El Gobierno discrimina a los científicos

El pasado martes 27 de junio asistí junto a otros compañeros al Congreso de los Diputados para seguir el debate de una Proposición No de Ley del grupo socialista, relativa al incumplimiento de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La ponente de la misma, María González, tuvo que volver a recordarle al Gobierno que tiene un deber inexcusable de cumplir la Ley vigente. Una Ley que fue aprobada con el voto afirmativo unánime del Partido Popular y que viene siendo incumplida por el Gobierno desde su entrada en vigor.

En este caso el artículo vulnerado era el 25, que dispone que a partir del 1 de enero de 2014 todos los científicos de plantilla que dependen directamente del Estado tendrían que pasar a cobrar una parte significativa de sus sueldos en función de sus méritos científicos y tecnológicos, evaluados por comisiones externas. Aquellos que tras la evaluación de sus méritos no alcanzasen a computar el sueldo que actualmente cobran, dice la Ley, obtendrían un complemento transitorio para que nadie sufriera merma en sus retribuciones anuales.

Tenemos derecho a la seguridad de que las leyes aprobadas por el órgano de la soberanía nacional van a aplicarse

Todos los grupos, desde el PP a Podemos, parecían estar de acuerdo en aprobar la Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a cumplir la Ley en el plazo de tres meses, lo que implicaba que tenía que promulgar un Real Decreto incluyendo los criterios de evaluación. Hasta que Ciudadanos introdujo una enmienda de adición que acotaba la inactividad del Gobierno: mientras el Gobierno siga sin cumplir la Ley vigente, los científicos que así lo soliciten podrán ser evaluados conforme a los mismos criterios y procedimientos que se aplican actualmente a los investigadores del CSIC.

El portavoz del PP, visiblemente contrariado, anunció su voto en contra si el PSOE no rechazaba incorporar la enmienda de Ciudadanos a su Proposición No de Ley. La enmienda de Ciudadanos elevaba el coste de la foto para el PP, puesto que introducía exigencias concretas e inmediatas que, de cumplirse, obligarían al Gobierno a mover ficha de forma acelerada, por primera vez en cinco años. Y el PSOE dijo que no, que la enmienda de Ciudadanos se incorporaba a su Proposición No de Ley y se votaría conjuntamente. Su aprobación estaba asegurada y la única opción del PP era sumarse a la mayoría o posicionarse contra una Proposición No de Ley que exigía al Gobierno cumplir una Ley vigente. Demasiado con la que está cayendo. Un par de llamadas y llegó la autorización de la superioridad para votar a favor de la propuesta enmendada. Aprobada por unanimidad. Después se nos dijo con la boca pequeña que eso no significaba nada, pues decenas de Proposiciones No de Ley aprobadas por el Congreso iban semanalmente a la papelera.

El problema de acostumbrarse a incumplir las leyes y acuerdos es que se acaban vulnerando los derechos esenciales de los ciudadanos. Tenemos derecho a la seguridad de que las leyes aprobadas por el órgano de la soberanía nacional van a aplicarse, o bien cambiarse o derogarse. Tenemos derecho a que se nos apliquen las leyes a todos por igual; a que no nos traten de forma arbitraria. Al menos los artículos 14 y 9 de la Constitución tienen que ver con ello.

Qué decir de los directivos que atisban que les van a mermar la cantidad de zanahorias a repartir

Una de las iniciativas que tramita el Congreso, una pregunta al Gobierno presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos, deja bien a las claras que el Gobierno está haciendo lo contrario de lo que dice (miente); está tratando de forma desigual a personas que se encuentran en el mismo supuesto legal (discrimina) y actúa según le va pareciendo (con arbitrariedad). O sea, la Constitución, como las leyes y las Proposiciones No de Ley, también es soslayable.

Es claro que este dislate no puede ocultarse a todo el mundo durante todo el tiempo y, en las últimas semanas, se han sumado a la lista de los que deploran estas prácticas casi 1.300 científicos del CSIC y de las universidades. Y más de 40 sociedades científicas de toda España. Por su parte, el colectivo organizado de solicitantes, la Plataforma 5s6s, engloba a un 50% de afectados potenciales.

Llevar adelante estas demandas no está resultando sencillo. Hace ya tiempo que se lanzan infundios desde varios frentes. Los más infamantes son los que se impulsan desde la burocracia que se resiste a ver mermado el contenido de la bolsa de reparto discrecional y se dedica a difamar y a calentar la oreja a los políticos. Desde que no hemos superado oposiciones, que nos han eximido del doctorado, que pretendemos ganar más que los compañeros del CSIC y la universidad con menos méritos, que queremos dejar a los técnicos sin sus complementos salariales… Todo mentira.

Lo que verdaderamente exaspera a los burócratas es que si una parte de los fondos de productividad que hoy se le asignan, para su reparto discrecional, a su organismo —en función del número de empleados y del nivel profesional que tenga— pasan a ser asignados individualmente por evaluación de méritos, las cantidades que se venían entregando al organismo para este número de empleados y categoría profesional por dicho concepto ya no estarán disponibles para su reparto discrecional entre el resto. Si, por ejemplo, existiese una desigualdad marcada en el reparto de los fondos de productividad, sería bastante lógico que los que saben que están recibiendo por encima de la media hiciesen todo lo posible para evitar que se cumpliese la Ley y afectase a dicha asimetría. Y qué decir de los directivos que atisban que les van a mermar la cantidad de zanahorias a repartir…

La verdadera conclusión de todo este desaguisado —en vez de mantener un “no pasarán” a la aplicación de la Ley, a base de mentiras— debería ser que todos los empleados públicos tienen que ser remunerados conforme a sus méritos objetivos, tal como lo son el profesorado y la mayoría de los investigadores. Sólo así llegaremos a tener una función pública independiente, más difícil de doblegar, que pueda informar de lo que hacen y mandan los que muchas veces tienen por único mérito el dedo del político que les nombró.

Luis V. García es investigador del CSIC. Las opiniones expresadas en el artículo son estrictamente personales y no corresponden a ningún colectivo.