Un agujero simbólico demasiado grande

Han pasado 42 años desde que murió el dictador Francisco Franco y 40 desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas y no tiene sentido buscar exponentes del franquismo en la vida política del país. España es una democracia consolidada, bastante parecida, en virtudes y en defectos, a las democracias fundadoras de la UE. No hay huella del franquismo en las leyes ni en las instituciones españolas, por mucho que algunos aseguren lo contrario. Pero inexplicablemente sí la hay, y abundante, en las calles y símbolos del país. Los restos de Franco y del fundador de Falange, Primo de Rivera, siguen enterrados en el Valle de los Caídos. Hay calles y plazas dedicadas a la memoria de franquistas que protagonizaron la Guerra Civil. Incluso quedan monumentos erigidos en homenaje a quienes apuntalaron 36 años de dictadura. Peor aún, existen todavía fosas comunes en veredas de caminos, con los restos de personas asesinadas durante la guerra y en la posguerra.

¿Cómo es posible que en todo este tiempo no se haya construido un espacio democrático simbólico aceptable por toda la ciudadanía? La única explicación es que el Partido Popular se ha negado a contribuir a la construcción de ese espacio y con ello ha faltado gravemente a su obligación de ayudar a la normalización simbólica española. Todo el mundo hizo su contribución en su momento, desde Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, exhibiendo la bandera roja y amarilla, a Manuel Fraga, secretario general de Alianza Popular, presentando a Carrillo como conferenciante principal en un club madrileño. Los únicos que no han hecho nunca la menor aportación al espacio simbólico democrático son los dirigentes del PP, primero José María Aznar y ahora Mariano Rajoy.

Debió ser precisamente el presidente Aznar quien organizara el traslado de los restos de Franco y de José Antonio a los cementerios que eligieran sus familiares. Era a la derecha, llegada al poder de manera democrática, a la que le correspondía ese gesto, precisamente para consolidar un espacio simbólico válido para todos. Ahora, el Partido Popular tiene tan embotado el sentido de Estado y de país que Mariano Rajoy se pregunta por qué una calle dedicada al almirante franquista que bombardeó Gijón y la carretera de Málaga a Almería, llena de civiles en desbandada, ha cambiado de nombre para homenajear a Rosalía de Castro.

Puede interpretarse como una anécdota, pero no lo es. La sociedad española realizó un esfuerzo formidable en las cinco primeras legislaturas (de 1977 a 1996), en circunstancias muy difíciles, pero siempre por unanimidad parlamentaria, para devolver sus derechos a quienes fueron despojados violentamente de ellos por el golpe de Estado del 1936 y por la dictadura franquista. Cuando en 2004 prácticamente todos los grupos parlamentarios presentaron una proposición no de ley sobre “el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas”, solo fue posible conseguir el apoyo del PP aceptando una enmienda en la que, entre otras cosas, se ponía límites en la ayuda para localizar y exhu­mar fosas de la Guerra Civil. El apoyo de las instituciones, exigió, solo se dará a las familias, de manera que no puedan solicitar esa ayuda asociaciones ni entidades civiles. Algunos años después, Rajoy se enorgullecía de no dedicar ni un euro a ese fin.

Han pasado 40 años. ¿Cuándo aceptará el PP que es a él a quien le corresponde poner algo en el espacio simbólico democrático de este país? Deberían darse prisa los jóvenes dirigentes populares porque un agujero tan grande puede llenarse muy rápidamente de cualquier color y olor desagradable.