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Tribuna
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No banalicemos el franquismo

Por lo que costó alcanzar la democracia, es un insulto compararla con la era franquista

Carles Puigdemont hace una declaración desde Bruselas
Carles Puigdemont hace una declaración desde Bruselas

Somos millones los españoles que conocimos directamente la dictadura franquista. Muchos miles de nosotros no solo sufrimos su represión genérica y colectiva, sino la individual y específica destinada a cuantos nos comprometimos en la lucha por derribar aquel régimen y recuperar las libertades. A cuantos sufrimos en nuestras carnes aquella represión tiene que indignarnos la campaña desatada por los secesionistas catalanes y sus amigos, presentando algunos incidentes y medidas, consecuencia de su locura rupturista, como un retorno de Franco y sus métodos.

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Más allá del daño que esta y otras mentiras hacen a nuestro país, esto puede contribuir, paradójicamente, a edulcorar aquel régimen ante las generaciones que no lo padecieron y no han podido o no les ha interesado conocerlo. Decir que la actuación de las fuerzas de orden público que han intentado cumplir un mandato judicial al que activamente se opusieron miles de personas es una vuelta al franquismo supone banalizar lo que realmente pasaba entonces con las manifestaciones en la calle. No se trata de reproducir aquí un largo listado —aunque cabe mencionar los tres trabajadores de la construcción muertos a manos de la policía en Granada, allá por 1970, o los dos fallecidos en las manifestaciones de Bazán, en 1972, entre varias decenas más; por no relatar otras brutalidades no menos sangrientas y mucho más numerosas, como los sucesos de Vitoria, en 1976, donde fueron cinco los muertos— para decir que equiparar lo actual a todo aquello es una forma indirecta de lavar la dictadura.

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Es penoso contemplar algunas actuaciones de las fuerzas de orden público, pero se nota el desconocimiento de cómo se comportan en situaciones equivalentes las policías francesas, alemanas, inglesas y, en fin, las de cualquier país con inequívoco sistema democrático frente a transgresiones de la legalidad. La propia Generalitat hubo de indemnizar a una mujer que con ocasión de la huelga de noviembre de 2012 perdió un ojo por el disparo de pelotas de goma hecho por los Mossos d’Esquadra.

A cuantos sufrimos en nuestras carnes la represión del franquismo tiene que indignarnos la campaña desatada por los secesionistas catalanes y sus amigos

En todo caso hay que destacar un hecho diferencial básico: el franquismo nos reprimía porque tratábamos de subvertir su dictadura. Sin dejar de lamentar lo que hemos visto semanas atrás, no puede obviarse que se trataba de hacer respetar la democracia que encarna la Constitución que, con el abrumador respaldo del pueblo de Cataluña, nos dimos en 1978.

La campaña se extiende a la supuesta represión de la libertad de expresión. Quien esto escribe sufrió seis procesos y sus correspondientes condenas, tres de ellas relacionadas con la libertad de expresión. Aun hoy resulta duro recordar el doble secuestro del periódico legal en el que escribía —Juventud Obrera— y ser condenado por injurias simplemente por censurar la inoperancia de los sindicatos del régimen ante un determinado conflicto laboral. Como también lo es verse condenado por “desacato a la autoridad” por el mero hecho de enviar al entonces vicepresidente del Gobierno un telegrama pidiendo la libertad de un sindicalista detenido arbitrariamente durante las elecciones sindicales de 1966. Desde esta experiencia personal busco hoy un solo caso parecido y no lo encuentro. Salvo que se entienda por libertad de expresión arengar a la gente para intentar impedir que las fuerzas de orden público traten de evitar un hecho delictivo. Eso es otra cosa.

Métodos franquistas son también esos otros tres juicios a los que fui sometido ante un tribunal especial, el de orden público, por los “delitos” de asociación, reunión y manifestación, por los que fui condenado a algo más de seis años de cárcel. Comparar aquello con lo actual, hablar de la “vuelta de Franco”, debería abochornar hasta a los que lo han venido pregonando.

Que aun después de la reforma del Código Penal de 1962 siguiera considerándose delito de sedición el que los empleados públicos ejercieran el proscrito derecho de huelga y ahora hayamos visto nada menos que al vicepresidente del Gobierno de la Generalitat promoverla públicamente y anunciar que no se descontaría nada de los salarios resulta no solo ilustrativo de las diferencias con el pasado, sino esperpéntico.

Costó mucho conquistar la democracia, a unos más que a otros. Hasta lo que estamos presenciando a costa del secesionismo demuestra que nuestra democracia sigue viva. Por eso, aunque solo fuera por respeto a los que más sufrieron por alcanzarla, hubiera sido necesario evitar el insulto de compararla con el franquismo.

Julián Ariza Rico es miembro del grupo fundador de CC OO.

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