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Colombianas que pelean por la paz

A un año de la firma del fin de medio siglo de conflicto en el país latinoamericano, la violencia es aún una realidad en muchas zonas. De visita en Madrid, cuatro activistas comentan el proceso

De izquierda a derecha, Pilar Rueda, Charo Mina Rojas, Camila Cienfuegos y Eliana Romero, participantes en un encuentro para hacer balance de un año de acuerdo de paz en Colombia.
De izquierda a derecha, Pilar Rueda, Charo Mina Rojas, Camila Cienfuegos y Eliana Romero, participantes en un encuentro para hacer balance de un año de acuerdo de paz en Colombia.

La paz en Colombia supone para el país afrontar muchos retos. El primero, que los detractores del acuerdo que puso fin a más de medio siglo de conflicto no consigan tumbarlo. En este sentido, los comicios presidenciales del próximo mayo inquietan especialmente a los defensores de este proceso. Una preocupación compartida por las activistas convocadas por la ONG Alianza por la Solidaridad en Madrid, todas ellas participantes en la Mesa de Conversaciones de La Habana que terminaron hace un año con la firma de un acuerdo, referéndum en el que ganó el no mediante, entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Las elecciones se van a dividir entre los que apoyan y atacan el proceso de paz", aseguró en un encuentro con periodistas esta semana Pilar Rueda, consultora de la Organización Mundial de las Migraciones para asesorar a la Secretaría Ejecutiva de La Jurisdicción Especial para la Paz. Temen también las que le acompañan en la mesa, Charo Mina, defensora de los derechos humanos, y Camila Cienfuegos, exguerrillera de las FARC, que se impongan los segundos. "Si gana la ultraderecha, se acabará el acuerdo", sentenció tajante Rueda. "La extrema derecha no quiere la paz. Han demonizado nuestra lucha", añadió Cienfuegos, quien denunció que el expresidente Álvaro Uribe "ha hecho todo lo posible por deslegitimar el acuerdo".

La paz ya perdió unos comicios, el referéndum que se realizó en octubre de 2016, que con una baja participación y una ínfima mayoría, dijo no al proceso. Fue un voto sobre todo urbano, el que menos sufrió la violencia, el que se opuso. Los opositores están en contra de las, en su opinión, demasiado favorables condiciones que los exguerrilleros consiguieron. Aunque el proceso siguió adelante con una nueva versión aprobada en el Congreso y el Senado, el temor de sus defensores a que se eche por tierra lo conseguido continúa. 

Entendemos que nuestros territorios son de un interés económico enorme y somos una piedra en el camino

Charo Mina, defensora de los derechos humanos

Sea cual sea el resultado de las presidenciales, la paz ya está en marcha y con un año cumplido. Pero ¿se ha avanzado? En opinión de las participantes en el encuentro, poco. Los siguientes escollos, si se consigue que el acuerdo sobreviva a las urnas, tienen que ver con cómo se lleva a cabo la implementación. Y las activistas no dudaron en hablar de "negligencias" y "violaciones de derechos humanos" en este proceso. Una de las principales cuestiones a resolver es precisamente la que desencadenó esta guerra: las tierras. El propio Gobierno calcula que los campesinos fueron despojados de 8,3 millones de hectáreas que principalmente fueron a parar manos de grandes empresarios a medida que los lugareños se veían obligados a abandonar sus casas.

Por su parte, Mina recordó que de los 44 millones de habitantes del país, el 20% son afrodescendientes. "Unos 10 millones de personas, la mitad mujeres, que se han visto drásticamente afectadas por el conflicto interno". Por eso, señaló, es tan importante para los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas que este acuerdo siga adelante, pues el texto contempla que sus derechos sean respetados. Sobre todo, en lo concerniente a las tierras. "Nos preocupa que se mantenga este enfoque en la implementación. Pero en el primer año, nuestro balance es que no se ha cumplido", advirtió.

El deseo compartido de la paz por los más afectados por la violencia se ve truncado por una nueva realidad que rememora los peores tiempos pasados. Tras el desarme de las FARC, otros grupos armados atemorizan a la población, de nuevo principalmente, por intereses sobre el territorio. "Amenazan a los líderes y lideresas que se tienen que estar moviendo continuamente para que no les maten", aseguró Mina. "El pasado lunes fue asesinada en Tumaco, zona de plantaciones de coca, Luz Yenny Montaño, una lideresa comunal", ejemplificó. Las balas y las intimidaciones tienen un claro objetivo, en opinión de la líder afrocolombiana: "Nosotros entendemos que nuestros territorios son de un interés económico enorme y somos una piedra en el camino. Y muchos derechos territoriales son violados flagrante e intencionadamente". "Nos preocupa la restitución territorial de zonas ancestrales allí donde no tenemos la titularidad colectiva. Estos territorios los hemos cuidado y hemos garantizado que Colombia cuente con el 10% de la biodiversidad del mundo", zanjó.

Para los exguerrilleros y habitantes de las zonas afectadas por el conflicto, esa violencia está impidiendo la reintegración en la sociedad que esperaban. Especialmente duro está siendo para las mujeres, como Cienfuegos. Ella, que durante los diálogos de paz en La Habana asumió cargos como responsable de comunicaciones y como integrante de la subcomisión de género, lo conoce de primera mano. "Las mujeres no tenemos seguridad y hay bandas emergentes en los territorios", denunció. Se la juegan, continuó su relato, si salen de su zona en el Valle del Cauca para llevar a sus niños al médico. "Asesinan a gente con fusil muy cerca de donde nosotros estamos realizando nuestra transición".

La implementación es muy importante para nosotros. Ahora, donde vivimos no hay escuelas, no hay manera de que nuestros hombres y mujeres se eduquen

Camila Cienfuegos, exguerrillera de las FARC

Cienfuegos, que se unió a las FARC a los 13 años, es hoy una defensora del acuerdo de paz. Tras décadas de ausencia del Estado en las zonas controladas por el grupo armado, ahora que este se ha desarmado y disuelto, se espera que las instituciones asuman la responsabilidad de proveer con servicios básicos y proteger a la población. "La implementación es muy importante para nosotros. Ahora, donde vivimos no hay escuelas, no hay manera de que nuestros hombres y mujeres se eduquen. Vemos con preocupación que cuando compañeros salen del territorio, son detenidos. Las violaciones de derechos humanos son reiterativas", expuso la exgerrillera. Denunció que apenas les llega la ayuda prometida, ni siquiera pañales, compresas o alimentos para los niños. Con todo, tiene esperanza de que la paz adquiera con el tiempo todo su significado y el estigma quede atrás. "La reincorporación no ha sido lo que esperábamos, pero creemos que esta puede ser una paz real y duradera. Nuestra apuesta es que la sociedad nos acepte y trabajar en los territorios para que se garanticen los derechos de la población, sobre todo de las mujeres, de todas, no solo las excombatientes".  

A modo de conclusión, Eliana Romero, coordinadora de Alianza por la Solidaridad en Colombia, subrayó que éste "es el segundo país más desigual de América Latina" y la paz debería contribuir a reducirla, entre otras oportunidades. Unas que no se conseguirán si no se dan los pasos adecuados. "El programa de erradicación de la coca está siendo rápido, pero el de la sustitución por otros cultivos, muy lento. Ha pasado un año y las instituciones no han pasado por estos territorios, no hay programas concretos en las comunidades". La solución solo puede ser, en su opinión, seguir adelante.

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