Recalcitrante Orbán

La Hungría de Viktor Orbán parece dispuesta a erigirse en la principal vulneradora —junto a Polonia— de los principios fundamentales en los que se asienta la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha propinado un importante varapalo al Gobierno de Budapest a cuenta del reparto de refugiados. Según los jueces europeos, ese reparto, decidido en plena crisis de los refugiados en 2015 (la peor desde la II Guerra Mundial), fue ajustado a derecho y necesario para aliviar la presión que el masivo exilio sirio estaba provocando en Italia y en Grecia. La Decisión 2015/1601 del Consejo, recuerda el Tribunal, está amparada en los artículos 78.3 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que establecen los principios de “solidaridad” y “reparto equitativo” de los refugiados entre los Estados miembros.

La sentencia se ha dictado a demanda de Hungría y Eslovaquia, que recurrieron ante el tribunal como un desafío a Bruselas y en busca de un espaldarazo a su insolidaria y xenófoba negativa a acoger un solo refugiado. La respuesta de Budapest al fallo alude, torticeramente, a la “violación” de las leyes europeas y critica “la legitimación del poder de la UE sobre los Estados miembros”. Resulta lamentable que el Gobierno húngaro desconozca el principio de primacía del derecho europeo sobre la legislación nacional puesto que es la base del funcionamiento de la UE.

El férreo control de las fronteras húngaras en el verano de 2015 agravó los problemas de los refugiados sirios y generó graves tensiones en la UE. El ultranacionalismo del Gobierno de Orbán ha derivado, además, en un autoritarismo incompatible con los principios democráticos de la Unión. La Unión Europea es un Estado de derecho en el que los tribunales tienen la última palabra y los derechos fundamentales se respetan. Mal que le pese a Orbán.