La apertura de cuatro universidades privadas de golpe en Extremadura desafía el ascensor social

Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, comunidades con una renta per cápita y un nivel educativo menor a la media nacional por herencia de generaciones que apenas pisaron la escuela ―lo manifiesta el Informe PISA―, han tenido claro que la universidad pública era un ascensor social que había que cuidar. Pero ahora se ha abierto la puerta de par en par a la universidad privada ―Andalucía ha aprobado cuatro centros en 10 meses y Canarias tramita la quinta—, y de golpe Extremadura planea inaugurar sus primeras cuatro (dos híbridas y dos virtuales). Un hecho que coincide con la llegada del gobierno de coalición PP-Vox, que ha cambiado también el modelo de las becas universitarias de la región, que ahora “priorizan” la excelencia frente a la renta familiar.

Previsiblemente, la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) será la primera en ser aprobada, con el informe técnico desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), órgano en el que están representados y tienen voto las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pretende impartir en modalidad presencial y a distancia 10 grados y siete másteres y dos doctorados online. Según el informe de impacto sobre el empleo de la Junta, el centro contratará a 98 profesores a tiempo completo, frente a los 1.957 de la UEX.

Este agosto, la Junta anunció a la vez la tramitación de otras tres privadas. La Universidad Europea de Extremadura (Cáceres), ofrecerá, como Uninde, Psicología, Enfermería y Fisioterapia, todas ellas ya incluidas en la oferta de la pública extremeña, que no puede absorber toda la demanda y deja a muchos solicitantes sin plaza. Los colegios profesionales de psicólogos y fisioterapeutas en España insisten en la saturación del mercado laboral, pero se siguen abriendo grados ante las solicitudes de plaza de las familias.

“Nuestra impresión es que en Extremadura no hay, ni mucho menos, masa crítica, ni suficiente número de estudiantes como para tener más de una universidad”, argumenta el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero. “La pública es multidisciplinar, generalista y, exceptuando dos o tres titulaciones, ofrece cualquier carrera en los campos científico, técnico, social y humanístico para los chavales de Extremadura”. Al rector le preocupa “que muchas de estas universidades no tienen los mismos criterios ni siquiera de seguimiento, ni de acreditación, ni de calidad”.

Antonio Rubio, director del proyecto de Uninde, defiende su apuesta: “Más del 40% de los estudiantes que se examinan de la EBAU en Extremadura se van a otra comunidad a seguir con sus estudios, lo que supone una sangría demográfica y de talento. En muchos casos a universidades privadas”. Y agrega: “Nuestro proyecto es complementario al de la pública, por lo que podemos contribuir a retener el talento sin competir”.

“La mejor alternativa sería mejorar las infraestructuras y programas de la pública para beneficiar a los estudiantes y mejorar la empleabilidad, sin crear nuevas universidades privadas”, defiende Mario Fuentes, que ejerce de portavoz del Consejo de Estudiantes y cursa quinto de Medicina. Él cree que “la demanda ya está cubierta. Las privadas representan un riesgo de desigualdad educativa, saturación y debilitación del sistema público”.

Al rector Fernández Salguero le inquieta también que en el caso de las tres carreras de ciencias de la salud no haya espacio para hacer prácticas en el sistema nacional de salud. “Si la privada es un negocio, tendrán que buscar su sitio en centros sanitarios privados”. Uninde ha firmado acuerdos con Quirón Salud y el grupo Casaverde. La Europea ―con sedes en Madrid, Tenerife, Valencia y pronto Málaga― declina dar explicaciones, al estar “enfocados en seguir los hitos que se nos vayan marcando desde los organismos reguladores”. También ofertará la joya de la corona, Medicina. La UEX ofrece 132 plazas en primero y deja fuera a más de un millar de aspirantes, pero hay un encendido debate entre los profesionales sobre la necesidad de formar a más médicos.

“No podemos competir en salarios, porque no se pueden establecer de forma autónoma”, prosigue Fernández Salguero, que recuerda que su plantilla fija tiene ahora prohibido por ley impartir a su vez clase en la privada. “Contamos con el respaldo de la red académica de Global Academic Network, con universidades y profesores en países como Estados Unidos, Chile y también Portugal”, explica Rubio. Detrás de Uninde está la Universidad Autónoma de Chile (privada).

Las otras dos instituciones en camino son de modalidad virtual, de modo que pueden tener el alumnado y profesorado en cualquier lugar. La Universidad CEU Núñez de Balboa pretende tener las oficinas en Jerez de los Caballeros (municipio de Badajoz, de 9.300 habitantes) y convertirse en la quinta institución universitaria en España de la Asociación Católica de Propagandistas. Mientras que detrás de la Universidad Abierta de Extremadura, de Planeta, está Segundo Piriz, que fue presidente de los rectores españoles y ocho años de la Universidad de Extremadura. Hasta hace dos ha sido director académico de Planeta Universidades y ahora es rector de UNIE, la decimosegunda privada de Madrid, también propiedad del grupo editorial.

En la década pasada, los socialistas tramitaron dos universidades, pero el batacazo de los informes de la CGPU fue tan grande que optaron por encargar otros dos al Consejo de Estado, que en 2018 les dio la puntilla final. El proyecto de la Universidad Abierta de Europa Extremadura estaba ligado al Instituto Europeo de Posgrado, que va camino de abrir sede en Madrid. Pretendía, por ejemplo, que solo 33 de los 250 profesores en Extremadura, el 17%, fuesen doctores (un nuevo decreto fuerza a que sean al menos el 50%). Y la otra propuesta, la Universidad Internacional Augusta Emérita, con una previsión de 51 profesores a tiempo completo, era un auténtico folletín, repleto de “una serie de supuestas irregularidades de índole contable y mercantil que han sido judicializadas”, según el relato del Consejo de Estado. El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara las paró en seco, pero esa ha dejado de ser la tónica general. Los gobiernos de Madrid, Andalucía o Canarias están pasando por alto los informes desfavorables de la CGPU, en la que votan los consejeros autonómicos, sin ningún empacho.