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Cómo sería su vida según la Constitución española

Tiene derecho a hacer deporte y a la calidad del aire, pero a mucho más: ¿utopía o realidad?

dia de la constitucion española

El Estado sostiene que la Constitución recoge un conjunto de normas realistas y fácilmente aplicables a la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas aspiraciones moldean la forma que debería adoptar la sociedad de un país y por tanto, inevitablemente, contienen pretensiones que podrían ser consideradas utópicas.

Como prueba de ello, el artículo 14, que recoge que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". ¿Constitución o utopía?

Mientras que esta pauta sirve como marco de referencia de lo que se considera deseable para la sociedad en un futuro, es muy genérica, y en la práctica no siempre se aplica como debería. Por ejemplo, solo uno de cada tres ejecutivos en Europa es mujer, y suele ganar nada más que el 75% del sueldo que ganan los hombres, según los datos difundidos por Eurostat (la agencia estadística de la Unión).

Esta clase de incoherencias repercuten en el bienestar de la población afectada, lo que conduce a la siguiente reflexión: ¿cómo sería la vida del español medio acorde a la Constitución?

Salud pública y deporte

La salud de los españoles está protegida a través de la Constitución de 1978, de la que emana un Sistema Nacional de Salud de carácter público y gratuito en el momento del uso. Conviene defenderla, pues está considerado uno de los de mayor calidad y eficiencia del mundo, ya que con un gasto menor a la media internacional atiende a gran parte de la población de manera eficiente.

El derecho a la protección de la salud lo enuncia la Constitución de 1978 en su artículo 43, según el cual "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".

Además, sostiene que "los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio".

Los anteriores derechos comenzaron a articularse en los Pactos de la Moncloa. Desde finales de los 80 hasta 2013, año en que el PP restringió el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles, esta ha sido universal y gratuita para todos los españoles y extranjeros residentes en España. Las comunidades autónomas aplicaron esta reforma de manera irregular.

Vacaciones

Otros artículos también tocan aspectos relacionados con la protección de la salud, según recogió Manuel Jiménez de Parga y Cabrera —antiguo presidente del Tribunal Constitucional—, en el documento La salud como valor constitucional y sus garantías de la Universidad Rey Juan Carlos y la oficina del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el artículo 40 establece que los poderes públicos "velarán por la seguridad e higiene en el trabajo" y garantizarán "el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral" y "las vacaciones periódicas retribuidas". Asimismo, el artículo 28 defiende el derecho a formar sindicatos de trabajdores y a convocar huelgas de trabajadores en defensa de sus intereses.

Pensiones y vivienda para los ancianos

El artículo 49, por su parte, dicta que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran".

Respecto a la tercera edad, el artículo 50: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".

Con los consumidores... y con los intereses económicos

Está escrito en el artículo 51.1: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos".

Los recursos naturales

El artículo 45 protege el derecho a "disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", pero también nos obliga a los ciudadanos a conservarlo. Eso sí, la burbuja inmobiliaria y la fiebre de la construcción podrían perfectamente haber sido declaradas anticonstitucionales: "Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva". 

Y no solo eso, el artículo 45 también establece cuál debe ser el castigo de quien actúe de forma contraria: "Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado".

Vivienda digna y adecuada

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", arranca el artículo 47 de la Constitución. Llamaron idealistas a quienes han pretendido que se cumpla palabra por palabra, pero el artículo 47 no ha sido eliminado, sigue en nuestra Constitución y continúa: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Hay en torno al 4% de la población española, unos dos millones de personas, que no pueden pagar sus medicamentos

Es más, según dice la Constitución: las plusvalías de esta gestión del suelo han de quedar para beneficio de la comunidad.

Salario suficiente

El artículo 35 de la Constitución española pretende garantizar: "Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

Más cosas bonitas

La norma fundamental compromete también al Estado a proteger el acceso a la cultura (artículo 44), el derecho a la educación (27), la igualdad de oportunidades —"participar de igual manera en la vida política, económica, cultural y social" (artículo 9)— y con énfasis en la de los jóvenes (artículo 48).

Competencias del Estado

En esta categoría se incluye la coordinación general, la legislación sobre productos farmacéuticos o la Sanidad Exterior y los acuerdos internacionales, según informa el Ministerio de Sanidad en su documento La protección de la salud en España. Mediante esos acuerdos se colabora en el control epidemiológico, se lucha contra las enfermedades contagiosas o se elaboran y ponen en práctica normativas internacionales.

Además, el Estado, en colaboración con las CC AA, se ocupa de otros asuntos como el control sanitario del medioambiente y los alimentos, la determinación de los requisitos mínimos para equipos o instalaciones, el fomento de la calidad en el SNS o el desarrollo de su Sistema de Información. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla la gestión de la Sanidad corre a cargo del Estado Central a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

Competencias de las Comunidades Autónomas

La parte de la gestión transferida a las CC. A.A. incluye la planificación sanitaria, la salud pública y la asistencia sanitaria. Es decir, más o menos todo lo que el usuario ve y experimenta cuando acude a su hospital o centro de salud, a su médico de atención primaria o al especialista al que este le derive. Todo esto se coordina, según dispone la Ley General de Sanidad, mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

Los fallos del sistema sanitario

"Es un derecho humano —el derecho a la salud— sin embargo, en muchos países del mundo, también en España, muchos ciudadanos no tienen acceso a los medicamentos, como hemos visto recientemente con el caso de los pacientes de hepatitis C", explica Vanessa López, directora de la fundación Salud por Derecho, que participa en la campaña No es sano. Denuncian que a la hora de legislar "se ponen por delante los intereses de la compañías farmacéuticas a los de los ciudadanos, en cuestiones como propiedad intelectual o derechos comerciales".

Según Roberto Sabrido, presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (también participante de la campaña No es sano) y expresidente de la Agencia Española para la Salud Alimentaria y la Nutrición, hace falta una mayor transparencia en los tratos que hacen las empresas farmacéuticas con cada gobierno, que muchas veces generan beneficios no legítimos para estas empresas, esquilman los presupuestos para la sanidad y encarecen los productos.

"Hay en torno a 4% de la población española, unos dos millones de personas, que no pueden pagar sus medicamentos", explica, "muchos de ellos son pensionistas. Algunas comunidades han creado subvenciones para intentar paliar el problema del copago".

Según señalan los expertos, el SNS perdió su universalidad con el decreto-ley de 2012, por el cual el sistema dejaba de atender a los inmigrantes en situación irregular. Fue el mismo decreto que estableció el copago farmacéutico: con estos recortes, en pleno hoyo de la crisis, se trataba de ahorrar 7,000 millones al sistema sanitario.

Por último, también gotean las opiniones y políticas a favor de la privatización. "Hay gente que no cree en el sistema y a veces asoma la patita", dice Sabrido, "pero tenemos un sistema de salud con gran arraigo social, que crea cohesión, que gasta por debajo de la media de la OCDE pero que es más eficiente que la media. Aquí la gente no se arruina al ponerse enferma. Si se intenta desmantelar genera reacciones como las mareas que se vieron en la Comunidad de Madrid en defensa de la sanidad pública".  

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