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El tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública que vive nuestra sociedad, y la primera causa prevenible de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas. De éstas, más de 6 millones son consumidores del producto y alrededor de 890.000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno. En pleno siglo XXI, los fumadores pasivos  –incluidos niños, embarazadas o ancianos–, tenemos que resignarnos a tragar el humo de los pitillos de los fumadores en la entrada de oficinas, bares, teatros o escuelas. Aunque hay Estados y gobiernos municipales que legislan para que los espacios públicos y privados estén libres del humo del tabaco, esta parece aún una batalla difícil de ganar sin la voluntad política necesaria.

Encontramos muchos ejemplos exitosos fuera de nuestro país. En la ciudad de Nairobi, capital de Kenia, los fumadores llevan una década ya sin humear a sus compatriotas en ningún espacio público, siguiendo la prohibición de Nakuru, la primera ciudad del África Oriental libre de humo de tabaco. En Sudáfrica, durante el Mundial de 2010, también se prohibió fumar en espacios como los estadios de fútbol.

Más recientemente, ciudades como Tokio han empezado a dar incentivos a los trabajadores que no fuman con días de vacaciones extras como una de las medidas para reducir el tabaquismo antes de los Juegos Olímpicos de 2020. En Holanda, Groningen se ha convertido en la primera ciudad libre de tabaco. La ciudad estadounidense de Santa Barbara, en California, no permite fumar en áreas públicas como playas, parques, aceras o paseos para proporcionar un ambiente saludable, propicio para la familia y limpio para los residentes y visitantes. En Filipinas, fumar en espacios públicos puede conllevar multas de 90 euros o hasta cuatro meses de cárcel.

También Tailandia prohibió, a finales de 2017, fumar en las playas para fomentar un entorno más saludable. Y ciudades como Buenos Aires están barajando prohibir por ley fumar en los espacios abiertos, mientras gobiernos como el de Chile se ven instados por la Organización Mundial de la Salud a hacer lo propio.

A pesar de que desde 2006 España prohibiera fumar dentro de hospitales o centros educativos, y en 2010, por presiones de la Comisión Europea, legislara definitivamente contra fumar en lugares públicos cerrados como bares y restaurantes, el 28% de los españoles –dos puntos porcentuales por encima de la media europea– sigue fumando. Y lo hace tanto en sus casas, sus automóviles como en las calles, las plazas y los parques.

Mientras el cáncer de pulmón ya es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres de Barcelona, seguimos sin encontrar medidas restrictivas efectivas en las calles de la ciudad. Es cierto que Catalunya o Euskadi se han planteado medidas como prohibir fumar en los automóviles y que hay, aunque escasos, algunos ejemplos de éxito.

Talarn, en Lleida, ha sido un municipio pionero en prohibir fumar en zonas al aire libre. El pueblo gallego de Baiona ha convertido sus playas en 100% libres de tabaco. La playa de Las Canteras, en Las Palmas, pasará a ser este 2018 un espacio libre de humos tras una consulta a sus vecinos. Sin embargo, no podemos decir que esta sea la tónica, mientras otros muchos municipios y ciudades siguen sufriendo la lacra del tabaco. Una medida para prohibir fumar en las playas de Arrecife, Lanzarote, topó el pasado verano con la oposición del Partido Popular y no se pudo implementar.

¿Hasta cuándo tendremos que sufrir los y las no fumadoras el tabaco ajeno en nuestras calles, plazas y parques?