El CSIC necesita menos dependencia del Gobierno y más reformas urgentes

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra el 24 de noviembre sus 75 años. El CSIC es una de las primeras instituciones de investigación e innovación en el mundo y la primera de España. Hasta el año 2009, como el resto del sistema español de ciencia y tecnología, este organismo público estaba contribuyendo a nuestro acercamiento a los países líderes de referencia en la UE como Alemania, Francia o Reino Unido, en cantidad y calidad de resultados (publicaciones y patentes). Sin embargo, la crisis económica y las políticas de control drástico del gasto dirigidas a superarla han revertido esta tendencia, devolviéndonos a niveles de hace una década y han puesto de manifiesto las debilidades del CSIC para funcionar eficazmente en un mundo cambiante, globalizado y muy competitivo

Es necesario acercarse a los niveles de inversión y dotación de personal científico de los países de referencia, como han reconocido numerosas instituciones españolas a través de su apoyo a la Carta por la Ciencia. Sin embargo, esta demanda de recursos requiere una reforma profunda previa de la estructura de las instituciones que diseñan y ejecutan la política de I+D en España. La reforma es imprescindible para que los costes de la investigación no sean gasto sino verdadera inversión, tanto en términos de eficiencia por euro invertido como, sobre todo, en términos de captación de recursos externos, liderazgo de iniciativas a gran escala y transferencia a la sociedad.

La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades del CSIC para funcionar eficazmente en un mundo cambiante

En este contexto, un grupo de investigadores del CSIC abrimos hace algo más de un año un debate interno, concretado en una propuesta de ideas para la reforma del CSIC y de la ciencia en España. La propuesta incluye 13 puntos, estructurados en torno a cuatro ejes: modernización, transparencia, gestión eficiente y autonomía de gobierno.

La modernización se refiere a la transformación del CSIC desde un papel actual de mero gestor pasivo de fondos destinados a la investigación a otro en el que lidere la expansión de las fronteras del conocimiento y la atención de las necesidades científico-técnicas de la sociedad española. Se requieren planes a medio y largo plazo, vinculantes, sometidos a evaluación interna y externa, y suficientemente ágiles y flexibles como para actualizarse en función de las evaluaciones y del propio avance de la ciencia. Las evaluaciones deben tener efectos incentivadores significativos en la promoción de los investigadores y grupos que mejor cumplan sus objetivos y debe servir además para estructurar y facilitar la colaboración con otros grupos de investigación, tanto dentro como fuera del CSIC.

Es imprescindible implementar una gestión transparente de los objetivos y recursos humanos y financieros incluidos en la planificación. Es esencial en primer lugar tomar decisiones meditadas y consensuadas entre los miembros del CSIC, su dirección y los responsables políticos, para establecer prioridades de líneas de actuación y de gestión en los centros, dotándolos a continuación de un plan económico viable y con presupuesto suficiente que garantice su funcionamiento independiente a corto y medio plazo. La gestión de estos fondos debe ser pública y sometida a evaluación interna y externa, basada en el cumplimiento de objetivos, no sólo en el control de los procedimientos de gasto.

La reforma es imprescindible para que los costes de la investigación no sean gasto sino verdadera inversión

El tercer pilar del decálogo es la gestión eficiente de los recursos disponibles, que siempre serán relativamente escasos. La estructura gestora del CSIC debe transformarse desde el actual esquema en el que predomina la burocracia innecesaria pero en el que apenas se evalúa el uso eficiente del gasto ejecutado. Es necesario centrarse en la evaluación de resultados y objetivos a posteriori y flexibilizar la autonomía a priori de la ejecución de los presupuestos administrados por los investigadores. Estos deben tener capacidad para modificar la distribución de los fondos durante el desarrollo de los proyectos y, a cambio, ser auditados por un sistema público de rendición de cuentas con posterioridad a la ejecución del proyecto.

Finalmente, la gobernanza del CSIC debe ser autónoma, esto es, no debe estar basada en cargos de designación y dependencia política directa del gobierno (central o autonómico) en cada coyuntura electoral. Por el contrario, los gestores del CSIC deben responder ante el Parlamento, los colectivos administrados y la sociedad en general sobre el grado en que se alcancen los objetivos marcados por sus planes a medio y largo plazo. A cambio, los gestores deben poder exigir al Gobierno y al Parlamento que cumplan sus compromisos. La base de la gobernanza debe ser la excelencia, esto es, en qué medida la consecución de objetivos y los resultados de la investigación colocan en una situación de relevancia internacional la labor realizada en todas las escalas. La autonomía del CSIC a este respecto contribuiría a situar a la ciencia como cuestión de Estado.

La gobernanza del CSIC no debe estar basada en cargos de designación política directa desde el gobierno

Estas reformas son necesarias para que el CSIC en particular, y la ciencia española en general, consoliden las posiciones de liderazgo internacional que ya ostentan varios de sus investigadores. Nuestras propuestas coinciden en gran medida con el informe hecho público en septiembre de este año por un grupo de expertos independientes a iniciativa del Gobierno.

La propuesta lleva implícitas profundas reformas de varias leyes que constriñen la modernización del sistema español de ciencia y tecnología y limitan el desarrollo social y económico de nuestro país. Por tanto, deben ser los partidos políticos los que la debatan a fondo e incorporen los aspectos que consideren adecuados a su acción política y de gobierno, o a sus programas electorales. Sobre todo, abogamos por el tan repetido como necesario pacto de estado sobre I+D+i, que posibilite, mediante una planificación estratégica a medio-largo plazo, la recuperación del camino hacia la excelencia que nuestra ciencia y tecnología emprendió durante la década pasada y ha abandonado abruptamente en ésta.

La propuesta ha sido elaborada por un grupo de 37 investigadores del CSIC, ha recibido el apoyo de otros 80 investigadores a título individual y de 10 sociedades científicas, y se está presentando a los partidos políticos para su conocimiento y toma en consideración.

Mario Díaz, Alberto Jiménez, Alexandra Rodríguez, Alvaro Blanco, Ana Lázaro, Ana Rey, Angel Pérez del Pino, Annie Machordom, Beatriz Arroyo, Ceferino López, David Vieites, Fernando Valladares, Francisco Guinea, Jaime Bosch, Joaquín Hortal, Jordi Moya, Jorge Curiel Yuste, Jorge M. Lobo, José Luis Tella, Juan Aguilar Amat, Lidia Martínez, Luis María Carrascal, Luis Santamaría, Manuel Nieto Sampedro, Mar García Hernandez, Marta Montserrat, Miguel Angel Rodríguez-Gironés, Miguel Bastos Araújo, Miguel Camblor, Pablo Campos, Pablo Vargas, Paola Laiolo, Pedro Aragón, Pedro Jordano, Rafael Jiménez, Santiago Merino, Teresa Morán-López