Efectos especiales

El Gobierno cumplirá con holgura el objetivo de déficit público de este año (5,5%), y previsiblemente del próximo ejercicio (4,6%), y reducirá el porcentaje de deuda pública en relación con el producto interior bruto (que hasta ahora ha sido imparablemente creciente), no por un esfuerzo continuado de su acción política, sino por un oportunísimo cambio estadístico que, al parecer, llega de Europa.

A partir de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporará al PIB (todo lo que produce un país en un año) los datos relacionados con las armas, las drogas y la prostitución, y ha calculado que ello supondrá unos 45.000 millones de euros anuales, un 4,5% del total. Como automáticamente aumenta el numerador de la división, el porcentaje de déficit y de deuda se reducirá. Cuando cambie esta metodología, habrá de explicar bien el INE sus cálculos (para evitar cualquier sospecha malévola a favor del Gobierno) y dar una perspectiva comparada de cuánto suponen los nuevos sectores en relación con los países de nuestro entorno.

¿Cuánto suponen las armas, las drogas y la prostitución en el PIB de otros países europeos?

A los cambios estadísticos se le unen las lecturas interesadas cuando se pretende hacer de los datos de la coyuntura una especie de película china repleta de efectos especiales. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), con su tradicional solidez científica, acaba de actualizar al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y ha dicho que entre este año y el próximo el paro disminuirá en un millón de personas. Pero también ha aclarado que este dato se descompone en dos: dos terceras partes del mismo (unas 700.000 personas) corresponden a la reducción de la población activa (desanimados, emigrantes, jubilados...) y solo 300.000 se corresponden con la creación de empleo. Y, sin embargo, el énfasis torticero en algunos responsables políticos ha estado en el millón, no en los 300.000.

Cambios estadísticos, lecturas interesadas, presentaciones artificiosas. En abril del pasado año, al finalizar un Consejo de Ministros, comparecieron con cara compungida y desmoralizada la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Economía, para presentar un programa de estabilidad 2013-2016 que reducía las previsiones de crecimiento y daba una cifra de paro para el final de la legislatura superior a la que había en el país cuando los socialistas dejaron La Moncloa.

Esa tristeza duró un segundo. A partir del minuto siguiente se comenzó a preparar a la opinión pública para demostrarle que se había tocado fondo y que se combatían las propias previsiones; que cualquier pequeña mejora, publicitada con un gran efecto multiplicador, sería atribuible a la gestión del Gobierno y a sus recortes (que en el neolenguaje instalado desde el principio se denominaban reformas); y que estando las cosas tan mal, el Ejecutivo necesitaba un margen de maniobra mayor para adoptar medidas impopulares pero imprescindibles, como, por ejemplo, prorrogar la subida “temporal” del IRPF, en contra de lo prometido.