcas capitalinas (entre 56 y 112 millones de dólares).
El mecanismo es legal, pero de dudosa ética: los dueños de los coches de alto nivel dejan de pagar impuestos en el lugar en el que deberían –en este caso, en la Ciudad de México– para hacerlo en una proporción mucho menor en otro Estado –en este caso, en Morelos–. Otras entidades, como Puebla, también cuentan con esquemas favorables para los vehículos de gama alta. Pero las condiciones no son tan ventajosas como las que ofrece Morelos.
Solo vehículos de lujo
Los autos que cuestan menos de 250.000 pesos (14.000 dólares) están exonerados de pagar el impuesto de Tenencia, de ahí que haya tan pocos coches económicos con placas de Morelos circulando por la Ciudad de México. Para vehículos de mayor valor, la diferencia es considerable: un Audi A4 completamente equipado que cuesta casi 1,2 millones de pesos nuevo pagaría, según los datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, casi 100.000 pesos el primer año si tuviera placas de la Ciudad de México. Esa cifra se reduce en gran medida si se opta por matricularlo en Morelos. La diferencia, en todo caso, es mínima respecto a la que habría en el caso del Ferrari del procurador Cervantes.
A última hora de la tarde, la representante legal de Cervantes ha alegado en un comunicado que se trató de un "error administrativo" y ha subrayado que el vehículo se compró, con sus recursos, cuando el hoy procurador general no ejercía ningún cargo público. "A diferencia de otros casos, el Dr. Cervantes sí tiene residencia legal en el Estado de Morelos", añade. "Sobre el registro del vehículo (...) que hizo la agencia que importa/vende estos coches, el Dr. Cervantes se enteró esta misma mañana en el periódico y ya se hicieron los ajustes correspondientes", que la nota no precisa. Estos argumentos llevan a la letrada del procurador mexicano a concluir que, en este caso, "no hay ninguna ilegalidad, ni siquiera beneficio fiscal: lo que hay es un error administrativo en el registro de un domicilio a otro en Morelos", concluye.
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