Tres contribuciones del sector privado a un gobierno abierto y colaborativo

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En el marco del Encuentro Regional de las Américas celebrado por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) el pasado mes de noviembre en Buenos Aires, uno de los temas en agenda fue el papel que el sector privado puede desempeñar como socio estratégico a la hora de promover iniciativas de gobierno abierto. Cómo puede ayudar a los Gobiernos nacionales y subnacionales de la región a diseñar e implementar soluciones en pos de incrementar la transparencia y rendición de cuentas —principalmente en temas de lucha contra la corrupción, contrataciones públicas, conflictos de interés, beneficiarios finales, pero también con respecto a otros temas de desarrollo sustentable— con la ayuda de innovaciones tecnológicas.

Lanzada en 2011 por los gobiernos de EE UU y Brasil, entre otros, la iniciativa global AGA promueve la adopción por parte de los países adheridos de planes de acción nacional de gobierno abierto, que incluyen compromisos, metas y acciones específicas para promover la transparencia a través de portales y apertura de datos que permitan un mejor seguimiento por parte de los ciudadanos del accionar de sus gobiernos. La iniciativa cuenta ya con 75 miembros.

A este respecto, ¿cuáles son los tipos de estrategias que las empresas pueden adoptar para cooperar en los gobiernos en este campo? Y, más importante aún, ¿cuáles son las experiencias concretas que se pueden mencionar en el contexto de América Latina?

Diseño de planes de acción

Pues bien, actores del sector privado pueden ser tenidos en cuenta por los gobiernos nacionales en el momento mismo de diseño de los planes de acción nacional, incluyéndolos dentro de las mesas de trabajo que a este fin se crean e incorporando sus puntos de vista. El gobierno de Colombia durante el Segundo Plan de Acción Nacional 2015-17 contó con la presencia dentro de su Comité de Seguimiento de la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), organización que congrega a 74 de las fundaciones familiares y empresariales más importantes. Brasil incorporó durante las consultas y los talleres de cocreación de su Tercer Plan de Acción 2016-18 la participación de actores del sector privado: por ejemplo, dentro del compromiso 10 que busca llevar a cabo un inventario de servicios brindados por el poder Ejecutivo, Microsoft ofreció su experiencia e ideas de colaboración con el propósito de desarrollar metodologías y herramientas para evaluar la prestación de servicios públicos por parte de los ciudadanos. Otros países como Perú en su Tercer Plan 2017-19 con sus foros multiactor, y Argentina con la idea de incorporar una mesa de trabajo específica del sector privado en 2018, transitan en la misma dirección.

Soluciones innovadoras

América Latina cuenta ya con un vibrante ecosistema de empresas y emprendedores tecnológicos que pueden ser socios estratégicos de los gobiernos

En segundo lugar, el sector privado puede facilitar espacios para la creación de soluciones innovadoras. Durante 2017 el grupo financiero Citi llevó adelante la competencia global Tech for Integrity (T4I) con el propósito de crear soluciones tecnológicas para mejorar los niveles de integridad de los sectores privado y público. Diversas empresas presentaron herramientas desarrolladas específicamente para fomentar la transparencia a través de crowdsourcing y en colaboración con aliados y start-ups. Una de las etapas de la competencia se realizó en Buenos Aires en mayo de 2017 y contó con la participación de numerosas empresas de la región: el premio mayor fue para Signatura, una compañía argentina de firma y notariado digital que desarrolló una solución para garantizar la transparencia en las licitaciones públicas basada en la tecnología blockchain. La competición contó con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Modernización de Argentina, así como también de empresas como Facebook e IBM. Los ganadores tienen la oportunidad de trabajar con cualquier organización pública o privada que tenga interés en explorar o llevar a la práctica estas herramientas innovadoras.

Reporte de métricas

Por último, el sector empresarial puede incentivar una gobernanza abierta a través del reporte de métricas sobre su propio desempeño de sostenibilidad, es decir, de qué manera sus operaciones impactan en sus entornos y grupos de interés en base a aspectos materiales ASG, es decir, medioambientales, sociales y de gobernanza. A este respecto, el BID lanzó en 2017 el IndexAmericas, la primera clasificación de sostenibilidad corporativa para América Latina que da cuenta de las 100 empresas públicas (es decir, que cotizan en bolsa; multilatinas o subsidiarias de multinacionales) con mejor desempeño ASG que operan en la región. Para la realización del índice se dejaron afuera aquellos sectores incluidos en la lista de actividades excluidas del Banco así como también a empresas que han sido sancionadas por corrupción por dicha entidad. El índice tomó en cuenta 178 indicadores de sostenibilidad provistos por Thomson Reuters, más 15 de desarrollo que se ajustan a criterios de desarrollo prioritarios de los países de la región y que tienen un peso del 20% en el resultado total del índice. Se espera en 2018 la apertura hacia métricas específicas de ASG como, por ejemplo, igualdad de género y gobierno corporativo, y la elaboración de índices por grupos de países específicos.

La inclusión de sus puntos de vista, la puesta a disposición de su experiencia, la facilitación de instancias de desarrollo de soluciones tecnológicas y la apertura de información sobre su desempeño de sostenibilidad son algunas de las maneras en que las empresas pueden colaborar con actores públicos en pos de promover una gobernanza abierta y colaborativa. Se espera en el corto y mediano plazo la multiplicación de ejemplos en este sentido, especialmente en regiones como América Latina, que cuenta ya con un vibrante ecosistema de empresas y emprendedores tecnológicos que pueden ser socios estratégicos de gran valor para el desarrollo de este tipo de colaboraciones.

Gabriel Cecchini es miembro del Consejo del Sector Privado asociado a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y de la red +SocialGood (UN Foundation). 

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