Niños robados

Una amiga mía muy cercana es adoptada. En 1969, a pocos días de su nacimiento, las monjas de la casa cuna Santa Isabel de Valencia se la entregaron a su nueva familia. Por entonces, la casa cuna no aparecía en las páginas policiales. Aún nadie hablaba de robos de bebés.

Yo mismo acompañé a mi amiga hace unos cinco años a Santa Isabel. Ella quería pedir información sobre su madre biológica. Hoy día, las residentes de la casa tienen un perfil muy distinto que hace 40 años. La mayoría son inmigrantes embarazadas, pero sin pareja ni trabajo, muchas veces ni papeles, a las que las monjas llaman “amenazadas de aborto”. En Santa Isabel pueden recibir un techo y un plato de comida mientras culminan su embarazo. El objetivo es que no lo interrumpan.

El día de nuestra visita, mi amiga no consiguió ninguna información sobre el paradero de su madre biológica. Llevaba años buscándola, incluso con el apoyo de su madre adoptiva. Pero las monjas insistían en que no guardaban archivos. Mi amiga dejó sus datos, por si su madre biológica asomaba por el lugar. Pero la madre superiora no le dio esperanzas: esas pobres chicas, dijo, nunca vuelven a preguntar. Mi amiga les creyó.

Sin embargo, hace unas semanas, gracias al milagro del ADN, una de las bebés de Santa Isabel encontró a su madre: una parturienta del mismo año que mi amiga, 1969. En esa época, la madre era menor de edad. Para “protegerla”, las monjas de Santa Isabel le mintieron: le dijeron que su bebé había muerto al nacer. Y se la entregaron en secreto a otra familia.

Esas instituciones no tienen autoridad moral para decidir en lugar de las mujeres

La niña, hoy de 44 años, había pasado la vida tratando de encontrar a su progenitora. Otra hija de esa mujer, suspicaz, también llevaba años en busca de su hermana perdida. Durante todo ese tiempo, las monjas de Santa Isabel se habían negado a ofrecerles cualquier información, ni siquiera dónde habían enterrado el supuesto cadáver. Al encontrarse, esta familia destapó sin querer presuntos delitos de secuestro, fraude, falsedad documental, encubrimiento y tráfico de personas.

El caso llegó a la prensa, y con él, una nueva esperanza para mi buena amiga. Tal vez no fue abandonada: tal vez la robaron. La clave de su pasado está en esa casa cuna. Pero sólo las monjas la conocen, y han escondido sus registros durante décadas, encubriendo la sordidez de sus actividades.

Mientras todo esto ocurría, daba la vuelta al mundo el caso de la salvadoreña Beatriz, una mujer embarazada de un niño sin cerebro, que no sobreviviría al parto. Beatriz, además, padecía problemas renales que podían costarle la vida de culminar el embarazo. El Poder Judicial de su país le prohibió abortar, en una decisión celebrada por la Iglesia salvadoreña. La lógica aparente de estos patriarcas era: ¿por qué dejar morir a un niño si podemos dejar morir también a la madre? Conmovedor.

Por eso me revuelve el estómago escuchar en América Latina y Europa campañas como la que el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, ha desplegado durante meses para cambiar la ley de aborto. El ministro plantea derogar la ley de plazos, que admite el aborto hasta cierto momento del embarazo, e instaurar una ley de supuestos, que obliga a las embarazadas a pedir permiso para abortar, demostrando que cumplen ciertos requisitos.

Comprendo las razones para oponerse al aborto. Es una medida terrible, y muy triste. Pero creo que en última instancia, cada madre debe decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, porque es la que mejor conoce su situación.

Prohibir o restringir el aborto sólo consigue que decidan otros, y “otros” significa la Iglesia o el Estado. Si esas instituciones fuesen de por sí moralmente superiores, si tomasen siempre las decisiones correctas, yo aceptaría que asumiesen la responsabilidad. Pero después de lo visto por mi amiga en Santa Isabel, y por Beatriz en Centroamérica, no veo qué autoridad moral, qué derecho, qué poca vergüenza pueden tener esas instituciones para decidir en lugar de las mujeres.

Twitter: @twitroncagliolo