Canarias tramita una universidad que solo reservó un 4% de plazas para estudios oficiales

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de ley de su quinto campus privado, la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (Tech), que tendrá que votarse en el Parlamento regional. Está concebida para ofertar títulos propios extraoficiales ―con apenas control de las administraciones― a distancia, justamente el modelo contra el que lucha el Gobierno central, que en un decreto en 2021 estableció unos requisitos mínimos de calidad para frenar que las empresas oferten cursos de formación bajo el paraguas de una universidad, lo que les da cierto prestigio.

Los técnicos (sin adscripción política) del Ministerio de Universidades ―hoy integrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades― emitieron en 2023 un informe muy desfavorable para la Conferencia General de Política Universitaria ―que aúna a este departamento y a los gobiernos autonómicos― preceptivo pero no vinculante. “La oferta de enseñanzas oficiales supone el 4% del total de plazas (…). En consecuencia, el 96% restante de plazas corresponderían a titulaciones no oficiales cuya calidad debe ser garantizada únicamente por la propia universidad”, recuerda el documento. Estos títulos propios no reglados por la administración no contabilizan en unas oposiciones, para seguir estudiando o habilitarse para una profesión regulada.

La compañía Tech Education Rights & Technologies ofrece teleformación desde 2017 con sede en Tenerife; su proyecto universitario fue tumbado durante el mandato socialista y se ha reactivado al llegar al ejecutivo Coalición Canaria y el Partido Popular. La empresa llegó a presentar una querella contra la consejera Manuela Armas por prevaricación administrativa tras negarse a tramitar el proyecto pero, según la agencia Efe, un juzgado de Tenerife la archivó. Han recurrido.

El proyecto empresarial trata de ponerse en marcha desde 2017 y por eso contará con cinco años para adaptarse ―antes de empezar a impartir clase― a los requisitos de 2021. Si se presentase ahora por primera vez, tendría que amoldarse a las nuevas exigencias desde el principio. Eso supone que la mitad de sus alumnos deben de estar inscritos en un grado ―para evitar que sea un coladero de cursos propios que no han pasado la supervisión de la agencia de evaluación ANECA o sus filiares autonómicas―, que se oferten 10 carreras y 5 másteres de tres de las cinco áreas de conocimiento o se invierta en investigación el 5% del presupuesto. Estas medidas son bien vistas por las universidades privadas de prestigio que temen la extensión de las conocidas como “universidades chiringuito”.

A los técnicos del ministerio en su informe les preocupa que hay una oferta de títulos extraoficiales que “puede inducir a confusión en el potencial alumnado, puesto que algunos de ellos tienen una denominación similar a títulos de especialistas del ámbito de ciencias de la salud o parecida a títulos habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada”. En la propuesta que van a tener que reformar no se incluía ningún programa de doctorado (necesitan dos), apenas iban a contar con un 7% de profesores doctores (tendrán que ser el 50%), ni convenios con empresas para hacer prácticas obligatorias, “ni tan siquiera en el caso de los grados que dan acceso a profesión regulada”.

Ciro Gutiérrez, viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno canario, no tiene duda de que Tech responderá a todos los requisitos de calidad exigidos en la actualidad. “Nosotros vamos a ser muy rigurosos, como tiene que ser. Si no cumplen, no tendrán autorización para el inicio de actividad”. Su departamento tiene que comprobar que las instalaciones y las condiciones laborales y de investigación se ajustan a lo requerido. Gutiérrez cree que tardarán esos cinco años en adaptarse a las nuevas obligaciones y recuerda que la propuesta cuenta con el dictamen positivo del Consejo Universitario de Canarias (con el voto en contra de las universidades públicas de Las Palmas y La Laguna) y la ACCUEE (la ANECA local). El gobierno regional, prosigue, solo ha recabado la información y será el Parlamento ―Coalición Canaria y PP gobiernan con mayoría absoluta― quien vote y decida.

Pedro Navarro, responsable académico de Tech Education Rights & Technologies, no cree que existan problemas financieros para cumplir las exigencias, aunque aún no detallan cómo lo harán: “Nosotros iniciamos el expediente con un decreto anterior y veremos cómo se ajusta conforme a la norma. Hablaremos con la consejería cuando avance el trámite que está en marcha. Somos una multinacional internacional y no tenemos problemas para cumplir los requisitos”. Ya cuentan con una universidad en México y se publicitan como “la mayor oferta de posgrado digital del mundo” con “10.000 títulos universitarios en 10 idiomas”.

Sin recursos humanos y financieros

“Especialmente significativa es la omisión de las líneas y proyectos a desarrollar en investigación. Tampoco se precisan los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo la indispensable actividad investigadora”, ahonda el informe de forma contundente. Y añade: “Puesto que se prevé impartir el grado en Logopedia y (…) crear en un futuro la Facultad de Ciencias de la Salud, debería haberse contemplado en la memoria las exigencias especiales para las enseñanzas en este ámbito”.

Tras el Consejo de Gobierno en el que se aprobó el proyecto de ley de esta universidad el pasado lunes, no se anunció a los medios la noticia, según recoge la prensa local. Tampoco se publicó ese día una nota. El viceconsejero Gutiérrez, que no participa en este órgano, desconoce por qué se omitió la información.

Este curso ha empezado a impartir grados la Universidad Hespérides, la primera privada online de Canarias, tras cuatro años de trámites burocráticos. Fue aprobada ―con los votos en contra del PSOE, Podemos y Nueva Canaria― por trámite de urgencia en uno de los últimos plenos del Parlamento canario antes de las elecciones de 2019, tras las que Coalición Canaria abandonó el gobierno. Los socialistas, que se hicieron con el poder, han tenido que gestionar un campus que nunca hubiesen impulsado. Desde 2012, en la comunidad se han abierto cuatro privadas: la Europea de Canarias, Fernando Pessoa, Atlántico Medio y Hespérides. Las tres primeras sumaban el curso pasado 4.200 alumnos de grado, cuando un colegio privado grande alberga a un millar. Los empresarios pretenden abrir otras ocho universidades en autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia).

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