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EL ACENTO
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Montoro aspira a combatir el déficit... y la obesidad

El nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas vela por la salud de los contribuyentes

Rosario G. Gómez
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.Samuel Sanchez

El mundo contemporáneo vive atrapado en una extraña y ominosa paradoja: hambrunas y obesidad. Los organismos de  Naciones Unidas dedicados a la alimentación y la salud (FAO y OMS) estiman que más de 850 millones de personas sufren hambre crónica y que otros 500 padecen obesidad. La situación es inquietante. Según cálculos de la revista científica The Lancet, en el año 2025 una quinta parte de la población mundial será obesa si la tasa de personas con sobrepeso sigue aumentando al ritmo actual.

Una sociedad de rollizos no implica que esté bien nutrida. Al contrario. México es señalado como uno de los países con mayor porcentaje de personas con sobrepeso, fruto de la (mala) dieta y los (nocivos) hábitos alimentarios. Considerada como una epidemia que hay que erradicar, la política ha puesto sus ojos en la inexorable tendencia de los humanos a la gordura. Reino Unido, uno de los países de la UE con mayor tasa de ciudadanos orondos, ha emprendido una cruzada para que adelgacen. El primer paso ha sido sugerir una reducción del tamaño de los postres en pastelerías y restaurantes (a menos cantidad, menos calorías) y el segundo, aplicar un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, una tasa especialmente destinada a frenar la obesidad infantil.

Para combatir no el sobrepeso de los contribuyentes sino el déficit, la idea ha sido rápidamente copiada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aspira a recaudar 200 millones de euros con el nuevo gravamen a las bebidas azucaradas y carbonatadas, una cantidad tres veces inferior a la prevista en Reino Unido (¿será porque los británicos son más golosos?). Este impuesto no se aplicará de manera inmediata, ya que el Gobierno debe tramitar un proyecto de ley, que a su vez deberá ser debatido en el Parlamento y negociado con los distintos grupos para sacarlo adelante.

Montoro justifica el tributo que se avecina por “motivos de salud” y recalca que su objetivo es desanimar el consumo de determinados refrescos e incentivar las bebidas bajas en calorías. Con esta medida, el ministro se une (quizá sin pretenderlo) a esa nueva tendencia que considera la soda como algo pasado de moda. En países como Estados Unidos el consumo de refrescos gaseosos ha caído a niveles de hace 30 años, mientras van ganando cuota de mercado las llamadas bebidas energéticas y el agua embotellada. Como ha sentenciado JP Morgan, el de los líquidos carbonatados es un negocio en crisis.

Cambiar a una dieta con menos grasas y endulzantes es, probablemente, el primer mandamiento para plantar batalla a la obesidad. Pero también se requiere un compromiso firme de la industria alimentaria que haga compatibles los intereses comerciales con las reglamentaciones político-sanitarias. Aunque todavía son muchos los que siguen viendo en la nuez de cola coca, ese jarabe azucarado inventado en el pueblo valenciano Aielo de Malferit, la “chispa de la vida”.

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