El negocio de prohibir

Ya no se sabe si la avidez recaudatoria de las actuales autoridades españolas no conoce límites –bueno, saqueadora–, o si la vieja pasión prohibidora de este país emerge al menor pretexto, o si se trata de una mezcla de las dos, lo más probable. En poco tiempo nos han obsequiado con varias medidas, a cual más injusta, demente y desfachatada, todas dictadas por esos dos ánimos: prohibir por prohibir y estrujar aún más al ciudadano, como si no bastaran las enloquecidas subidas de impuestos de Rajoy y Montoro, en contra de sus promesas electorales y, según dijeron, “provisionales”, pero ya prorrogadas uno o dos años más, por lo menos hasta 2015. Como en esa fecha habrá elecciones, bajarán algo esos impuestos a ver si los votan los de su propio partido. Visto lo que podemos fiarnos de su palabra, y de la del PP en general, es seguro que, si redujeran la presión fiscal, sería para incrementarla en seguida en 2016, y de lo dicho nada, y además “no hay otra solución”.

Pero a lo de ahora. Primero se nos comunicó que a partir de pronto se harán pruebas de alcoholemia a los peatones infractores y se los multará. Es decir, si alguien lleva prisa y se salta un semáforo porque no se ve ni un coche en lontananza, habrá que comprobar si ha bebido un vaso de vino o dos, y, de ser así, se la cargará bien cargada. Otro tanto si un transeúnte desciende a la calzada y camina junto al borde, cosa que en Madrid, por ejemplo, nos vemos obligados a hacer todos a menudo porque las aceras están intransitables, llenas de obstáculos puestos por el Ayuntamiento: pivotes de piedra o de hierro, chirimbolos, motos y bicis a las que se permite aparcar, gigantescos contenedores, bandas de pseudojazz, vallas y zanjas de obras inútiles, papeleras desbordadas, andamios por doquier. Así, las autoridades ocupan las aceras hasta impedirnos ir por ellas, y a continuación deciden cobrarle al que las abandona para avanzar. Negocio redondo, el de forzarnos a infringir las reglas para luego multarnos por ello.

A usted se lo multa y persigue sólo por eso, por ser pobre, hay que ver

Al poco nos enteramos de que la alcaldesa de Fuengirola, del inevitable PP, ha prohibido que en la Feria de su localidad suene música en otra lengua que el español, y –ojo– español de aquí: no sólo no permite “géneros como funk, rap, reggaeton, electrónica, metal, alternativa, hip hop, reggae, heavy metal, country, punk y gótica”, sino tampoco “ritmos latinos en general”, aunque estén cantados en español. Asimismo ha dictaminado sobre la decoración de las casetas, que deberá basarse en “elementos relacionados con Andalucía, su cultura, arte y tradiciones”, y al que no cumpla lo visitará la policía. Que esta tal Doña Oña imponga a sus conciudadanos lo que han de oír y bailar, y hasta cómo deben engalanarse, es sin duda anecdótico, pero delata un espíritu totalitario que ríanse de Stalin. De hecho la aproxima mucho a Franco, que proscribió todos los nombres extranjeros, de cines, hoteles, cafeterías y demás. Oí contar que el cine Colón de mi infancia se había llamado Royalty, hasta que el dictador lo condenó por poco español.

A continuación nos anuncian una nueva ordenanza municipal para Madrid, y a raíz de eso se nos revela que está parcialmente inspirada en las ya vigentes en Sevilla, Barcelona, Málaga, Benidorm, Bilbao, Granada y otras ciudades. Al leer la lista de lo que prohibirá y multará esa ordenanza, uno se pregunta si queda algo que no sea una infracción, y si pronto no nos cobrarán por salir a la calle y transitar. Junto a algunas prohibiciones razonables y ya existentes, pero que no se suelen respetar (orinar en la vía pública, algo que uno ve hacer de continuo con total impunidad; no llevar perros peligrosos sin bozal; encender hogueras, etc.), nos encontramos con que habrá multas de hasta 750 euros por limosnear ante un centro comercial; de hasta 1.500 por intentar limpiar un parabrisas o vender kleenex en los semáforos, por “juegos o apuestas con dinero” (esto en una comunidad que ahora adora a la Virgen Tahúr de Eurovegas y a San Adelson el Turbio, será para que ningún trilero haga competencia a sus casinos), o por “promover la prostitución”. No se aclara qué cae bajo ese verbo ambiguo, guiñarle un ojo a un viandante debe de ser parte de ello. También se pregunta uno cómo pagarán 750 o 1.500 euros un mendigo, un vendedor de kleenex o un limpiador espontáneo, más aún cuando, gracias a la política de recortes y despidos fáciles del Gobierno y la CEOE, cada día más gente se ve empujada a tan miserables menesteres porque no le queda otro remedio. Y luego se pregunta uno qué se hará con los no pagadores, que serán todos: ¿se los meterá en la cárcel, estando todas ya saturadas? ¿Se los expulsará de la ciudad o del país? Todo da la impresión de ser un capítulo más en el proceso de eliminación de los pobres. A usted se lo multa y persigue sólo por eso, por ser pobre, hay que ver. Lo sangrante es que al mismo tiempo este Gobierno hace todo lo posible por incrementar su número, y por que pasen a serlo quienes no lo eran ni lo son. Entre eso y la nueva emigración forzosa de jóvenes y no tan jóvenes, uno empieza a sospechar que a lo que aspira el PP es a despoblar el país y a que en España no queden en libertad más que sus votantes y unos cuantos indiferentes. Sería la única manera de asegurarse la perpetua reelección. El único inconveniente es este: ¿quién quedaría para tributar a Hacienda, esto es, para pagar a sus miembros y “asesores” sus cuantiosos sueldos?