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México inicia su lucha contra la corrupción con un sistema legal incompleto

El ambicioso entramado legal arranca sin un fiscal que investigue los ilícitos y sin magistrados especializados que sancionen a funcionarios y particulares

En Morelos, ciudadanos protestaron en contra del gobernador Graco Ramírez, a quien acusan de corrupción.
En Morelos, ciudadanos protestaron en contra del gobernador Graco Ramírez, a quien acusan de corrupción. CUARTOSCURO

México pone en marcha su Sistema Nacional Anticorrupción con carencias técnicas que podrían poner en riesgo los resultados esperados de su funcionamiento. El ambicioso entramado legal para combatir uno de los problemas más graves del país arranca este miércoles sin un fiscal que investigue los ilícitos y sin magistrados especializados que sancionen las faltas administrativas graves de los funcionarios y particulares. Tampoco están listos los 32 sistemas locales que forman parte del sistema. Una treintena de organizaciones sociales advirtieron el lunes que el naciente sistema está despertando resistencias y urgieron a fortalecerlo. Una de las exigencias es constituir una fiscalía autónoma, independiente y eficaz.

La reforma constitucional de 2015 que le dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) representó un avance histórico en la lucha contra este mal endémico que le cuesta al país el 10% del PIB. El marco legal creó mecanismos para detectar, denunciar y sancionar a cualquier servidor público que sea partícipe de corruptelas y también brindó facultades para castigar a particulares que cometan conductas ilegales. Se fortaleció a la Auditoría Superior de la Federación –el máximo órgano fiscalizador- para que audite en tiempo real el dinero público y no presente sus resultados de forma desfasada como ocurría hasta ahora. La robusta legislación obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses, situación que antes quedaba a decisión del funcionario.

Los escándalos en la opinión pública como la cuestionada casa blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y las acusaciones penales contra gobernadores como Javier Duarte (PRI), de Veracruz, que utilizaron los recursos públicos como un botín, obligaron al Gobierno a retomar la agenda legal contra la corrupción. Una vez que el entramado de siete leyes fue aprobado, los siguientes pasos para hacer realidad el sistema se fueron retrasando. Así, este miércoles, inicia operaciones tras una campaña de cuestionamientos y golpeteo político en contra de los integrantes ciudadanos del sistema y sin recursos suficientes que garanticen su adecuada operación.

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas —que agrupa a unas 80 organizaciones sociales, públicas y académicas—, explica que también están pendientes los nombramientos de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que serán los encargados de imponer las sanciones a los servidores públicos y a particulares que sean partícipes de actos de corrupción. “El sistema entra en un contexto altamente politizado, complejo, de fin de sexenio, con elecciones en puerta y con nombramientos pendientes, pero a pesar de todo hay suficientes contrapesos e instituciones que están haciendo lo necesario para operar”, afirma.

El sistema que se estructuró con la presión y el acompañamiento de organizaciones sociales está diseñado para que el comité coordinador del SNA, la instancia que se encarga de organizar a las autoridades federales y locales que conforman el sistema, sea presidido por un miembro de la sociedad civil, que a su vez es presidente del Comité de Participación Ciudadana, clave dentro del sistema. “A este comité, que fue un logro de la sociedad civil, no se le han dado los suficientes recursos para funcionar y de las primeras decisiones que tendrá que tomar es la propuesta de la política anticorrupción y los formatos para las declaraciones patrimoniales de los servidores”, dice Morales.

El fiscal especializado, una de las piezas claves para la persecución de los delitos penales de corrupción, no fue nombrado en tiempo a pesar de que los legisladores entrevistaron a 32 candidatos. El Senado, que tuvo más de dos años para desahogar el nombramiento, actuó con poca transparencia y dominado por intereses políticos, han acusado organizaciones como Fundar y Mexicanos contra la Corrupción.

Pese a no contar con el fiscal ni con los magistrados, el sistema puede comenzar a operar, ya que ellos son sólo dos piezas de un sistema más integral, consideró Eduardo Bohórquez, titular de Transparencia Mexicana. “Es deseable que se dieran los nombramientos, pero con lo que se tiene se pudo procesar a Elba Esther Gordillo (exlidereza magisterial) y se pudo extraditar a Javier Duarte. El énfasis no es que esté incompleto o no, lo que importa es que dé resultados y con lo que se tiene se puede dar resultados”, aseguró. Una vez que se cuente con estos perfiles, lo que ellos brindarán serán especialización para que los casos se integren de una mejor manera. “Lo que aseguran los magistrados y el fiscal es especialización, con ellos vamos a quitarle trabas a quienes van a investigar”, reiteró.

Otras de las piezas fundamentales del sistema, que tampoco iniciarán de forma completa este miércoles, son los 32 sistemas locales anticorrupción. Los Estados debieron aprobar leyes locales para contar con un fiscal especializado y con órganos equivalentes al sistema nacional, pero no todos cumplieron. “No en todas las entidades se dio la discusión pública de los sistemas ni el acompañamiento ciudadano. En donde se han hecho los cambios se han nombrado a personas cercanas a los gobernadores o a través de negociaciones político partidistas, lo que rompe los contrapesos que se quieren generar”, explica Morales, experta en temas de transparencia.

Jacqueline Peschard, una prestigiada académica que es quien preside el Sistema Anticorrupción, explica que el Comité de Participación Ciudadana —una de las partes fundamentales del SNA— lleva cinco meses operando y apenas va a recibir recursos para poder montar una estructura que los ayude a realizar sus tareas. “El gran reto es cómo le hacemos para que la operación del sistema se traduzca en coordinación y relación constante en los distintos tramos de combate a la corrupción. (Se debe garantiar) que si la Auditoría realiza una denuncia penal, la ficalía lleve a cabo una investigación sólida”, menciona la expresidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Aunque lo preferible es que el modelo estuviera operando con sus piezas completas, hay áreas que puedan ir trabajando mientras se dan esos nombramientos. “Con lo que hay se podría procesar de manera severa y contundente (a los exgobernadores acusados de corrupción), lo importante es que los procesos estén bien llevados y se hagan las averiguaciones previas adecuadas. Por eso es importante la autonomía y la independencia de quien haga las investigaciones”, agrega la también presidenta del Comité de Participación Ciuadana del SNA.

Una treintena de organizaciones que se agruparon bajo la coalición #VamosPorMás  anunciaron el lunes una serie de acciones para fortalecer el Sistema Anticorrupción y exigieron a los gobiernos recursos suficientes que aseguren la independencia de los comités de participación ciudadana. También pidieron una fiscalía independiente y que los nombramientos de quienes dirigirán los sistemas anticorrupción sean apegados a las mejores prácticas. "Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción", expresó el actor Diego Luna, quien fungió como vocero de las organizaciones.