Cinco claves para entender lo que pasa en Archidona

Entre el 18 y el 19 de noviembre llegaron a las costas de Murcia 49 pateras en las que viajaban un total 519 personas extranjeras, muchas de ellas de origen argelino. El lunes 20 de noviembre el Gobierno anunció que habilitaría 7 juzgados para encargarse en exclusiva de este asunto y poder juzgar con la mayor celeridad a los extranjeros. Los mayores de edad, excepto aquellos cuya solicitud de asilo hubiera sido aceptada a trámite, serían devueltos. Mientras se ejecutara o no esa devolución, las personas extranjeras esperarían en un centro que debería estar habilitado para acogerlas durante dicha espera, un CIE, pero en ningún caso podrán estar más de 60 días en él. Transcurrido ese plazo máximo deberían ser puestas en libertad. Ese mismo día 20, el Gobierno anunció que no disponía de un centro adecuado para acoger a tanta gente y que, de forma excepcional, iba a utilizar una cárcel situada en Archidona, que no había sido inaugurada, para albergar a los extranjeros que esperan a ser devueltos.

Más información

Una juez investiga si Interior facilitó datos falsos para recluir a inmigrantes en Archidona

1. Usar la cárcel ha sido ilegal. En España es ilegal usar una cárcel para acoger extranjeros en espera de ser expulsados. Las diferentes leyes de extranjería y reglamentos que rigen en España son explícitas en este sentido: los centros que encierren a personas extranjeras ”no tendrán carácter penitenciario" y los internos "estarán privados únicamente del derecho ambulatorio”. Existe una directiva europea que sí contempla el uso de centros carcelarios en condiciones de excepcionalidad pero no ha sido traspuesta a nuestra legislación y por lo tanto no es válida en nuestro país. Así lo señalaron algunos de los jueces que dictaron las órdenes de devolución. Así lo señaló el principal sindicato de Instituciones penitenciarias de España. Así lo denunció inmediatamente la oenegé Málaga Acoge. Pero dio igual, el Gobierno español se pasó la ley por la manga y el 20 de noviembre metió a 464 personas en una cárcel que ni siquiera tenía suministro de agua potable. 2 días más tarde ya eran más de 30 oenegés que se unían a las denuncias.
2. El espacio no estaba habilitado: no solo no tenía agua potable, ni servicio de comidas, ni enfermería, ni sistemas de vídeo vigilancia, ni ropa, ni régimen de visitas de familiares y servicios jurídicos adecuados, sino que no tenía ni siquiera personal policial. Así que el Gobierno metió a los antidisturbios a gestionar el centro.
3. Se ha recluido a menores de edad. Atentando contra los derechos universales de la infancia, se permitió que por lo menos nueve chavales menores de edad pasaran varias semanas en la cárcel. Esto, además de ilegal, es absolutamente inmoral.
4. Se han cometido irregularidades con las solicitudes de asilo. Arantxa Triguero, presidenta de la oenegé Málaga Acoge, explica que hay varios casos en los que la tramitación de solicitudes de asilo confirmadas legalmente por silencio administrativo se han denegado fuera de plazo. Esta situación no es conforme a la ley.
5. Cargas policiales y un muerto sin esclarecer. El 29 de noviembre aparece Mohamed, un ciudadano argelino, muerto en la cárcel. Según datos oficiales, murió ahorcado. El 31 de diciembre empiezan a difundirse unos vídeos grabados dentro de la cárcel en los que algunos agentes antidisturbios apalean a un interno. Ese día llega a España el hermano de Mohamed. El 3 de enero todavía no había podido ver el cadáver de su hermano, que está convencido de que no se suicidó. Resulta difícil de creer que una persona que se juega la vida en una patera, se la quite unas semanas después. Todos estos hechos irregulares, y muy dramáticos, que pueden constituir delitos necesitan de una investigación a fondo. Pero muchos de los testigos necesarios, que son las personas que estaban con Mohamed dentro de la prisión, están siendo devueltos y por lo tanto no podrán participar en el esclarecimiento de los hechos.

Todo lo que está pasando en la cárcel de Archidona, aparte de contener una gran cantidad de ilegalidades, es una absoluta aberración. Denota un desprecio profundo por la vida de más de medio millar de personas por parte de nuestro Gobierno. Aceptar que en España se trate así a ciudadanos de otros países por haber venido sin la documentación adecuada es como aceptar que Estados Unidos trate así a los españoles que se queden sin Green Card, por poner un ejemplo.

¿Es posible que hayamos llegado a un nivel de deshumanización en este país que vayamos a permitir que todo esto que está pasando siga sucediendo y el Gobierno no tenga que responder ante este atropello? Si es el caso nos mereceremos todo lo malo que les pase a nuestros hijos que serán los que reciban este legado envenenado.