Instituciones y crecimiento económico

La pregunta que se hacen los ciudadanos españoles de manera reiterada es cómo salir de la crisis económica que estamos viviendo y que se alarga dramáticamente en el tiempo; sin duda, este debe ser el primer gran reto de la política económica de nuestro país, y de cualquier partido político con opciones de Gobierno.

El primer objetivo de los responsables políticos debe ser el de estimular la actividad económica y el empleo, y eso no es incompatible con la deseable y permanente ocupación por la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Y debe ser el crecimiento económico nuestra prioridad por múltiples razones: en primer lugar, porque sin crecimiento es difícil construir una sociedad próspera y justa, ya que la relación contraria es inusual encontrarla en economías abiertas; y en segundo lugar, porque es posible impulsar un crecimiento económico integrador que permita avanzar en la contención de las causas que explicarían las crecientes desigualdades de la renta en las economías de los países más prósperos, obteniendo una distribución de la renta ex ante (también llamada predistribución de la riqueza) que posibilitaría destinar menos recursos a la posterior redistribución de la misma.

El análisis económico del comercio internacional pone el énfasis en la competencia entre empresas y en el papel de los países a la hora de generar entornos productivos; evidentemente, esa competencia se puede desarrollar puramente en costes o añadiendo conocimiento e innovación a los bienes y servicios producidos; pero el marco institucional, y más concretamente el cuadro regulatorio y las políticas horizontales, se presenta como un elemento central a la hora de impulsar el crecimiento económico y el nivel de bienestar de las sociedades; aunque ni ha existido ni existe un único marco institucional que permita ganar competitividad.

La normativa fiscal, laboral y administrativa impide que las empresas españolas crezcan

Ahora bien, cada marco exitoso se caracteriza por su coherencia interna. Por ejemplo, Estados Unidos se caracteriza por el dinamismo: sus mayores empresas hoy son distintas a sus mayores empresas, no ya de un siglo atrás, sino de apenas tres décadas. La base de su éxito es la capacidad de generar ideas radicalmente nuevas y de que estas puedan crecer. Este marco requiere mercados desregulados, financiación no bancaria que comparta riesgos y universidades adaptadas a ese contexto. Alemania puede ser el ejemplo de otro marco en el que la innovación está ligada a la mejora de productos y procesos ya existentes, a empresas que sobreviven durante muchas décadas en la élite de sus respectivos sectores, a un sector financiero volcado históricamente en la financiación de la actividad exportadora, y ese modelo requiere otro marco institucional, con participación de los trabajadores en la gestión y vínculos fuertes entre las empresas y el sistema formativo.

El problema de España tiene que ver con un marco regulatorio que impide que nuestras empresas puedan competir en mercados tremendamente exigentes; pongamos un ejemplo: con datos de Eurostat para 2009 y 2010, España tiene el mismo número de empresas industriales que Alemania, cuando aquí el empleo del sector es un tercio del de allí, sin embargo, el 90% de la brecha de productividad entre las empresas industriales alemanas y españolas se explica por sus diferencias de tamaño, en Alemania más grandes que las españolas.

Conviene hacer notorio que la evidencia empírica pone de manifiesto que existe una asociación positiva entre tamaño empresarial, y una mayor incorporación de innovación y conocimiento a los procesos productivos, más internacionalización, más participación de los trabajadores en las decisiones, así como el hecho de que las empresas más grandes pagan salarios más altos y emplean a trabajadores más cualificados que las pequeñas.

La normativa fiscal, laboral y administrativa en general impide que las empresas españolas crezcan. En definitiva, el marco regulatorio está dificultando que nuestras empresas ganen tamaño. El diseño institucional genera ventajas para las que no superan cierto umbral, lo que distorsiona la distribución de tamaños.

Se puede argumentar, con razón, que las grandes tienen otra serie de ventajas, pero ahí habría que distinguir claramente entre ventajas naturales y artificiales. Si una empresa mayor es más eficiente y esa mejora repercute en el conjunto de la sociedad, la protección de las pequeñas de forma permanente impide al conjunto de la sociedad beneficiarse de esa eficiencia; por el contrario, si la empresa grande obtiene sus ventajas de su cercanía al poder o de su capacidad para enfrentarse a una Administración engorrosa, la solución no es proteger al pequeño, sino exigir la igualdad de oportunidades.

Los incumplimientos y
errores de Rajoy
agravan las deficiencias institucionales

El fraude y la elusión fiscal en España son un buen ejemplo de distorsiones que impulsan la dualidad empresarial: las grandes empresas se benefician de una fiscalidad a la carta tanto dentro como desviando beneficios a otros países, mientras que algunas pequeñas defraudan, con el consiguiente efecto sobre su propio tamaño y el de las rivales. Porque la complementariedad estratégica es fundamental a la hora de analizar las decisiones empresariales: si las buenas no crecen, permiten que otras no lo hagan o que sobrevivan empresas ineficientes y que el proceso de selección natural no haga su trabajo; los efectos se multiplican en tanto que la falta de presión competitiva no obliga a adoptar la mejor de las estrategias simplemente para sobrevivir.

La lentitud y el coste de la justicia son otros elementos que genera dualidad: ventaja artificial para las grandes que controlan el sistema y para las pequeñas que lo eluden, y muchas dificultades para el crecimiento de las mejores empresas, que deberían llevar con ellas el del conjunto del país.

Los problemas de nuestro marco institucional no terminan ahí: la acuciante falta de financiación actual agrava el problema de crecimiento y progresión de nuestras empresas, y eso también tiene que ver, entre otras razones, con las deficiencias de nuestro marco institucional, empeorado por los incumplimientos y lamentables errores institucionales de Rajoy. La política de nombramientos que ha hecho más partidista lo que intentaba no serlo, desde TVE hasta la CNMV, la utilización de la propia Agencia Tributaria, la forma de aplazar por motivos electorales decisiones y hasta presupuestos, la amnistía fiscal, el maquillaje del déficit público, la absurda propuesta de reforma de organismos reguladores de competencia, la forma de gestionar la crisis de Bankia o la corrupción y un largo etcétera nos muestran una trayectoria que se refleja día a día en la desconfianza para invertir, no ya en deuda pública, sino en empresas españolas.

Una Administración eficiente, transparente y ágil; órganos reguladores independientes formados por personas de reconocido prestigio que posibiliten una verdadera competencia en los mercados de bienes y servicios; una estructura administrativa clara, sin solapamientos, eliminando niveles de la Administración que supongan duplicidades; una justicia previsible y rápida; una legislación que incentive las fusiones, la cooperación empresarial y la dimensión; una fiscalidad que estimule la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa; una política que apoye más la sofisticación del producto que a los sectores; una sociedad en su conjunto que incentive que cada uno desarrolle sus virtudes y mejore lo que sabe hacer en lugar de incentivar a las empresas a dedicar sus mejores esfuerzos a capturar rentas y favores, es el mejor camino para lograr crecimiento económico en España.

En definitiva, la regeneración del marco institucional español constituye un elemento clave para salir de la crisis y sentar las bases de un crecimiento basado en la calidad y la sofisticación de lo producido, y que a la vez sea compartido.

Pedro Saura es portavoz de Hacienda del Grupo Socialista y profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico.