_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Pura saña

No les basta con aterrorizar a los ciudadanos por el impago de una deuda, ni con echarles de sus casas y romperles la vida para siempre

Rosa Montero

Voy a contar tres historias ejemplares. La primera es la de Yolanda Sánchez, de 38 años, que en 2010 pidió un crédito de 4.000 euros a Unicaja. Yolanda trabajaba y tenía nómina, pero para que se lo concedieran le tuvo que avalar su madre con la pensión. La chica fue pagando hasta que perdió el empleo. Intentó que le redujeran las cuotas y llegar a un acuerdo, pero no le dieron ninguna facilidad. En agosto de 2012 le dijeron que, de no pagar, embargarían la pensión y la casa de la madre. Desesperada, abrió un evento de Facebook contando su caso y logró reunir el dinero. Hace cinco días se le notificó que el crédito estaba saldado, pero que el procedimiento no se cerraba porque ahora tiene que abonar 1.087 euros, que es la minuta del abogado de Unicaja. Yolanda, que no tiene ingresos, ha vuelto a hundirse en una pesadilla sin salida.

El segundo caso es el de R.M.S., de 60 años, productora de cine, que también perdió el trabajo y después la casa y que vive desde 2009 con los 459 euros al mes de la renta mínima de inserción. Pues bien, el banco que le embargó el piso en su día, este mes también intentó embargarle la mísera renta de la que malvive (al final logró cobrar, pero la lucha ha sido tremenda; y, si no digo el nombre del banco, es porque todo lo hicieron por teléfono para no dejar huellas, como los estafadores). Y, por último, otro caso alucinante pero al parecer muy habitual: Cristina Fallarás, la conocida periodista y escritora, que, tras perder el trabajo, fue desahuciada de su casa en 2012, recibió meses después un requerimiento de la Hacienda municipal para que pagara la plusvalía del piso que le habían quitado. En fin, se ve que no les basta con aterrorizar a los ciudadanos por el impago de una deuda ni con echarles de sus casas y romperles la vida para siempre. Además, les persiguen, les exprimen, les atormentan. Pura saña.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Suscríbete aquí

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_