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Las epidemias de enfermedades transmisibles en el mundo desarrollado ya son lo suficientemente lamentables desde una perspectiva sanitaria. Pero también tienen serias implicaciones en términos de la justicia social, porque exacerban prolongadas crisis de derechos humanos, afectando una prestación de servicios públicos de por sí débil y profundizando las desigualdades existentes.

Al igual que el brote de Ébola de 2014 en África occidental, el brote de Zika en América Central y del Sur en 2015 afectó con mayor fuerza a los grupos sociales vulnerables (mujeres y niños, minorías étnicas y los pobres). Como la fiebre amarilla, el dengue y otras enfermedades, el Zika se transmite por los mosquitos Aedes aegypti. Pero, en lo que es inusual para un virus transmitido por mosquitos, el Zika también se puede propagar por vía sexual. Más raro aún, se asocia con problemas neurológicos y del desarrollo que afectan a bebés: la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Por lo demás, sus síntomas son más bien leves.

Esto significa que, de los más de 1,5 millones de personas afectadas por el Zika desde el principio de la epidemia, las consecuencias fueron más preocupantes para mujeres en edad fértil, especialmente las que estaban embarazadas. Entre 2016 y 2017 se confirmaron 11.059 casos de Zika en embarazadas, produciéndose 10.867 casos de microcefalia y otras malformaciones congénitas en los sistemas nerviosos centrales de sus bebés. Un 56% de ellos nacieron de mujeres pobres y mujeres de color en el nordeste brasileño.

Está claro que la crisis del Zika no es neutral en términos de género. Es necesario abordar sus consecuencias de mediano y largo plazo poniendo énfasis en las mujeres, especialmente las mujeres pobres. Eso no significa una mayor cobertura mediática de las deformidades relacionadas con la microcefalia o incluso las dificultades a las que se enfrentan sus madres. Y ciertamente no más campañas para controlar su comportamiento.

Para prevenir la infección, se recomienda a las mujeres usar repelente antimosquitos, no tener aguas estancadas alrededor de sus hogares, usar mangas largas, y, de ser posible, usar condones o evitar tener sexo. El Centro Estadounidense para el Control y Prevención de las Enfermedades recomendó a las mujeres embarazadas abstenerse de viajar a los países afectados. Las autoridades sanitarias de El Salvador y Colombia llegaron al extremo de urgir a las mujeres a no quedar embarazadas hasta 2018.

Entre 2016 y 2017 se confirmaron 11.059 casos de Zika en embarazadas y 10.867 casos de microcefalia en bebés

Sin embargo, con todo lo bienintencionadas que sean, son recomendaciones que se equivocan en lo fundamental. Para comenzar, subrayan el control y vigilancia del vector de corto plazo, mientras desvinculan la enfermedad de los determinantes sociales y estructurales de la salud. Por ejemplo, la infraestructura pública como el agua potable, las redes sanitarias adecuadas y el acceso a la atención de salud.

También cargan sobre las mujeres principalmente la responsabilidad de prevenir infectarse y embarazarse, al tiempo que no reconocen la falta de control que muchas tienen sobre sus cuerpos y embarazos. Muchas de las áreas afectadas por el Zika padecen altos índices de violencia sexual y embarazo adolescente, carecen de educación sexual y tienen un acceso inadecuado a anticonceptivos. Por estas razones, más de un 50% de los embarazos en América Latina son indeseados.

Para empeorar las cosas, en la mayoría de los países latinoamericanos afectados por el Zika el aborto es ilegal o se permite solo en situaciones excepcionales. Por ejemplo, en El Salvador, donde entre diciembre de 2015 y enero de 2016 se informaron más de 7.000 casos, el aborto es ilegal en todas las circunstancias. Si se demuestra que fueron autoinducidas, las interrupciones del embarazo pueden incluso llevar a condenas por homicidio.

La posición de Estados Unidos tampoco ha ayudado mucho. El año pasado, el gobierno de Presidente Barack Obama pidió al Congreso 1,8 mil millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a prepararse y responder a la amenaza del Zika. Pero intervino la política del aborto, ya que los legisladores republicanos que encabezaban una audiencia parlamentaria sobre la epidemia de Zika, condicionaron los fondos a que en los países destinatarios se adoptaran políticas antiabortivas.

Los problemas del enfoque predominante de contención del virus (o sea, se pone demasiada responsabilidad sobre las mujeres mientras se les da muy poco poder) no recaen con la misma intensidad sobre todo el mundo. El año pasado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de la Salud recalcaron la necesidad de poner los derechos humanos en el centro de la respuesta esta epidemia.

Las autoridades sanitarias de El Salvador y Colombia llegaron al extremo de urgir a las mujeres a no quedar embarazadas hasta 2018.

Pero, si bien el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer es un paso positivo, está lejos de ser suficiente. Y para proteger esos derechos será necesario un compromiso político profundo y sostenido, en particular entre las mujeres pobres y vulnerables en los países en desarrollo.

En particular, se deben modificar las leyes nacionales para permitir que todas las mujeres, estén embarazadas o no de un bebé con microcefalia, gocen de una completa autonomía reproductiva. Las mujeres deben poder basar sus opciones reproductivas en sus propios deseos y necesidades físicas y emocionales, no en los juicios morales de los poderosos ni en el temor a sufrir sanciones criminales.

Por ejemplo, en Brasil los grupos de presión ya están logrando un resultado así, habiendo enviado demandas a la Corte Suprema para garantizar mayores derechos reproductivos para las mujeres, incluido el derecho a un aborto legal y seguro. Son casos que se apoyan en la Constitución Nacional de 1988, que garantiza el derecho al aborto en caso de violación, peligro para la vida de la madre, o anencefalia, otra malformación cerebral congénita.

Al impulsar estos cambios, las campañas también deberían reconocer y abordar los vínculos entre los derechos de la mujer y de las personas con discapacidad. De hecho, deberían promover la igualdad para todos los grupos marginados.

Es necesario tener en cuenta esto al abordar las consecuencias de mediano y largo plazo del Zika. Si una mujer da nacimiento a un niño con un síndrome congénito derivado de este virus, la respuesta debería sustentarse en la dignidad, el valor y los derechos de cada persona, reconociendo los procesos que mantienen en la pobreza a ciertas personas y grupos y les niegan sus derechos básicos como ciudadanos. Por eso los activistas deben insistir en que el Estado se responsabilice de prestar los servicios adecuados de atención y apoyo a cada mujer y niño: servicios que satisfagan tanto sus necesidades como respeten sus derechos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Pia Riggirozzi es profesora asociada de Política Global en la Universidad de Southampton.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

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