El sistema universitario catalán se blinda para que la educación superior no reparta dividendos

Cataluña no quiere que sus universidades estén en manos de empresas que reparten beneficios. “En principio, no damos entrada a los fondos de inversión. Si hay una propuesta, les decimos que vamos a ser extremadamente rigurosos”, reconoce sin tapujos su directora general de Universidades, Victoria Girona. Recuerda la visita de un asesor de los fondos: “Le dije: ‘Mire, aquí no les vamos a aceptar’, le expliqué toda la política que llevamos. Y él añadió: ‘Cataluña es difícil’. Y le contesté: ‘Sí, porque mantenemos mucho la calidad nuestro sistema”. El 17,4% de sus alumnos presenciales de grado están en un centro privado y un 16,4% de los de máster. A ellos se suman los 74.000 que estudian a distancia desde cualquier lugar en la Universitat Oberta de Catalunya, con precios públicos y gestión privada.

¿Por qué Cataluña, el gran referente nacional, rehúye abrir universidades privadas mientras que el resto de España es pasto del negocio? También el Gobierno de Castilla-La Mancha se mantiene firme en su rechazo al negocio puro, mientras Asturias asegura que será exigente en los trámites con la Universidad Europea, que pretende convertirse en su primera privada; en paralelo a que las otras dos comunidades que no habían sucumbido, lo harán pronto: Extremadura con cuatro campus y Baleares con uno.

De las cinco privadas, dos (Oberta de Cataluya y Vic) son semipúblicas y reciben financiación de la Generalitat, y las otras tres son fundaciones sin ánimo de lucro que tienen que reinvertir en su institución sus ganancias: la Universidad Internacional de Cataluña, cercana al Opus Dei; Abat Oliba CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas y la Ramon Llull (que junta a escuelas de prestigio como Esade o el Instituto Químico de Sarriá), de la que forma parte el Arzobispado de Cataluña. “Estas privadas tienen también una calidad validada”, remarca Girona. Desde hace 21 años no se abre ninguna, la última la Abat Oliba CEU en 2003, pero ya estaba adscrita como centro a la de Barcelona desde 1973.

“Cataluña tiene algo muy positivo que es el Consejo Interuniversitario de Cataluña, que se aprobó en año 78 para un tema de acceso, que asesora al Gobierno [autonómico] y coordina a las siete universidades públicas y cinco privadas”, se felicita Girona. “Por ley, el Gobierno catalán es responsable de la programación y de la calidad de todo el sistema y, por eso, analizamos cada propuesta, discutimos [con el consejo] sobre la calidad de la formación y en el 2019-2020 se aprobó un código de buena conducta para los centros adscritos [gestión privada], firmado por el Gobierno y el sistema universitario, que me sirve de punto de fuerza cuando recibo una propuesta de un centro adscrito o una universidad privada”. Todo se consensua con el Consejo Interuniversitario de Cataluña. Por ejemplo, entre todos acordaron que las privadas no quitasen la criba de alumnos del grado de Educación, que se celebra todos los años, sino que se hiciera durante el primer curso de la carrera.

Girona cita el trabajo “exhaustivo” de la agencia de evaluación de la calidad catalana, AQU. Las públicas catalanas (Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, Lleida, Girona y Rovira i Virgili en Tarragona) son competitivas internacionalmente, pero escasamente financiadas por la Generalitat, que pretende remediarlo (pretenden llegar a un 1% del PIB en 2030 y van a doblar la inversión en infraestructuras en 2025). Y cuentan con unas tasas de profesorado en condiciones precarias sonrojante.

“La exigencia es la misma para el centro privado y público, el calendario es el mismo... Todo, todo es igual. Nuestro punto de vista como Gobierno es que el conocimiento no es un negocio, sino que es un derecho de la ciudadanía”, prosigue Girona. Y esta exigencia queda latente en cualquier análisis. Cataluña lidera con Navarra el ranking de las mejores universidades públicas y privadas de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCyD): logra la puntuación más alta en 28 de los 36 indicadores.

El barcelonés Joan Subirats, exministro de Universidades (2022-2023), recuerda cómo durante la redacción de la LOSU [Ley Orgánica del Sistema Universitario], “privadas como la Ramon, Llull, Comillas, Deusto, Mondragón... nos vinieron a pedir que las labores de investigación no se exigiesen solo para las públicas en la ley”. Y enumera campos en los que la privada es muy fuerte en Cataluña ―en diseño (Elisava o BAU) o empresa (Esade e IESE)―, pero enfatiza la “importante expansión que tienen las públicas en el territorio” ―las universidades de Lleida y Girona estaban ya muy implantadas cuando se independizaron de la Autónoma de Barcelona― que dificulta que surjan más centros. “Y luego en la Pompeu Fabra, que tiene una estructura muy moderna y está en Poblenou, la zona que se hizo para los Juegos Olímpicos, encontró una alternativa un tipo de gente que podría canalizarse hacia la privada”.

Aunque en las ciudades la enseñanza concertada es fuerte en Cataluña (24,6% en etapas no universitarias, 11% en la privada), Subirats, catedrático emérito de Ciencia Política en la Autónoma de Barcelona, resalta el valor de lo público allí. “Hay una cierta tradición. En la Transición hubo un grupo de centros educativos privados que al llegar la democracia pidieron estar en la esfera pública y así pasó. Y lo mismo ocurrió en sanidad”.

“Si hasta ahora la universidad ha sido ascensor social es porque todo el sistema universitario ha garantizado que sus graduados y graduadas tengan competencias que les doten empleabilidad en el mercado de trabajo, y eso es precisamente lo que tiene que preservar también el sistema público”, sostiene la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó. Y en esta faceta las encuestas a estudiantes muestran que estos perciben unas mejores expectativas si se matriculan en la privada. “AQU hace periódicamente unas encuestas de empleabilidad de los graduados y la misión de la universidad es integrar toda esta información cuando diseñamos nuestras estrategias de portafolio. Y, además, añadirle otros tipos de competencias, que es lo que nos garantiza que tengamos perfiles de graduados empleables”. Este seguimiento es inusual, las autonomías suelen autorizar titulaciones sin tener en cuenta qué será luego de esos graduados.

En Cataluña hay 8.900 matriculados en Medicina (12,3% en la privada), casi como en Madrid, pero en la capital el 45,6% estudia en las pago (hasta 138.000 euros el título). El paradigma es muy distinto. Por ejemplo, hace dos años la Generalitat autorizó 600 plazas de Enfermería, para solventar el déficit de profesionales, todas en la pública. “La universidad ha de ser accesible a toda ciudadanía, si no no tendría sentido”, sostiene Girona. Ahora la Abat Oliva quiere ofertar Enfermería y Medicina, y la Generalitat le obliga a tener las plazas de prácticas para los seis años aseguradas para no saturar hospitales y ambulatorios. Estas prácticas se han convertido en un motivo de fricción entre universidades en Madrid (también entre las no públicas), o la Comunidad Valenciana, donde en 2016 Govern de izquierdas prohibió a las privadas impartir clase en los hospitales públicos, pero el Tribunal Constitucional, al que recurrió el PP, tumbó la medida en 2019. Distintas maneras de concebir la universidad pública.