Compleja paz en Colombia

La firma de un nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC —tras la derrota del anterior en el plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre— es, ante todo, la constatación clara e inequívoca de que ambas partes desean poner fin a la guerra civil más antigua del continente americano. Esa voluntad de paz es lo más importante. Y lo que debe prevalecer por encima de las dificultades y diferencias en torno a cómo articular un proceso de paz que por su propia naturaleza tiene que ser complejo e insatisfactorio en muchos aspectos y que, sin duda, podrá ser mejorado con el tiempo y el aprendizaje.

Hay que alabar la serenidad con la que el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla reaccionaron ante el rechazo popular al anterior acuerdo y la celeridad con la que han alcanzado una nueva versión, evitando una demora que hubiera podido provocar una ruptura del alto el fuego.

Sin embargo, conviene aprender de las lecciones del pasado más reciente y no echar las campanas al vuelo. El conflicto colombiano, tanto por su duración como por sus características, se ha revelado como un problema muy complejo cuya solución definitiva está muy lejos de la simplicidad. Buena prueba de ello es el lenguaje plagado de tecnicismos empleado en la nueva versión, que deberá todavía ser aprobado por el Congreso colombiano.

Pese a las críticas, es comprensible que el Presidente Santos no someta el nuevo texto a una nueva consulta popular. En un clima de división como el actual, eso significaría no sólo ahondar en las heridas provocadas por el anterior, sino arriesgar la ruptura del proceso de paz y hasta una posible reapertura del conflicto en caso de un segundo “no”. El Congreso colombiano, como depositario de la soberanía popular, tiene plena legitimidad para autorizar, en beneficio de todos los colombianos, la puesta en marcha del proceso de paz.