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OPINIÓN

‘Spain is different’

Con esta célebre frase concluyó un colega estadounidense una conversación que tuvo hace pocos días conmigo. No se refería a la España de los Bárcenas, Urdangarin, Rato, Matas … Tampoco a la España, aspirante a gran potencia en Europa, que está condenando a toda una generación de jóvenes, la mejor preparada de toda su historia, a la emigración, al paro y a la precariedad. Se refirió, con un gesto entre la incredulidad y la estupefacción, a la historia que le había comentado sobre las modalidades tan particulares con las que el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno español está tramitando las solicitudes de financiación para proyectos de investigación.

Yo soy uno de los afectados de estos caprichos ministeriales por no haber sido admitida, ni siquiera a trámite, mi solicitud

Yo soy uno de los afectados de estos caprichos ministeriales por no haber sido admitida, ni siquiera a trámite, mi solicitud. Razón: el currículum vítae del investigador principal tenía más de las cuatro páginas que la convocatoria fijaba como límite. Admito, desde ahora, que la culpa fue mía por haber sido demasiado ingenuo y no haberme imaginado, ni de lejos, que aquella cláusula de la convocatoria escondía una trampa en la que caímos unos 250 investigadores. En mi ingenuidad, no me imaginaba que, en esta ocasión, la administración no me iba a conceder el derecho que cualquier ciudadano habitualmente suele tener en sus relaciones con la Administración pública: la posibilidad de subsanar errores formales. Básicamente, en mi caso, la suma de tres circunstancias motivó el exceso de extensión del currículum: por una parte, no recorté las tres páginas con las instrucciones; por otra, agrupé la lista de mis proyectos anteriores en una tabla que, al no caber en el espacio libre de la página, saltó a la siguiente, dejando tres cuartas partes de la anterior en blanco; y, finalmente, opté por utilizar para la lista de mis publicaciones el formato del currículum oficial del Ministerio, en el que los datos de cada publicación ocupan toda una casilla, y no una o dos líneas si se escriben los datos de forma corrida.

Envié el documento reformateado, después de recortar las páginas de instrucciones, junto con el recurso. Ahora, sin quitar una sola palabra del texto inicial, todo me entró en tres páginas y media. Pero el recurso fue denegado, sin algún tipo de explicación, mientras otros tres recursos de proyectos de mi universidad con el mismo problema fueron aceptados.

Tras consultar a nuestros servicios jurídicos, presenté un recurso de reposición. Seis semanas más tarde, después de no haber tenido ninguna noticia, a través de un cruce de correos con el Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales del Ministerio, pude saber lo siguiente: que ahora ya se ocupa la Subdirección General de Recursos y Reclamaciones de mi expediente; que, como no les había llegado mi expediente aún, no me pueden dar ninguna información; que, en todo caso, como ha pasado más de un mes, entra en vigor el “silencio administrativo”, por el que se entiende denegado mi recurso; y que, pese a ello, dicha Subdirección emitirá un veredicto oficial en cada caso, aunque no se sabe cuándo.

En mis más de tres decenios de vida profesional universitaria no he conocido una situación similar, ni aquí ni en otros países de Europa

El cálculo es claro: aquellos que barajan llevar ese caso de clara indefensión jurídica a los tribunales tendrán que esperar hasta que les llegue la resolución definitiva de la Subdirección y muchos desistirán de dar el paso a los tribunales, porque, mientras tanto, se va acercando el momento en el que saldrá la convocatoria de este año. Y así, uno puede pensar que la jugada del Ministerio le ha salido perfecta: se ha ahorrado el dinero a pagar a muchos evaluadores y se ha quitado de un plumazo un montón de solicitudes para así repartir los escasos fondos que este Gobierno habilita para la investigación entre menos proyectos y disimular un poco esta deplorable situación.

Soy catedrático y en mis más de tres decenios de vida profesional universitaria no he conocido una situación similar, ni aquí ni en otros países de Europa. Pronto pediré mi quinto sexenio de investigación, por lo que tengo experiencia en este campo. Creo que este país y sus investigadores no merecen semejante trato mezquino por parte de un Gobierno cuyo máximo objetivo no parece ser incentivar e impulsar la investigación, sino poner trabas y obstáculos. Si no nos quieren conceder la posibilidad de subsanar errores formales, quizás no sea mala idea la de ejercer este derecho en las próximas elecciones generales para subsanar el gran error que consistió en entregar a este Gobierno la responsabilidad de la política científica. Pero -en mi caso al menos- hasta en este punto le ha salido bien la jugada a nuestro Gobierno: mantengo mi nacionalidad alemana y no podré votar.

Ludger Mees (Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco UPV/EHU)

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