El Gobierno deja a todas las autonomías refinanciar su deuda como a Cataluña

La excepción concedida a Cataluña para hacer frente a su deuda se extenderá al resto de comunidades que cumplan los requisitos. El Ministerio de Hacienda permitirá a todas las comunidades que han superado los objetivos de déficit refinanciar los vencimientos de la deuda que se produzcan este año, según aseguran fuentes de este departamento. Esa fue la promesa -y no la de emitir deuda nueva- que el presidente del Gobierno le hizo al de la Generalitat en la reunión que mantuvieron en La Moncloa. Consciente de la rebelión autonómica que ha desatado una decisión que en principio se entendía solo para Cataluña, Hacienda ha precisado que la norma se aplicará a todas las incumplidoras.

De momento, son Castilla-La Mancha y Murcia las que se encuentran claramente en esta situación porque ya en septiembre habían sobrepasado el límite de déficit previsto para todo 2010 (2,4%). Pero muy probablemente otras comunidades han superado esa meta a final de año y, por tanto, se verán afectadas por las restricciones que fija Hacienda en esos casos: prohibición de emitir nueva deuda. El único resquicio será el de las refinanciaciones, que sí se autorizarán.

Para la emisión de nueva deuda, Hacienda debe dar el visto bueno a los planes de reequilibrio que ya han presentado Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña y que tendrá que presentar alguna otra en caso de haberse desviado. Hasta entonces, la única opción disponible, más allá de la refinanciación, será emitir deuda a corto plazo, es decir, con vencimiento a menos de un año.

Los Gobiernos de nueve comunidades autónomas, incluidos los de Castilla-La Mancha y Aragón -presididas por un socialista- y el mayor ayuntamiento de España, el de Madrid, habían advertido ayer a José Luis Rodríguez Zapatero que no estaban dispuestos a recibir un trato discriminatorio respecto a Cataluña. Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Galicia, Aragón, Valencia y Cantabria quieren asegurarse de que a ellas también se les va a autorizar nueva deuda si lo necesitan, y protestan porque a las dos primeras el Gobierno ya se lo ha negado con un exceso de déficit similar al catalán.

José María Barreda, presidente castellano-manchego, recordó que, según la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley, y afirmó que él da por hecho que el Gobierno "tratará de la misma manera a todas las comunidades y no va a privilegiar a ninguna de ellas".

El murciano Ramón Luis Valcárcel (PP), que se enfrenta desde hace semanas a manifestaciones en la calle por el fuerte plan de recortes sociales que aprobó presionado por la situación de las arcas públicas, pidió una reunión urgente con Zapatero, como la que ayer mantuvo éste con el presidente catalán Artur Mas, para "desbloquear" la prohibición de contraer más deuda que se le aplica a Murcia pero no a Cataluña.

Desde la Junta de Castilla y León (PP), su vicepresidente segundo, Tomás Villanueva, acusó a Zapatero de saltarse "órganos colegiados" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y consideró intolerable que se permita contraer deuda a unos y no a otros, cuando todas las comunidades están atravesando una crisis brutal de sus finanzas.

También el presidente riojano, Pedro Sanz, exigió al Gobierno que explique por qué aplica la ley de manera distinta a una u otra comunidad "en función del interés partidista, electoral u oportunista". Y el presidente de Navarra, Miguel Sanz, afimó que las decisiones de Zapatero no deberían "generar agravios comparativos entre las comunidades autónomas". El Parlamento se ha convertido "en un mercado persa" donde los nacionalistas van "a tirar de la cuerda", ha dicho el cántabro Miguel Ángel Revilla.

Según el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel (Partido Aragonés), todos los Gobiernos autónomos intentan siempre obtener más financiación del Gobierno central pero ninguno lo consigue salvo la Generalitat de Artur Mas. Biel es, en el Ejecutivo aragonés, el número dos de Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE.

"Hay una discriminación clara a los madrileños", "un hecho grave" y un "trato desigual" por parte del Gobierno en la autorización dada a Cataluña para endeudarse más. Así de crítico se mostró el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, que solicitó al Ejecutivo refinanciar toda la deuda del consistorio madrileño -257 millones-, que vencía este año, y que recibió un no por respuesta. "No entendemos por qué los proveedores madrileños van a tener un trato distinto a los de Cataluña", remachó al alcalde, que se preguntó "cómo va a explicar [José Luis Rodríguez] Zapatero por qué lo que ha conseguido para los proveedores catalanes no lo van a tener los madrileños, informa Víctor López.

A su juicio, la decisión de Zapatero de negar la refinanciación a Madrid no tiene que nada que ver con el plan de estabilidad sino que son "razones políticas". "Sabemos que el presidente no ha dicho la verdad" y que sus razones -que la petición de Madrid podría significar una pérdida de crédito de España en los mercados internacionales, entre otras- "no son ciertas", añadió el alcalde, que en todo momento quiso dejar claro que su denuncia es al Gobierno, no a Cataluña. "No tenemos ninguna protesta por sí a Cataluña pero sentimos discriminados", subrayó en una rueda de prensa esta mañana en el palacio de Cibeles. "Esta discriminación rompe lo que tiene que ser un trato ecuánime por parte del Gobierno de España a todas las administraciones públicas", dijo el alcalde, que opina que "se ha atendido de manera diferente esas necesidades en unos casos y otros". A pesar de su "protesta y su discrepancia", no tiene "esperanzas" en que el Gobierno modifique el criterio con el ayuntamiento de la capital, el más endeudado de España.

El Gobierno regional de la misma opinión

El consistorio madrileño tiene problemas de tesorería muy graves, que se traducen en serias dificultades para pagar a los proveedores, a los que debe 900 millones, algunos de los cuales (como las empresas de limpieza) llevan desde principios de año sin cobrar, y que han provocado amenazas de huelga. El Gobierno abrió la mano el pasado septiembre para que los ayuntamientos que no tuvieran una deuda superior al 75% de sus ingresos corrientes pudieran refinanciarla y acceder a un crédito que en estos tiempos se antoja imprescindible para seguir funcionado. Pero de esa norma quedaban fuera algunos Ayuntamientos importantes, como el de Valencia y sobre todo el de Madrid.

En la misma línea, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, afirmó que las peticiones de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid y de los gobiernos regionales de Murcia y Castilla-La Mancha son "tan razonables" como las de la Generalitat de Cataluña, informa Europa Press. "Si no se permite a una comunidad endeudarse para pagar gastos ya realizados quienes están pagando el pato de esta gestión política son las empresas que no cobran, y eso es malo para el conjunto de la economía", consideró. Para Beteta, "otra cosa es que esa autorización tenga que ir debidamente acompañada de unos planes severos de saneamiento que hagan que estas instituciones reduzcan sus gastos", y de esta forma, reducir el stock de deuda pública "excesivo al cual estaban cayendo por el déficit".

A los dos contestó la ministra de Sanidad, Leire Pajín, quien aseguró en Telemadrid que ninguna comunidad autónoma tiene "un trato diferencial". La ministra argumentó que "la Generalitat puede emitir deuda de forma limitada a cambio de algo común para todos: cumplir a rajatabla la reducción del déficit y el plan de estabilidad que Mas puso encima de la mesa". "Las condiciones de cada comunidad hay que ponerlas encima de la mesa y a partir de ahí, si se cumple con el objetivo común, pues se verá", añadió la ministra.

La Generalitat responde

El Gobierno de Cataluña rechazó ser una comunidad privilegiada por lograr el plácet del Gobierno para emitir nueva deuda, porque "lo que pide es que se le pague lo que se le debe", y apela a la "madurez democrática" ante las críticas que se han vertido desde otras comunidades autónomas, informa Efe.

En estos términos se expresó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el día después de la reunión en la Moncloa entre el presidente catalán, Artur Mas, y el jefe del ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, afirmó que, "por desgracia", Cataluña ya está acostumbrada a recibir críticas cuando "está en su derecho" de pedir "lo que se le debe" y recogen las leyes españolas. "Considerar esto como un privilegio es un sinsentido y no tiene argumentación posible", apuntó Homs, que subrayó que "Cataluña no planeta ningún privilegio ni se le concede".

Homs lamentó las críticas que "siempre nos llueven de todos lados" y, aunque ha renunciado a entrar a fondo en el tema, ha asegurado que "si hay un nivel de madurez democrática, como lo hay, no deberían hacerse este tipo de consideraciones". "Lo que plantea Cataluña es simplemente lo que se nos debe, hemos puesto encima de la mesa aquello que el tripartito ya había puesto en los últimos tres años y el dinero que se nos debe por ley, una ley española. Todo esto son unos aspavientos sorprendentes", concluyó.